Hoy, más que nunca, se necesita pulcritud política y jurídica, dos aspectos que no se observan en el Decreto Supremo 5503. Esto se debe a que las acciones del gobierno de Rodrigo Paz aún están impregnadas de improvisación, lo cual no significa que no haya asumido un objetivo y un camino por el cual transitar: levantar la subvención y abrir las puertas de la economía a las inversiones extranjeras.
Rodrigo Paz es un Presidente democrático y, por lo tanto, debe respetar las reglas de la democracia, siendo coherente a toda costa con el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE). Estamos lejos de aceptar que un decreto supremo se ponga por encima de las leyes y de la CPE.
Ya tuve oportunidad de pronunciarme sobre el Decreto Supremo 5503 en cuanto a su cohesión y consistencia legal. He observado que existe una velada contradicción con normas en vigencia y con una ley nueva que entrará en vigencia el primero de enero de 2026: la Ley General del Presupuesto del Estado 2026, una disposición que nació del puño y letra del gobierno de Luis Arce Catacora y que será promulgada por Rodrigo Paz.
El Ministro Espinoza aclara que dicho presupuesto será "modificado" en febrero o marzo, pero su entrada en vigencia derogará aspectos importantes del Decreto Supremo 5503. De manera concreta, la disputa en torno al rol del Banco Central de Bolivia incorporará otros elementos de cuestionamiento a la iniciativa del actual Presidente.
Esta contradicción entre la norma propia y la que se ha optado recuperar del masismo o del arcismo no se explica en las declaraciones gubernamentales.
En términos monetarios, el Presupuesto 2026 del gobierno que salió deja a Rodrigo Paz un presupuesto agregado de Bs 377.836.882.810 (trescientos setenta y siete mil ochocientos treinta y seis millones ochocientos ochenta y dos mil ochocientos diez 00/100 bolivianos), una cantidad contable de recursos significativa, ya sea para modificarla o, en última instancia, para ejecutarla. A partir de esta evidencia, queda claro que el gobierno actual sí cuenta con recursos económicos.
De manera didáctica, el Ministro de Hidrocarburos ha señalado que el gobierno tiene "una ganancia" de 10 millones de dólares al día por concepto de la elevación de los precios de los carburantes: gasolina, GNV y diésel. Hasta diciembre del próximo año 2026, la actual administración tendrá una ganancia de $us 3.663 millones de dólares por el concepto del gasolinazo, ingresos que representan una cuantiosa suma de dinero, cuyo destino no ha sido explicado.
En otras palabras, el gasolinazo cambia la situación económica tanto del gobierno como de la población boliviana.
Otro tema que queda claro es la proyección que hace la Ley General del Presupuesto del Estado 2026 de Luis Arce, la cual será asumida por el gobierno de Rodrigo Paz, y que prevé un crecimiento de solo el 0,9% de la economía boliviana. Esto significa que el crecimiento será mínimo y que dicho impulso no ampliará la base productiva del país, ni podrá contrarrestar los costos inflacionarios que este año cerrarán en un 30%, y el venidero podrían ser iguales o muy superiores. Esta es, sin duda, una mala noticia en términos de la realidad económica.
Manuel Morales Alvarez es investigador.
