El caso conocido como “narcomaletas” constituye una cantera de información reveladora sobre el Estadonarco boliviano y la participación directa de funcionarios públicos en actividades ilícitas.
La cronología del caso es elocuente: el avión privado con las 32 maletas aterrizó en Santa Cruz proveniente de Estados Unidos, el 29 de noviembre de 2025. Sin embargo, el allanamiento al galpón de la Empresa Boliviana de Seguridad Ebose S.R.L. se ejecutó recién el 20 de enero de 2026. Estos 52 días de diferencia otorgaron una ventaja temporal abrumadora a la organización criminal. Como resultado de esta discrecionalidad –o negligencia– de las autoridades antidrogas, se desconoce el paradero actual tanto de las maletas como de su contenido.
Medio centenar de días de ventaja para funcionarios y criminales internacionales es un plazo excesivo, suficiente para tejer un inmenso manto de protección y complicidad. La evidencia más clara es la situación del ciudadano uruguayo Gabriel Giuliano, identificado como acompañante de la exdiputada Laura Rojas en aquel vuelo y quien, tras ese lapso, ya se encuentra prófugo e inalcanzable para la justicia.
Las declaraciones oficiales han profundizado las dudas. El presidente Rodrigo Paz afirmó en una entrevista que "su equipo manejaba información al respecto desde hace tiempo". El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, corroboró esta versión, asegurando que el gobierno conocía el caso "desde sus inicios". Ante estas confesiones, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se activó de inmediato a la Fiscalía y a la Policía para realizar los allanamientos correspondientes?
La cadena de mando presenta versiones contradictorias. El coronel René Calla, viceministro del Interior desde finales de noviembre, declaró haber informado por escrito a su superior, el ministro Oviedo, el 15 de diciembre. Oviedo desmintió esto, arguyendo que la "investigación ya estaba en curso". No obstante, la opinión pública conoció el caso no por un comunicado oficial, sino gracias a las revelaciones de la prensa.
Hasta ahora, las detenciones incluyen a un juez, una exdiputada y candidata a concejal, y un portero. Se trata de funcionarios públicos en ejercicio cometiendo delitos, lo que desmonta la narrativa oficial y mediática que habla de que "el narcotráfico penetró a la justicia".
Ellos no son víctimas reclutadas; son sujetos activos, autores del delito. Esta condición exige dejar de usar eufemismos como "infiltrados" o "cooptados".
Así como en un robo se identifica al autor y al cómplice, aquí debemos hablar de funcionarios narcos. Un ejemplo paradigmático es el juez Hebert Zeballos, dueño de la empresa Ebose, quien posee un prontuario de 17 procesos disciplinarios por faltas graves sin haber sido suspendido. El Consejo de la Magistratura, cómplice por omisión en el pasado, ahora se ve forzado a actuar.
Durante el allanamiento a Ebose, la Policía encontró el testimonio de constitución de la empresa, que señala a Hebert Zeballos Domínguez como principal accionista. El documento también registra como socios a un abogado que ejerce como secretario en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y a una abogada que se desempeñaba como auxiliar de una jueza.
En sus conclusiones preliminares, la FELCN y el CEIP establecieron que se trata de una organización delictiva con operatividad de largo plazo, cuyos documentos delatan a testaferros ("palos blancos") entre funcionarios judiciales de alto y bajo rango.
Pero la evidencia es aún más contundente: dentro del galpón se halló una máquina industrial para procesar, almacenar y refrigerar marihuana, además de 79 kilos de esa droga, armas de fuego y documentos personales de los implicados. Es decir, funcionarios judiciales no solo traficaban, sino que también producían marihuana.
Posteriormente, el gobierno informó que Ebose operaba ilegalmente en Santa Cruz, al no contar con la autorización requerida. Este dato subraya el nivel de impunidad con el que actuaba la organización.
En conclusión, no se trata del concepto pasivo de "narco Estado", donde presuntos delincuentes externos corrompen a funcionarios inocentes. La realidad que expone este caso es más grave: estamos ante un Estadonarco, donde los propios funcionarios públicos –judiciales, policiales o de cualquier índole– se dedican al narcotráfico, formando organizaciones criminales complejas que usan sus cargos para burlar al mismo Estado al que deberían servir.
Se trata de una infestación de funcionarios públicos que trasciende al gobierno actual y se arrastra del anterior.
Manuel Morales Alvarez es investigador.
