Algunas tiranías adoptan la estrategia de infundir miedo a la población sobre la situación económica para posteriormente aplicar “dolorosas” políticas económicas calificadas de “inevitables” para beneficiar a sus adláteres. Probablemente no es el caso de Bolivia, donde la evolución de la economía puede mirarse con optimismo moderado. Eso es lo que explicaré en este artículo.
La crisis actual afecta sobre todo al sector público. La reducción de los subsidios a los carburantes le permitirá, directa e indirectamente, disminuir su déficit desde el 10% del PIB hasta un 5%, lo que es un nivel manejable. Por otra parte, disminuirá su necesidad de divisas pues la importación de carburantes disminuirá por al efecto sobre la demanda de los nuevos precios. Además, se espera que haya una mayor participación privada en el negocio de los combustibles.
Algunas políticas colaterales podrán ayudar a disminuir un poco más el déficit del sector público sin recurrir a medidas extremas. En este marco, el sector público puede respirar más o menos tranquilo.
Las exportaciones de Bolivia han estado bien en los últimos años y posiblemente este año estén mejor aún. Se exporta minerales por $us 6.000 millones de dólares y teniendo en cuenta la tendencia al alza de sus precios, este año se podrá superar esta suma.
Las exportaciones de la agroindustria alcanzan una suma entre $us 2.000 y 3.000 mil millones. El gas aporta $us 1.500 millones. Se espera que el resto de las exportaciones aporte $us 1.000 millones. Fácilmente se podrá llegar a unos $us 12.000 millones en el total de las exportaciones, suma que podrá financiar las importaciones y hacer frente a las obligaciones de la deuda externa.
Se puede esperar, además, que las importaciones disminuyan por los nuevos precios de la divisa y la disminución de la demanda de carburantes.Con esos valores en el comercio externo, el mercado cambiario se estabilizará fácilmente a condición de que el gobierno logre terminar con el “corralito” que imponen los bancos. Para ello, el gobierno probablemente está realizando los trámites necesarios para obtener un crédito de urgencia que permita devolver a los bancos los dólares que entregaron al Banco Central en 2023 a cambio de dinero nacional.
Como muestran la diferencia entre el ahorro y la inversión y el crecimiento del consumo, al sector privado no le fue mal en los años recientes. Entre 2017 y 2024, la diferencia promedio entre su ahorro y su inversión llegó al 7% del PIB, con algunos picos del 12% y sus gastos de consumo crecieron 1,7 veces más rápido que la población. Si reduce al 2% su excedente ahorro-inversión podrá doblar su nivel actual de inversión y contribuir decididamente al crecimiento.
El sector privado no invierte más presuntamente por la existencia de trabas administrativas impuestas por los gobiernos anteriores. Analizando la pertinencia de este argumento, el gobierno podría, si hay lugar, terminar con esas dificultades, pero sería peligroso conceder ventajas especiales, como la disminución de impuestos o subsidios, porque agravarían el déficit fiscal.
El sector privado arguye también, para justificar su escasa inversión, a la inseguridad jurídica. Esto es un problema muy serio pues no solo atañe a las relaciones público-privadas, pero sobre todo incide en la formación de empresas societarias por el miedo de no encontrar justicia en caso de fraude de los socios.
De todas maneras, a los sectores público y privado les puede ir relativamente bien este año. Se puede esperar que la economía crezca moderadamente entre el 1 y el 2%, bastante mejor que el año pasado y con la perspectiva de un mayor crecimiento en los años que vienen.
Pero no puede dejarse de mencionar algunos peligros que acechan a la economía. El principal peligro se refiere a la estabilidad política del gobierno por las presiones que sufre desde el exterior y de grupos de poder domésticos para acelerar algunas reformas adoptando políticas de shock. Entre éstas el despido de trabajadores del sector público, la rebaja de sueldos y salarios, el desempleo y el cierre o enajenación de empresas públicas sin estudios previos.
Ninguna de estas acciones es necesaria y urgente, pero cabe reconocer la necesidad de introducir orden y racionalidad a todo lo que concierne el dominio público. Esto se lo puede hacer con calma y cautela.
Se espera que durante este año, el gobierno inicie la reforma de la administración de justicia para dar seguridad jurídica a los inversores y terminar con la politización de la justicia. Se aguarda, igualmente, la puesta en marcha de estrategias que permitan cobrar impuestos a la minería cooperativista, a la agroindustria y a algunos empresarios prósperos del sector informal.
Rolando Morales es doctor en economía.
