El último día hábil del mes de enero ha tenido una noticia legislativa un tanto jocosa. El diputado oficialista Juan José Torres ha presentado un proyecto de ley que convierte la infidelidad conyugal en un delito punible por ley, que además conllevaría unos años de cárcel. La infidelidad en el mundo Occidental, en general, tiene consecuencias legales, es causal de divorcio, y quien comete adulterio puede salir perdiendo en una disputa postmatrimonial, más allá de que ni siquiera en ese caso, esta situación puede llevar a mayores desventajas para el infiel.
La propuesta del diputado Torres es ridícula por donde se la vea, es anticuada e irreal, solo llevaría a una mayor carga en los juzgados, y a un mayor hacinamiento en las cárceles.
La primera reacción a este tipo de propuestas legislativas es la risa, luego, cuando esta se pasa, es importante analizar de dónde viene ese despropósito, ¿como es posible que se haya colado en las listas de diputados alguien tan ultramontano, y con el sentido del bochorno totalmente anquilosado?
Mas allá de la autonomía a la que tiene derecho cada legislador, una propuesta de esta clase debe avergonzar a toda su bancada. Cabe preguntarse: ¿de dónde sacan ese tipo de personajes y cómo es posible que lleguen a ser “padres de la patria”? (abstengámonos de momento a referirnos al Vicepresidente).
Ahora bien, aunque usted no lo crea, en Bolivia, el castigo penal a los adúlteros está normado por ley, es constitucional, y puede conllevar penas muy superiores a un par de años de cárcel, puede incluir chicotazos, golpizas, expulsión de la zona donde se vive y, eventualmente, la perdida del patrimonio, o de una fuente de ingresos.
Esas leyes o normas no están escritas, pero están reconocidas por la chapucera constitución del MAS (o de Evo) que reconoce los usos y costumbres como pilar de la llamada justicia comunitaria.
Y ahi quiero llegar, no solo el pobre diputado Torres, sino todos los asambleistas del MAS, durante la Asamblea Constituyente, y todos los diputados de esa tienda que refrendaron esa constitución aprobaron indirectamente una ley tan ridícula y tan retrógrada como la que propone Torres.
El paquete de normas a las que tienen que sujetarse los pobladores originarios que viven en comunidades en el campo tiene además peores “lindezas”, por ejemplo, respecto a la homosexualidad, y tiene la terrible característica que no es para todos los bolivianos, sino solo para el segmento más vulnerable de la sociedad (por el que supuestamente, y en forma paradójica, el MAS hizo su revolución cultural).
La vigencia de la justicia comunitaria es incompatible con una sociedad moderna, pero no debido a una intolerancia de la cultura dominante, digamos “colonialista”, sino debido a que la justicia comunitaria es parte de una estructura más antigua en la que se respetaba menos los derechos de los individuos, ergo a los diferentes.
¿Cómo fue posible que se pusiera en vigencia una Constitución que no solo era menos favorable para los poblaciones originarias, que para las urbanas, sino que, además, legitimara prácticas y formas de organización social que eran tan dañinas para las personas?
Es una pregunta que debe ser resuelta más allá de una columna, pero de seguro jugó un rol importante, una manipulación tremenda de los asambleístas, esta manipulación era producto, en parte, de una gran ignorancia, en parte de un gran adoctrinamiento, y también de un oportunismo sin medida ni clemencia.
Quienes sabían que esa normativa era contradictoria dejaban pasar el tema, no valía la pena hacerse de mala sangre, una buena dieta era una buena dieta.
La ridícula propuesta del diputado Torres da pie a poner sobre el tapete algunas de las contradicciones absurdas que nos ha dejado el MAS con su Constitución. Esta ley marco tiene otro tipo de acápites que son tremendamente perniciosos para el desarrollo económico de nuestro país. El partido de marras no solo se gastó todo el dinero de la venta del gas (y mucho más), sino que dejó un sistema legal que hace inviable al país. Cambiar eso es un trabajo muy arduo y difícil.
Agustín Echalar es operador de turismo.
