El incremento de precios de los hidrocarburos, y particularmente el del diésel, ocasionará un aumento general de precios que el gobierno debe lograr que luego tienda a decrecer. No se está eliminando completamente las subvenciones a los hidrocarburos: no sólo porque el precio de la gasolina aún es inferior al del mercado internacional, sino porque, al congelar los precios de todos los hidrocarburos por seis meses, mientras todos los demás precios aumentarán, en términos reales nuevamente se los estará subvencionando. Pero ello parece pertinente para controlar la inflación.
Otra medida previsible es el cierre de algunas empresas públicas: según afirma el Ministro de la Presidencia, en 19 años de gobierno del MAS han sido destinados $7750 millones de las reservas estatales a 67 de estas empresas -45 nuevas- a través de créditos del Banco Central, habiéndose recuperado sólo el 18% de esos créditos. Al menos 14 de estas empresas están desahuciadas.
Sólo estaría pendiente una modificación del tipo de cambio oficial, pero en la práctica ya existen tres: el oficial -para fines de contabilidad gubernamental-, el promedio del bancario -que probablemente se alimenta principalmente de remesas- y el determinado por el mercado libre.
Estos ajustes son indispensables para hacer frente a la crisis que, por otro lado -según ya he afirmado en otras ocasiones- representa una oportunidad excepcional para abandonar el extractivismo, la causa fundamental de nuestro atraso. ¿Se está orientando al país en esta dirección?
Desde ya el actual gobierno está demostrando una actitud decidida frente a la corrupción. Y vencerla no es solamente un objetivo ético sino una condición esencial para superar la causa de nuestro atraso. De hecho, se origina en la prebenda, institución colonial con la cual se premiaba a los más fieles a la monarquía española, que aprovechó las instituciones que encontró, también extractivas, para explotar al máximo a los “indios”.
Y, según ya he sostenido en otra oportunidad, esa institución se ha mantenido hasta nuestros días y posiblemente llegado a un máximo con los gobiernos del MAS. Para poderla superar se tiene que lograr definitivamente la meritocracia: que ingresar y mantenerse en el servicio público dependan exclusivamente de la respectiva capacidad.
En segundo lugar, también queda claro que Bolivia ha rechazado mayoritariamente la estrategia del Movimiento al Socialismo -la búsqueda de la supremacía del Estado en las actividades productivas- y que, en vez de ello, el objetivo ahora es el “capitalismo para todos”.
Para ello el gobierno se propone avanzar en la inclusión en la formalidad de las empresas no formales, y que el Estado, en vez de crear obstáculos a la empresa privada en general, coadyuve con ella. Otra medida fundamental que se debe adoptar es instaurar la competencia y prohibir no sólo los monopolios privados sino también los públicos.
En tercer lugar, el compromiso de descentralizar hasta un 50% de “los recursos fiscales” a fin de que cada autonomía pueda adoptar “su propio modelo” (Ministro de Planificación, El Deber 2025/12/18). Alcanzar este objetivo puede ser conveniente siempre que, en lo que se refiere a inversión pública para el desarrollo económico, se descentralice las decisiones no sólo sobre qué se hará, sino que éstas incluyan con cuánto aportarán los ciudadanos a esas inversiones: para ello es imprescindible transferir bases tributarias a las autonomías departamentales y que los ciudadanos decidan con cuánto aportarán a sus respectivos gobiernos subnacionales y puedan vigilar el gasto de sus aportes (tributos y contribuciones especiales). De lo contrario se mantendrá el rentismo y se seguirá fomentando la corrupción (ver Federalismo fiscal sí, Brújula Digital 2025/12/10).
Se puede concluir que se está empezando por hacer los ajustes adecuados para cambiar de modelo: de socialista a capitalista. Pero aún no se vislumbra claramente si se aprovechará esta nueva oportunidad para no depender nunca más de la casualidad de encontrar recursos naturales no renovables -y mantenernos en el atraso- o si, en adelante, el desarrollo se basará exclusivamente en que tod@s l@s bolivian@s tengan igualdad de oportunidades para progresar, dependiendo no solamente de su iniciativa sino de poder lograr máximos niveles de educación. La buena noticia es que esto último depende, más que de aumentar el gasto público, de cambios cualitativos.
Iván Finot es economista, especializado en Descentralización y Desarrollo.
