La consigna era precisa: "Lean el decreto". Resulta paradójico que quienes la enarbolaron durante los últimos veinte años no han escudriñado los emitidos en el pasado, ni prestado atención a contratos secretos sobre recursos naturales con socios lejanos de Asia y el vasto país que se extiende hasta Europa.
El reciente conflicto entre la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio y el Gobierno por el Decreto Supremo 5503 -abrogado y sustituido por el 5516, reducido a 32 artículos- pone de manifiesto esta doble moral. Tras dos semanas de bloqueos que generaron pérdidas millonarias en solo seis días, afectando cosechas campesinas, el turismo y familias en vacaciones, la sociedad civil expresó un repudio generalizado a tales métodos violentos.
En un giro inesperado, los actores sindicales adoptaron un discurso legalista, demandando que la mayoría de los artículos se debata en la Asamblea Legislativa. Para presionar por la anulación, recurrieron a tácticas extremas: cierre de vías, restricción de la libertad de circulación y presiones coercitivas sobre quienes no adherían a la causa.
Esta vez, la ciudadanía demostró intolerancia hacia prácticas ancestrales basadas en la confrontación; enfrentamientos directos marcaron el rechazo de contribuyentes e informales que solo buscaban laborar. El magisterio urbano, disconforme con el acuerdo sobre salarios en el nuevo decreto, persistió en movilizaciones en La Paz y otros puntos.
Los bloqueos paralizaron rutas estratégicas, provocando desabastecimiento y un impacto económico devastador: reportes indican 100 millones de dólares diarios en perjuicio para producción, comercio y exportaciones; en Cochabamba, las pérdidas ascendieron a 190 millones de bolivianos.
Turistas solicitaron auxilio internacional, desaconsejando visitas futuras a un país percibido como crónicamente inestable, mientras familias realizaban peripecias para sortear obstáculos. La COB proclamó "deber cumplido" al levantar las medidas, pero el costo recayó sobre el pueblo trabajador, no sobre dirigentes con remuneraciones privilegiadas y que cobrarán su sueldo puntuales, así hayan faltado a trabajar.
La contradicción culmina con nuevas amenazas de bloqueos ante la propuesta legislativa para penalizar tales actos. ¿No exigían precisamente deliberación parlamentaria? Ningún boliviano eligió a dirigentes sindicales para el Ejecutivo o Legislativo; su apego a posiciones se debe a beneficios económicos sustanciosos, que priorizan sobre la generación de empleo estable o la elevación de la calidad educativa.
Inminente el inicio de clases, persisten deficiencias: maestros forman bachilleres incapaces de comprender textos básicos sobre tecnología o recursos hídricos, evidenciando fallas estructurales. ¿Leer? Cuestionable. Quienes recurren sistemáticamente a la violencia y limitaciones al tránsito, demuestran que no poseen tal hábito. Líderes auténticos, forjados en la preparación intelectual, no se atribuirían la representación popular mientras la oprimen.
La Constitución Política del Estado no califica explícitamente los bloqueos como delito, pero salvaguarda los derechos de quienes impulsamos la nación con esfuerzo tributario y laboral. Bolivia requiere lectores profundos– de filosofía, historia, literatura, ciencia y tecnología– para cultivar pensamiento crítico y soluciones constructivas. Así, se evitarían constituciones ambiguas, pactos con los grupos violentos en detrimento de los pacíficos y críticas estériles. La lectura no es mero escrutinio apresurado de normas, sino herramienta para el progreso colectivo.
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