Durante los gobiernos del MAS se criminalizaba hasta la más leve falta administrativa de personalidades de administraciones anteriores o de funcionarios de bajo rango que habían caído en desfavor. La acusación de corrupción se volvió muy conveniente para atacar o silenciar a los opositores. Los tribunales de justicia ya no daban abasto para tratar tantos casos.
La corrupción, sin duda alguna, debe ser combatida vigorosamente, pero no puede ser utilizada como arma política. Se cae entonces en lo que algunos autores llaman la corrupción de la corrupción.
La corrupción es un delito penal, por lo tanto, las acusaciones deben estar sólidamente fundamentadas. En un juicio penal, aún antes de la sentencia, se hace peligrar el derecho más fundamental, que es el de la libertad, además de poner en riesgo el patrimonio del acusado y de hacerle incurrir en gastos de abogado. Se daña además el honor y la reputación.
El recurso a topa tolondra a juicios penales tiene un efecto colateral al que se presta poca atención y que es el de disminuir la confianza interpersonal y en la justicia. La poca confianza juega en contra tanto del desarrollo económico como del social. Hace caer en el melgarejismo de no tener confianza ni en la camisa, lo que es muy destructivo.
Los expertos legales podrían escribir volúmenes sobre los abusos durante los gobiernos del MAS. Con el cambio de gobierno parecería que en esta materia solamente se ha hecho dar vuelta al carrusel. Se han iniciado procesos y se emiten acusaciones sin la prolijidad debida a la seriedad que tienen los juicios penales, a la que hemos hecho mención. Se estaría cayendo en las mismas prácticas del MAS, que acabamos de reprochar.Que ha habido malhechores en los gobiernos de Morales y Arce no cabe duda, pero sus fechorías deben ser debidamente comprobadas y, en lo posible, teniendo como base documentos fidedignos. No se puede penalizar con acusaciones mentholatum, a falta de otras, como las de “incumplimiento de deberes” o “daño económico al estado”.
Es cierto que estos delitos están en el código penal, pero las acusaciones deberían ser efectuadas con extrema prudencia, en términos precisos, referentes a casos concretos, y lejos del linchamiento mediático y en las redes sociales.
Los especialistas en derechos humanos insisten en la primacía de la presunción de inocencia y en el principio de ampliar lo favorable y restringir lo odioso.
La aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora me ha parecido excesiva. No me voy a fijar en los aspectos procedimentales, que para eso están los abogados, sino en el hecho de que a muchos nos ha parecido más bien una venganza política.
Al ciudadano que fuera Presidente del Estado y que transitaba por las calles de Sopocachi, sin sospechar de nada, se lo detiene, pero no se osa hacer lo mismo con el “capo de tutti i capi” como se dice en italiano, Evo Morales.
Arce Catacora tuvo una pésima gestión, tanto como Ministro de Economía y Finanzas Públicas como de Presidente del Estado. No me privé de criticarlo abiertamente y oportunamente. Al mal gobierno lo castigan los electores con su voto. Será su gestión muy criticable, pero no es un delito penal per se. Si en algunos de sus actos hay materia justiciable, ella debe ser adecuada y prolijamente especificada.
Un tema en el que a menudo insisto es aquel que los economistas llaman “selección adversa”. Cuando se castiga penalmente una gestión de gobierno no hay muchos candidatos competentes que quieran ser servidores públicos. Serán a veces los más pícaros o los que creen que pueden contornar las disposiciones legales –que, dicho sea de paso, son excesivas en el país– los que querrán ir al servicio público, con la esperanza de sacar algo de provecho personal. Esto es una lástima, porque los estudios por expertos, incluyendo los del Banco Mundial, insisten en que la calidad de la administración pública es un factor importante para el crecimiento económico.
Juan Antonio Morales es PhD en economía y fue presidente del Banco Central de Bolivia.
