En Bolivia, desde hace muchos años, se pretende modificar o aprobar una nueva Ley General del Trabajo. Los esfuerzos han surgido desde el ámbito privado o de organizaciones de la sociedad civil y lógicamente del Estado. Siempre se han conformado equipos redactores como punto de arranque.
La actual Ley General del Trabajo (LGT), promulgada primero como decreto ley del 25 de mayo de 1939, durante el gobierno de Germán Busch, también fue fruto de un equipo de trabajo. Fue redactada por el abogado Remberto Capriles Rico junto con Gastón Arduz Eguía. Es de suponer que en el equipo redactor hubiera estado constituido por más personas.
Uno de los primeros intentos de reforma de esta ley fue la que presentó Isaac Sandoval Rodríguez, a nombre de la Asociación Boliviana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ese trabajo, al parecer, se inició cuando era Ministro de Trabajo y Asuntos Sindicales, el año 1971.También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió a un equipo de trabajo para que redacte una nueva ley laboral e impulse una reforma del Ministerio de Trabajo.
Posteriormente, el ministro de trabajo que pensó que gozaba de mucha simpatía con los trabajadores, me refiero a Gonzalo Trigoso, presentó un proyecto de ley del trabajo para sustituir a la de 1939. Ese proyecto, así como el del BID, fue rechazado por el movimiento sindical.
Un grupo de trabajo (la Mesa Laboral), liderado por la Fundación Prisma, la misma que estuvo apoyada por varias instituciones de la sociedad civil, redactó un proyecto de ley denominado “ley general del empleo y del trabajo”, que fue publicado como libro, en octubre del año 2015.
En definitiva, de estas experiencias se desprende que lo fundamental es la configuración de un equipo de trabajo para que redacte un proyecto de norma laboral. Esto no sólo ocurrió en Bolivia, sino que ahora también aconteció en Argentina, donde aprobaron una nueva ley, la 27802, cuyo contenido no la analizaremos ahora, pero se ubica en el polo flexibilizador.
En ese país, lo primero que el presidente Milei hizo fue conformar un equipo de trabajo encabezado por Federico Sturzenegger, quien, conjuntamente con el secretario de trabajo, Julio Cordero, y un asesor de apellido Ponte, realizaron consultas con los principales estudios jurídicos del sector privado.
La Organización Internacional del Trabajo recomienda que en estos casos se agoten las consultas, no con estudios jurídicos, sino con los propios actores. Esto quiere decir que en el país el Estado o grupo redactor de la norma, debe consultar con la Central Obrera Boliviana (COB) y sus principales organizaciones que la conforman
También se debe consultar con la Confederación de Empresarios Privados, Cámara de Industria, etcétera. También se debe tomar contacto con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia y con los pequeños empresarios.
Pues debemos recordar que el 85% de la población está compuesta por trabajadores informales o cuentapropistas, los mismos que aspiran a un empleo digno asalariado. Desde esa perspectiva también les incumbe lo que se diga en la nueva norma.
Se dice que el mejor método para la reforma laboral es la aplicación del tripartismo, pero el tripartismo no es sentar en la mesa de negociación a los tres actores en igualdad de condiciones, sino que son los trabajadores y empleadores, sin el Estado, los que deben trabajar en la redacción de una nueva norma. El producto de este trabajo debe ser homologado por el Estado con la Constitución Política del Estado, y luego recién sancionado como ley por el Estado.
El gobierno no debe ser el que se siente a negociar con los trabajadores y empleadores la nueva norma, si lo hace debe ser en su calidad de empleador.
Rodolfo Eróstegui es experto en temas laborales.
