Empleo una expresión que le era cara a mi recordado amigo Salvador Romero Pittari, referida a los que auguran grandes infortunios. Se predecía que los ajustes de precios de los combustibles producirían un salto en los precios. No ha sucedido esa predicción. La inflación mensual de diciembre 2025 es de 0,6 %, la tercera más baja del año 2025. Más aún, la inflación de alimentos, que es tan importante para la canasta familiar, ha sido negativa (- 2%) en el mes de diciembre. Habrá que esperar qué pasa en el mes de enero, pero hay el peligro de no poder distinguir los aumentos atribuibles al DS 5505, de los que se explican por los insensatos bloqueos.
No se tiene una única explicación para lo sucedido con los precios en diciembre. Hay varias posibilidades, una de ellas es la que antes de ajuste del DS 5503 ya el mercado los había ajustado. Era vox populi que había un marcado negro para el diésel durante el gobierno de Arce Catacora, con precios bastante superiores a los del DS 5503.
Había también una tendencia estacional a la baja de los precios desde el último cuatrimestre de 2025, que no fue interrumpida por el mencionado Decreto. Por último, que las empresas y comercios, fijadores de precios, ya tenían inventarios de mercadería con precios anteriores y decidieron no modificarlos, tanto más que el tipo de cambio ha bajado sustancialmente y se ha mantenido estable.
Como no habría mayor objeción a lo sucedido con el precio de los combustibles, la discusión se ha trasladado a lo estipulado en los otros artículos. Comencemos por el artículo 5, que no hace otra cosa que reiterar lo que ya estaba en el Capítulo V de la ley del Banco Central de Bolivia de 1995, que se refiere a sus funciones como agente financiero del gobierno.
Si algo se puede criticar al artículo 5 del DS 5503 es de ser redundante, lo que es un problema de forma y no de fondo. En el caso de la contratación de deuda externa, el deudor es la República y el BCB actúa como agente financiero. Además, hay el precedente de 1986-2005, de que los apoyos a la balanza de pagos (tales como los stand-by, SAFS, ESAFS PRGFS) no pasaban por la aprobación congresal, por su naturaleza de servir para encarar rápidamente las contingencias. El Congreso nunca objetó esos apoyos.
Los incentivos a la inversión extranjera del DS 5503 no suspenden lo dispuesto por la Constitución, pero apuran los procesos administrativos. Si se busca mayor precisión, se puede discutir la redacción.
La CPE del año 2009 se habrá de cumplir mientras no se la reforme. De hecho, ante el nuevo contexto nacional e internacional tendrá que reformarse. Ella es muy aislacionista y lleva a extremos el nacionalismo de la riqueza natural, que impide que el país se beneficie de una inserción internacional madura. No podemos dejar pasar las oportunidades internacionales para mejorar nuestra situación. No es cuestión de cipayos, como tan amablemente dicen los nostálgicos del MAS.
Las ineficiencias del sector público empresarial son evidentes. Basta dar como ejemplo el de Yacimientos de Litio Bolivianos, que el año pasado, con datos a noviembre, exportó apenas por $us 20 millones, suma que no cubriría sino unas horas de importación de combustibles, y que no se compadece de los $us 795 millones de deuda vigente con el BCB.
De paso, habrá que analizar a fondo el contrato del litio con la CBC, empresa subsidiaria de CATL, la fábrica más grande del mundo de baterías, acordado por el gobierno de Arce Catacora. No por ser china la podemos descartar más ni más, pero se puede cuestionar los alcances del contrato de servicios.
”Bolivia no se vende” es un mero slogan. Está en el interés del país una adecuada participación en el comercio internacional y en el mercado de inversiones internacionales. Una parte del talento profesional nacional deberá estar dedicado a concluir contratos idóneos con inversionistas extranjeros de buena reputación. No es fácil conciliar el máximo beneficio para el país, a la vez que no se disuade a la inversión extranjera, pero no podemos cerrarnos. Hay que prepararse.
Juan Antonio Morales es PhD en Economía, fue presidente del Banco Central de Bolivia.
