En las últimas semanas se han acelerado los precios de las materias primas de interés para nuestro país, acentuando la tendencia que se venía dando desde el 2021. El oro está en la última cotización disponible en $us 5.017 por onza troy (OT), la plata está en 101,33 por OT. El estaño está en $us 56.816 por tonelada métrica y el zinc en $us 3.260,50 por TM. Obviamente, los precios anteriores pueden variar y sus fluctuaciones son muy amplias.
Para el caso del oro un manejo óptimo de las reservas de ese metal por el BCB y su mejor aprovechamiento por el país, la autoridad monetaria debe gozar de un amplio margen de acción. Esto implica revisar la camisa de fuerza que le impone la Ley 1503 del 5 de marzo de 2023 (la llamada Ley del oro).
Algunos países tratan de limitar las altas fluctuaciones de los precios de sus exportaciones en el mercado financiero de derivados. Uno de ellos, que ha recibido mucha atención teórica es el mercado de opciones, siendo la opción put la empleada por los países productores.
En una opción put, el vendedor tiene el derecho, más no la obligación, de vender a un precio y en un plazo determinados. Ejercerá su derecho si el precio de mercado es inferior o igual al precio especificado previamente en el contrato (el precio de ejercicio). No ejercerá su derecho si el precio de mercado es superior.
Las opciones, que son análogas a un seguro, tienen un costo que está determinado por la famosa fórmula de Black-Scholes, que se lo calcula en función del precio de ejercicio.
Se necesita alguna experiencia para participar en el mercado de derivados financieros, pero tenemos varios compatriotas que trabajan en Wall Street a quienes se puede recurrir. También se puede hacerlo con empresas de “traders”, pero cuyas comisiones suelen ser altas.
El problema de asegurar un precio no es el único, ni tal vez el más importante. Hay que tener producción en cantidades suficientes, para lo que se requiere algunas reformas institucionales importantes y, más aún, contar con el capital humano.
El país tiene una larga tradición minera, y el estaño fue nuestro producto estrella por muchas décadas, pero con las crisis sucesivas los jóvenes perdieron interés en profesionalizarse en carreras relacionadas con la minería. Ahora podría volver el interés.
El sistema anterior de concesiones mineras que tenía nuestra legislación, antes de la Constitución de 2009, si bien, como toda obra humana, tenía defectos, era mucho mejor que el sistema actual de contratos de servicios.
Una prueba de estos defectos está en los contratos de litio acordados durante el gobierno de Arce Catacora. Fue con el sistema de concesiones que la minería mediana alcanzó un notable desarrollo en las décadas de los sesenta y setenta.
A pesar de su problemático pasado, la corporación estatal Comibol, con una gestión moderna y no politizada, podría aprovechar el buen momento para el precio del estaño, su principal mineral de producción.
Por otra parte, el monopolio otorgado a ENAF para la fundición de estaño frena el aprovechamiento de la favorable coyuntura actual. Con un ambiente más amigable para el sector privado, posiblemente se tendría más exportaciones.
No fue una decisión afortunada cerrar el Banco Minero a principios de los 90, aún si su cartera de créditos estaba muy deteriorada. Con una recreación adecuada que le haga recuperar sus raíces en el acopio y comercialización, la pequeña minería y aún la informal, podría venderle su producción acorde con los precios internacionales y con costos de realización competitivos.
Si se ha de tener un nuevo Banco Minero hay que dotarlo de personal competente, con experiencia en comercialización, sobre todo honesto y que no sea como la empresa del oro Epcoro. La liberalización cambiaria contribuiría también a las exportaciones de oro.
Un tema más de fondo para la minería en general y, especialmente, para la minería del oro es el del cumplimiento de la legislación vigente de preservación del medioambiente. No se necesita más legislación, pero que ella se cumpla.
Juan Antonio Morales es PhD en Economía, fue presidente del Banco Central de Bolivia.
