Como bien nos recuerda William Herrera (El Deber 09/03/2926), la propuesta del 50/50 se origina en el Comité Pro Santa Cruz, en 2013: del total de recaudaciones de impuestos nacionales, el 50 % debería ser distribuido 25 % para los gobiernos municipales, 18 % para los departamentales y 7 % para las universidades públicas.
Proponían ampliar lo definido en la Ley de Participación Popular, de 1994, donde se estableció que el 20 % de las recaudaciones de impuestos nacionales se destine a transferencias de libre disponibilidad para los municipios y el 5 % a las universidades.
Esta ley representó un gran avance democrático al incluir a la población rural en el municipio –“la base del Estado”– y fue un acierto en términos de equidad al establecer que las transferencias de libre disponibilidad sean repartidas según número de habitantes. Pero no en lo que se refiere a eficiencia.
En efecto: las decisiones de las autonomías no pueden ser eficientes si las transferencias no son complementarias a los aportes que hacen los ciudadanos para ser provistos de los bienes públicos que requieren. Al contrario, si las obras llegan como regalos, se estimula la corrupción.
Y, aunque se cumpliera esa condición, la descentralización sólo contribuye a la eficiencia para el desarrollo económico en la medida en que la delimitación de las autonomías corresponda con la diferenciación geográfica: en términos técnicos, con regiones homogéneas internamente, pero diferenciadas entre sí. Y al haberse descentralizado hacia la sección de provincia no se contempló esta condición.
Un tercer error se refiere a la producción de servicios de salud y educación: se transfirió a los municipios las decisiones sobre infraestructura y equipamiento, pero no sobre personal: ¿cómo puede resultar eficiente cualquier producción si una burocracia decide sobre lo primero y otra sobre lo segundo? ¿Qué otro bien o servicio es producido de esta manera?
Finalmente, 11 años después, en 2005, al crearse el Impuesto Directo sobre Hidrocarburos se estableció que en este caso la coparticipación ya no sería igual por habitante sino por circunscripción y según se esté extrayendo –o no– hidrocarburos en el respectivo departamento.
Con esta disposición no sólo se ha hecho altamente dependientes a las autonomías de la producción y precios de este recurso, sino se generó una gran desigualdad. En 2016, cuando todavía eran importantes las exportaciones de gas, los gobiernos departamentales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba percibían 10 veces menos por habitante que Tarija y 6 menos que Pando (Finot I. 16B).
El 50/50 puede ser muy favorable para el desarrollo del país, pero sólo si se tiene en cuenta la experiencia ganada. Lo esencial para que las transferencias de libre disponibilidad no estimulen la ineficiencia y la corrupción es que sean complementarias a los aportes de los ciudadanos a sus respectivas autonomías.
Según ya lo he mencionado en oportunidades anteriores, en el caso de las autonomías municipales, indígenas y regionales se debe incluir –monetizadas– las contribuciones especiales que sus ciudadanos realizan en trabajo y en especie, y las departamentales tienen que contar con un impuesto sobre los ingresos personales. Y los candidatos tienen que incluir en sus programas con qué aportes, actuales y futuros, los financiarían.
En ambos casos las transferencias de libre disponibilidad deben ser distribuidas según número de habitantes –como lo propone Juan Carlos Urenda (Ideas Textuales 05/03/2026)– pero ser proporcionales a los aportes ciudadanos medidos en relación a sus respectivos niveles de ingreso. Y una de las condiciones para que los municipios puedan acceder al aumento de transferencias propuesto debe ser que se asocien conformando regiones homogéneas.
Finalmente, en el caso de los servicios de salud y educación, a fin de proveerlos cada vez de mejor calidad, se debe unificar y descentralizar las decisiones sobre producción hasta nivel de establecimiento.
Los aportes de los gobiernos autónomos deben consistir en porcentajes fijos de sus recursos de libre disponibilidad y a estos aportes sumarse transferencias adicionales del nivel central destinadas a garantizar a todos los habitantes de Bolivia un mismo nivel de acceso a ellos. Y que las familias puedan escoger entre establecimientos, incluyendo también privados, a estos últimos a través de subsidios según su respectivo nivel de ingreso.
Bajo estas condiciones sí, el 50/50 sería muy favorable para el desarrollo del país.
Iván Finot es economista, especializado en descentralización y desarrollo.
