Se supone que el 1 de enero de 2026 entró en vigencia de forma automática el Presupuesto General del Estado 2026 elaborado por el gobierno de Luis Arce, según determina la Constitución Política del Estado en su “Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:
11. Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de 60 días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado.” (CPE)
Esta fue una decisión económica por incapacidad del actual ministro Espinoza y de su equipo económico –desde mi punto de vista– al no poder elaborar su propio presupuesto, como corresponde a todo nuevo gobierno, considerando los tiempos habilitantes y la mayoría parlamentaria de la que goza desde el 8 de noviembre de 2025.
Hay consecuencias de estas pésimas decisiones.
La primera es la imposibilidad de tener la relación –propia– de ingresos y egresos de los cuales disponer.
La segunda, es neutralizar su DS 5503, al ser una norma superior la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 sobre el Decreto Supremo.Para darle solución a este entuerto económico, el gobierno promete modificar la Ley Presupuestaria en febrero o marzo, sin tener la certeza real de una correlación de fuerzas parlamentarias favorables y relativizando el Artículo constitucional 172. Que dispone: “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:
9.Administrar las rentas estatales y decretar su inversión por intermedio del Ministerio del ramo, de acuerdo a las leyes y con estricta sujeción al Presupuesto General del Estado.”
La Constitución Política del Estado le obliga al gobierno a sujetarse de manera estricta al Presupuesto General del Estado, formalidad que deviene a menos cuando se pretende relativizarlo.
Veamos que está pasando:
El gobierno de Rodrigo Paz anuncia que los municipios, gobernaciones y universidades inician la presente gestión con el acceso únicamente al 20% del presupuesto de este año, y que el 80% será retenido, trancado, incautado temporalmente –como quiera ser interpretado– por el nivel central, a la espera de la modificación de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, a tratarse en el mes de marzo.
El anuncio del gobierno de Rodrigo Paz en sentido de que la promesa electoral de una redistribución de recursos entre el nivel central y los niveles subnacionales, mediante la fórmula 50/50, no se realizará en 2026 introduce la certeza de que dicha promesa fue finalmente demagógica y que las asimetrías se mantendrán o se profundizaran al introducir la variable de la incertidumbre, respecto de si las economías subnacionales tendrán o no mayores recursos económicos para enfrentar, ya no la crisis en abstracto, sino los gastos reales.
Por ejemplo, del incremento de la compra de diésel y gasolina para los vehículos y maquinarias que usan los municipios, gobernaciones. ¿Y qué del incremento de los servicios que contratan los municipios del sector privado, que ya vendrán con precios incrementados desde el mismo 17 de diciembre de 2025?
La fórmula del 50/50, que nunca fue presenta en su composición técnica ni económica a detalle, era entendida como una reforma a los ingresos; por ejemplo la coparticipación tributaria originada en la percepción de ocho impuestos nacionales, distribuidos entre el Tesoro General del Estado (74,645%), los gobiernos autónomos municipales (20%) y las universidades públicas (5,355%), evidentemente generan centralismo, y su transformación en el 50/50 dio a pensar en un nuevo ciclo de fortalecimiento de las autonomías, traducido en un voto a favor del binomio Paz-Lara, que ahora se hace pedazos con su nueva fórmula de trancar el 80% del presupuesto de las entidades subnacionales.
El año 2025, la reducción de ingresos nominales, por ejemplo de las gobernaciones, respecto del año 2024 fue de -5%. El año 2026 puede ser mayor debido a la disminución de las exportaciones de gas y la reducción impositiva correspondiente, pero también debido a los incentivos que se están dando a los sectores empresariales privados, como los aranceles de importación con gravamen cero y la rebaja de impuestos, que reducirán la recaudación aduanera y tributaria.
A propósito de democracia, el gobierno de Paz, en ningún momento, a consultado a los niveles subnacionales acerca de estos incentivos a los sectores empresariales, lo que tendrá una repercusión real en el achicamiento de los ingresos de gobernaciones, municipios y universidades.Otro elemento muy importante son las campañas electorales subnacionales, plagadas de nuevas promesas en torno a la ampliación de servicios, equipamientos, etcétera, sin tener ningún respaldo económico para su plena realización. Necesariamente vendrá el choque entre la promesa y la realidad.
Es menester acabar con la improvisación del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, y que el gobierno asuma sus responsabilidades económicas y financieras con todos, y no sólo con sus pequeños círculos empresariales de interés.
Termino señalando, que el ciclo de conflictividad con los niveles subnacionales, si no hay cambios en las políticas gubernamentales inmediatas, en vez de cerrarse podrían abrirse de forma muy peligrosa.
Manuel Morales Alvarez es investigador.
