Tres actuaciones del gobierno llaman la atención al constituirse en ventajas –en términos de tiempo y velocidad de intervención– otorgadas al narcotráfico, donde destacan autoridades como Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, el primero es el viceministro de sustancias controladas, quien acaba de descartar la presencia de la DEA en Bolivia y la limita únicamente a la cooperación de “intercambio de información” (sic), y el segundo, el actual Ministro de Gobierno.
Según declaraciones de Rodrigo Paz, durante la campaña electoral, la DEA ya estaba en Bolivia, en realidad “nunca se fue”. Y después de la investidura presidencial declaró que trabajará con la DEA y aseguró, con mucha vehemencia, que la oficina antidrogas de EEUU estará en Bolivia.¿Qué pasó?
No hay una explicación profunda al respecto, salvo la afirmación de que habrá un simple intercambio de información.Tengo la impresión de que, en el corto tiempo de estadía del gobierno de Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo, algo pasó que incomodó a la DEA.
De mi parte, puedo comentar que en estos pocos días de gobierno de Rodrigo Paz, tres conductas gubernamentales otorgan significativas ventajas a organizaciones criminales en el terreno del tráfico.
El caso de las narcomaletas–narcopasaportes diplomáticos; la exportación de cocaína en madera a través de Chile y el Decreto Supremo 5517 de desclasificación del diésel como sustancia controlada en las leyes antidrogas bolivianas.
En el caso de las narcomaletas–narcopasaportes diplomáticos, el Ministerio de Gobierno tardo 52 días para informar al Ministerio de Gobierno sobre el paso de 32 narcomaletas por el aeropuerto de Viru Viru con el uso de pasaportes diplomáticos que evitaron el control aduanero de valijas clasificadas como diplomáticas. El resultado final es el desconocimiento del contenido de las maletas y su paradero.
El 25 de octubre de 2025, autoridades de Chile incautan 700 kilos de cocaína proveniente de Bolivia. El contenedor, que pesaba un total de 19,5 toneladas de madera, fue incautado en Arica. Las autoridades chilenas confirmaron que la carga estaba impregnada con clorhidrato de cocaína. El envío tenía como destino final España.
Resulta que el 4 de febrero de 2026, 100 días después del hecho, allanan las oficinas del Senasag Santa Cruz por la investigación del cargamento de droga incautado en Chile. La Fiscalía y la Policía realizaron el operativo y secuestraron documentación; sin embargo, en Chile las investigaciones identificaron una red criminal transnacional con conexiones con Europa, Estados Unidos, China, Israel y Uruguay. Resulta que las empresas vinculadas con el cargamento habrían realizado al menos 152 envíos de madera de Bolivia desde 2018, principalmente a España.
La empresa narco Exportmader Bolivia SRL cuenta con certificado forestal de origen, además de certificaciones y resoluciones administrativas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
En síntesis, en los casos analizados, las autoridades del Ministerio de Gobierno, Policía y de la Fiscalía operan dando ventajas a las organizaciones criminales de 52 días a 100 días, con lo cual cualquier medida de interdicción es por completa ineficaz.
La otra ventaja, incluso estratégica, hacia el narcotráfico es el Decreto Supremo 5517 del gobierno de Rodrigo Paz que desclasifica el diésel como sustancia controlada, precursor líquido para producir cocaína.
Solo como una referencia estadística, desde el año 2010 hasta el año 2025 se han incautado en Bolivia 19.417.432 litros de precursores líquidos utilizados por el narcotráfico; de ellos, el diésel y la gasolina son los más importantes. Este monto incautado es una pequeña parte del diésel y gasolina utilizado en la actividad ilícita.
La DEA no viene a Bolivia pese a las solicitudes del gobierno boliviano; mientras tanto, las autoridades bolivianas dan ventajas importantes al narcotráfico para que sigan actuando con impunidad.
Manuel Morales es investigador.
