En las últimas semanas ha crecido entre muchos bolivianos una sensación de desconcierto sobre el rumbo del país. En este artículo quiero expresar esa preocupación y, al mismo tiempo, plantear algunas medidas que podrían ayudarnos a encarar los problemas más urgentes.
Desde el 8 de noviembre dos asuntos dominan la agenda pública y absorben buena parte de la atención de la opinión pública: las denuncias sobre presuntos delitos cometidos en gestiones del MAS. y las tensiones entre el Presidente y el Vicepresidente. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin saber qué está haciendo el gobierno —o qué piensa hacer— para sacar al país de la crisis económica.
Es comprensible y necesario que se investiguen actos de corrupción y malas decisiones que hayan perjudicado al Estado. Esto es bien recibido por la población, pero preocupa que las autoridades dediquen mucho tiempo a estos asuntos, cuando varios de ellos deberían ser tratados por el Ministerio Público –como el caso de la harina–. Otros simplemente carecen de relevancia –como las pantuflas de Evo– y algunos ameritaban respuestas inmediatas, como la desaparición de documentación y material en distintos ministerios durante la transición.
También inquieta la pérdida de confianza que generan ciertos mensajes oficiales: discursos mal formulados, como la afirmación de que se “sustrajo la plata de los jubilados en la Gestora” o cifras que bordean lo fantástico –“se robaron 15 mil o 60 mil millones”, “hay 500 mil viviendas abandonadas de las construidas por el MAS"– que solo contribuyen a aumentar la confusión. A eso se suma el anuncio de que la Gestora invertirá en el sector productivo privado, algo que, de hecho, ya ocurre a través del sistema bancario.
Otra preocupación es la falta de información sobre el abastecimiento de gasolina. ¿Qué acuerdos se han logrado para garantizar el suministro? ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse y a qué costo? Son preguntas básicas que siguen sin respuesta.
Algo similar ocurre con la súbita caída del precio del dólar. No queda claro si la tendencia de los nuevos precios se mantendrá. Algunos colegas sugieren que se debe a que ciertos ahorristas decidieron vender parte de sus dólares, pero cuesta creer que quienes compraron a Bs 12 ahora acepten vender a 9 y, más aún, antes de la temporada navideña, cuando la demanda de divisas suele aumentar.
El Banco Central anunció que publicará un “precio referencial del dólar” calculado sobre las operaciones bancarias. La noticia sorprendió porque desde hace tiempo los bancos se muestran renuentes a devolver los dólares que sus clientes reciben del exterior.
Esto sugiere que podrían estar operando con clientes preferenciales a precios ventajosos, mientras al resto se les mantiene en el tipo de cambio oficial. Si fuese así, el Banco Central estaría validando prácticas éticamente cuestionables. En cualquier caso queda la duda central: ¿este precio referencial servirá realmente para ordenar el mercado?
En el plano fiscal tampoco hay señales claras. Durante años, una de las mayores preocupaciones ha sido el creciente déficit público. Para disminuirlo, lo lógico sería buscar formas de aumentar ingresos y/o reducir gastos. Sin embargo, el gobierno anunció la reducción de impuestos y aranceles, medidas que inevitablemente disminuirán los ingresos del Estado y ampliarán el déficit.
La eliminación del impuesto a las grandes fortunas beneficia solo a un reducido grupo de millonarios y la eliminación de aranceles a productos de línea blanca estimulará mayores importaciones justo cuando es crucial contener la demanda de divisas.
La confusión aumenta por anuncios contradictorios. Por un lado, se promete reducir el gasto público en 30%, pero en el mismo discurso se asegura que el déficit fiscal disminuirá en la misma proporción.
Son objetivos distintos: recortar 30% el gasto público –que hoy ronda el 45% del PIB– implicaría pasar de un déficit del 10% a un superávit del 5%, un ajuste innecesario y socialmente costoso. En cambio, reducir el déficit en 30% es mucho más viable: bastaría, por ejemplo, con disminuir la subvención a los combustibles del 4% al 1% del PIB, sin provocar daños sociales ni políticos
Es razonable pedir paciencia a la población. El nuevo gobierno lleva poco tiempo en funciones y ha anunciado que presentará correcciones económicas en marzo. Se puede esperar, aunque esa demora implica riesgos.
Pero hay algo urgente: mostrar señales claras de que se está conformando un equipo económico sólido, profesional y creíble y que se está utilizando la experiencia ganada por los funcionarios públicos. Todo esto, más que cualquier anuncio aislado, podría devolver la tranquilidad a un país que hoy la necesita con urgencia.
Rolando Morales es doctor en Economía.
