Una evaluación de los primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Paz no resulta alentadora para el mandatario si se consideran los hechos y no los buenos deseos expresados por sus colaboradores y algunos medios de comunicación.
Durante la campaña electoral, Rodrigo Paz rechazó la posibilidad de recurrir al endeudamiento externo para encarar el periodo post MAS. Nunca planteó un plan de endeudamiento; sin embargo, en la práctica gestionó créditos con la CAF y el BID, comprometiendo desembolsos por $us 7.600 millones de dólares. Adicionalmente, el ministro de Economía se reunió con el Fondo Monetario Internacional para gestionar otro préstamo por $us 3.300 millones, en el marco de un programa que contemplaría una eventual devaluación del boliviano respecto del dólar. Días después, el ministro Espinoza negó dicha negociación, que, de concretarse, marcaría uno de los mayores niveles de endeudamiento externo en la historia del país.
Asimismo, Paz instruyó al Banco Central de Bolivia otorgarse un crédito de Bs 32 mil millones, pagadero en 35 años. Con ello, el Gobierno dispone de liquidez y de potenciales recursos financieros que, dependiendo de su administración, podrían generar un alivio futuro para la economía gubernamental o, por el contrario, desembocar en una crisis de capacidades económicas y en una mayor dependencia de fuentes de financiamiento externo, con la consiguiente pérdida de soberanía.
Los préstamos del BID y la CAF están condicionados principalmente a la inversión en infraestructura, especialmente caminera (23 % en puentes y carreteras); apoyo presupuestario (19 %); es decir, recursos de libre disponibilidad: salud (11 %), destinados a proyectos específicos que cumplan metas de política pública; proyectos multisectoriales (10 %); saneamiento básico (6 %), que incluye agua potable, alcantarillado y gestión de residuos, entre otros.
En este contexto, resulta llamativo el discurso de Rodrigo Paz sobre la carretera San Ignacio de Velasco–San Matías, cuando afirmó: “Podemos hacer carreteras, pero si no producimos, ¿cómo pagamos las carreteras? Ya basta de regalos que después no nos llevan a ningún lado”.
En otra intervención señaló: “¿Para qué voy a hacer un aeropuerto si van a bloquear?”. El Presidente sostuvo que la ejecución de obras de envergadura depende del cese de los bloqueos, cuestionando la viabilidad de invertir millones de dólares en infraestructura que podría paralizarse por conflictos sociales.
“¿Por qué voy a hacer un aeropuerto, compañeros, si Potosí va a bloquear? ¿El aeropuerto para qué es? Para el comercio, para el turismo, para que lleguen inversionistas o para que Potosí no pueda viajar?”, indicó al referirse al aeropuerto potosino, cuyo costo estimó en $us 10 millones.
En la misma línea mencionó el proyecto del puente en el estrecho de Tiquina, calculado entre $us 30 y 40 millones. “¿Para qué voy a hacer un puente, compañeros, en Copacabana si lo van a bloquear? ¿30 o 40 millones para bloquear?”.
A su criterio, el país debe “llegar a un acuerdo en Bolivia donde la protesta, las marchas y el derecho a exigir que el Gobierno cumpla no pasen por el bloqueo, sino por otros espacios de concertación. Tenemos que modernizarnos”. El Presidente mezcla temas como se observa en la narrativa que pretende construir.
Si el Gobierno gestiona deuda externa condicionada a inversiones en infraestructura y luego sostiene que esas obras son “regalos que no nos llevan a ningún lado” o cuestiona su ejecución ante eventuales bloqueos, se genera una evidente contradicción discursiva y de práctica vinculada a las inversiones.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que los recursos no solo se destinarán al Gobierno central, sino también a gobernaciones, alcaldías y al sector privado. En este último caso, de los $us 4.500 millones prestados a Bolivia, el BID, junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC), canalizará hasta $us 450 millones de dólares en los próximos tres años a través de la banca local para créditos productivos, infraestructura sostenible e inclusión financiera; es decir, ellos dispondrán alrededor del 10 % del total.
En cuanto a las regiones –gobernaciones, municipios y universidades–, la participación en los recursos provenientes del endeudamiento aún luce incierta. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, al referirse a la propuesta presidencial del “50-50” (50 % para el nivel central y 50% para las regiones) realizó declaraciones que generaron polémica en Santa Cruz: “¿Qué piensan los candidatos que es el 50-50? ¿Que vamos a decir: toma el 50% de la plata y hazte cargo? No funciona así, tiene que haber un ejercicio de corresponsabilidad”.
De este modo, el “50-50” se mantiene como una promesa electoral que todavía no ha tomado forma concreta para la gestión 2026. El propio Rodrigo Paz señaló: “Espero que al final de esta gestión (de cinco años) el 50-50 sea una realidad”.
Con estas declaraciones resulta razonable dudar de que las regiones accedan de manera efectiva a la planificación y uso de los recursos provenientes del endeudamiento externo.
En definitiva, la pregunta persiste: ¿en qué piensa invertir realmente el gobierno de Paz los recursos obtenidos mediante este significativo endeudamiento logrado en sus primeros 100 días?
Manuel Morales Alvarez es investigador social.
