El 26 de abril del año 2009 los bolivianos
amanecimos con la noticia de un allanamiento en un céntrico hotel de cuatro
estrellas de la ciudad de Santa Cruz y con el anuncio de la muerte de unos
supuestos terroristas, presuntamente en combate. Los sucesos tuvieron lugar en
la madrugada, antes de las cinco de la mañana, y recién doce horas después la
Fiscalía pudo entrar a hacer su trabajo.
Este evento tenía que haber indignado a moros y cristianos: fue sin lugar a dudas un abuso de poder extremo, incluidas ejecuciones extrajudiciales sin ningún atenuante; los individuos asesinados estaban en sus camas de hotel, dormidos y solo se despertaron debido a la intervención.
Simplemente un Gobierno democrático no puede permitirse eso, no tiene ninguna importancia el hecho de que los individuos en cuestión estuvieran tramando el peor de los crímenes, simplemente ese no es el modo en que pueden proceder las fuerzas del orden, precisamente porque ante todo se debe presumir la inocencia de las personas hasta que se pruebe lo contrario y porque bajo ninguna circunstancia se podía en este caso aducir flagrancia.
No hubo una persona de la cúpula del MAS, de sus socios del momento, el MSM, ni entre los miles de simpatizantes de esas dos agrupaciones políticas, que alzara su voz contra ese crimen de Estado, que a medida que iban pasando los días iba mostrando mayor truculencia.
Si aquello de lo que Evo Morales y los suyos acusan hasta hoy a los occisos hubiera sido verdad, la forma en que se llevó a cabo la intervención seguía siendo inaceptable, era bastante fácil reducir a ese grupo hasta lograr su rendición antes de entrar a matarlos. Y detenidos en vida hubieran sido más útiles para esclarecer el caso (y obviamente se hubieran podido defender judicialmente).
La vorágine de persecuciones y de ilegalidades y abusos judiciales que luego se desató, convirtió a nuestro país a un espacio de terror, tanto para las personas que hubieran participado en el supuesto complot o sentido alguna simpatía por el mismo.
Hay investigaciones serias que llegan a la conclusión de que todo fue una tramoya del MAS, lo cual haría este episodio algo aún más sórdido; pero aclaremos, no es necesario ese extremo, ya que Evo Morales tiene responsabilidad penal, no por lo que arrojan las investigaciones del periodista Carlos Valverde, sino porque Morales dijo públicamente que él autorizó esta acción.
La historia del principal implicado, Eduardo Rosza, es interesantísima y aunque tiene sus facetas de violencia, también, como dijo Jimmy Iturri, tenía una “ensalada en la cabeza”: formado por la KGB, redescubrió su judaísmo a cierta edad, fue corresponsal de guerra en Croacia y luego héroe de ese país, convirtiéndose al Islam en los últimos años; actuó en una película sobre su propia vida y fue ejecutado por sórdidas razones en la ciudad que lo vio nacer.
La ejecución de Rosza y dos personas más es un crimen cometido por el Estado y los responsables tienen que ser juzgados; Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana, entre muchos otros, tienen que saberlo. No es atenuante que hubiera estado en marcha un movimiento separatista, si fuera cierta la versión gubernamental. (Dicho sea de paso, si algo ha expandido un sentimiento de ese tipo en Santa Cruz es el comportamiento del Gobierno de Morales en este episodio, es decir la persecución judicial inclemente que se hizo a personas del calibre moral de Gary Prado Salmón y otros).
Ahora, gracias a la pelea de poder entre las dos facciones del MAS es posible que se inicie algo parecido a una investigación creíble, aunque en realidad sería un tribunal internacional el que ponga las cosas en su lugar. Podría ser que Evo aprenda a la mala, que eso de “meterle nomás” no siempre paga.
@brjula.digital.bo