Rodrigo Paz, con su Decreto Supremo 5503 –plagado de errores e inconsistencias señalados por diversos sectores sociales y analistas– sufrió una derrota política significativa cuando sus propios ministros se trasladaron a la ciudad de El Alto para abrogar la norma, en una reunión con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales. Este hecho ocurrió el domingo 11 de enero de 2026, a las 16:45.
El Decreto Supremo 5503, que generó un paro y bloqueos de caminos y calles en ciudades con características hasta entonces inimaginables, y que contó con la participación de sindicatos y gremios de distintos sectores, fue finalmente eliminado del ordenamiento jurídico nacional tras 25 días de intensas movilizaciones sociales.
Queda claro que la abrogación constituye una acción de protesta y presión ejercida por la sociedad civil contra el gobierno y, en cierta medida, contra el propio Estado. Se trata de una práctica que se ha consolidado como un patrimonio político de los bolivianos que luchan contra distintas formas de autoritarismo.
Un recuento de las abrogaciones más importantes de los últimos 15 años permite contextualizar este proceso:
Decreto Supremo 748 del 26 de diciembre de 2010, conocido como el gasolinazo, decretado por Álvaro García Linera. Fue abrogado el 31 de diciembre de 2010, tras cuatro días de movilizaciones.
Ley 1005, Código del Sistema Penal Boliviano, promulgado el 15 de diciembre de 2017, que criminalizaba la protesta social. Fue abrogada por Evo Morales mediante la Ley 1027, el 25 de enero de 2018, luego de 41 días de movilizaciones.
Decreto Supremo 3738, de 10 de diciembre de 2018, que entregaba recursos de litio a una transnacional alemana mediante la creación de la empresa mixta YLB-ACISA para la industrialización del litio potosino. Fue abrogado el 2 de noviembre de 2019, ocho días antes de la renuncia de Evo Morales, a través del Decreto Supremo 4070, tras 11 meses de movilizaciones del pueblo de Potosí.
Ley 1386, Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, promulgada el 16 de agosto de 2021. Fue abrogada en su totalidad por la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidida por David Choquehuanca, mediante la Ley 409, el 16 de noviembre de 2021, luego de tres meses de movilizaciones.
Decreto Supremo 5143, de 10 de abril de 2024, que reglamentaba la Ley sobre Derechos Reales. El gobierno de Luis Arce lo abrogó mediante el Decreto Supremo 5156, el 14 de mayo de 2024, tras 34 días de movilizaciones.
Del recuento histórico de estos seis momentos de conflictividad social–estatal se desprende que las abrogaciones no son hechos aislados. En la memoria popular están registradas como momentos de ruptura política significativa y, por tanto, corresponde valorar su sentido histórico, su significado presente y sus proyecciones.
A estas alturas, no resulta productivo concentrarse únicamente en los efectos; es necesario desmenuzar las causas.
De los 63 días de gobierno de Rodrigo Paz, 38 fueron destinados a la elaboración del Decreto Supremo 5503 y 25 a enfrentar la movilización social que finalmente lo derrotó.
Hace más de 40 años, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro logró imponer el modelo neoliberal mediante el Decreto Supremo 21060, en 1985, una situación que no pudo repetirse en esta oportunidad.
A mi juicio, esto se explica por dos elementos centrales. En primer lugar, la diferencia entre el marco normativo de entonces –una Ley General del Trabajo y una Constitución Política del Estado de 1967 sin mecanismos de contención del nuevo modelo económico– y el actual.
Hoy, el modelo estatista está incorporado en el texto constitucional, lo que obliga a cualquier gobierno que pretenda una reconfiguración liberal de la economía boliviana a impulsar reformas constitucionales vía referendo, lo que implica consensos sociales, participación del Legislativo y control del Tribunal Constitucional. En otras palabras: una reconfiguración neoliberal de la economía boliviana requiere una política de Estado, no simplemente una política de gobierno.
El segundo elemento que contuvo dicha reconfiguración fue el movimiento de los trabajadores, es decir, el trabajo como sujeto social. En Bolivia, este actor mantiene una capacidad de oposición e incluso un poder de veto disruptivo. El mundo obrero, campesino e informal, la calle, no es pasivo ni contemplativo.
Por lo expuesto, el Decreto Supremo 5503 de Rodrigo Paz constituyó una aventura peligrosa: intentar gobernar un país como Bolivia “por decreto”. Esta lógica, lejos de facilitar la reconfiguración del modelo económico, la obstaculiza. Sin embargo, esta caracterización es dinámica y será la coyuntura política de los próximos días la que permita evaluar sus nuevas derivaciones.
Manuel Morales Alvarez es investigador social.
