El temprano asedio político impulsado por Edmand Lara contra la gestión de Rodrigo Paz terminó desvaneciéndose antes de consolidarse como una presión efectiva. Podría decirse que la ofensiva se anunció como un asedio, pero terminó pareciéndose más a una escaramuza retórica: abundaron las declaraciones, aunque escasearon las condiciones políticas para sostenerlas. El propósito de esta columna es examinar las dinámicas que condujeron a este resultado.
Genealogía. El presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara llegaron al poder en 2025 como un “binomio electoral heterogéneo”: Paz representaba una figura política tradicional (exalcalde y senador); en cambio, Lara era un outsider popular por sus denuncias anticorrupción y su presencia en redes sociales.
De este modo, el gobierno nació con una arquitectura política delicada, marcada por la coexistencia de dos estilos de liderazgo distintos: uno anclado en la lógica de la gestión estatal y la negociación política, y otro más orientado hacia la denuncia pública y la interpelación directa a la ciudadanía.
Esta genealogía política del binomio permite comprender mejor las tensiones que posteriormente emergieron dentro del gobierno. Lara se convirtió en un vicepresidente no dispuesto a seguir al Presidente, sino un vicepresidente dispuesto a que el Presidente siguiera lo prometido.
Embestidas. Una vez iniciado el gobierno, Edmand Lara comenzó a tejer una estrategia de presión política pública dirigida contra el propio Ejecutivo. La dinámica resultaba singular: mientras el Presidente intentaba echar a andar su agenda, desde la vicepresidencia surgían cuestionamientos que parecían abrir fisuras en el gobierno.
En primer lugar, Lara se presentó como una suerte de “oposición constructiva” dentro del gobierno y acusó al Ejecutivo de favorecer a “los ricos” y de apartarse de algunas promesas formuladas durante la campaña electoral. Sin duda, una estrategia curiosa: ejercer la vicepresidencia con vocación de viceoposición, esperando quizá que la crítica terminara convirtiéndose en su principal forma de gobierno.
En segundo lugar, el vicepresidente respaldó movilizaciones sociales que cuestionaban determinadas decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas el retiro de la subvención a los combustibles. De esta manera, el conflicto dejó de limitarse a los pasillos del poder y comenzó a proyectarse hacia el espacio público, como si una grieta abierta en los muros del palacio terminara dejando escapar el eco del desacuerdo hacia la calle.
Finalmente, Lara recurrió de manera intensiva a TikTok y a videos difundidos en redes sociales para confrontar al Presidente y denunciar supuestos actos de corrupción o decisiones equivocadas en la conducción gubernamental.
La política institucional comenzó así a trasladarse a un terreno de comunicación directa y constante, y, como suele ocurrir en estos nuevos escenarios, el éxito no parece medirse tanto por la solidez del argumento como por la velocidad del video.
Así, el Ejecutivo terminó viviendo una situación poco habitual: lavar los trapos sucios en casa, pero con transmisión en vivo por las redes sociales.
Desenlace insospechado. Los intentos de asedio político de Edmand Lara contra Rodrigo Paz terminaron diluyéndose por una combinación de factores que, vistos en conjunto, explican por qué la ofensiva nunca llegó a convertirse en una amenaza real para el gobierno. Veamos esos afanes infecundos:
En primer lugar, la ausencia de poder institucional efectivo. Aunque el vicepresidente dirige formalmente la Asamblea Legislativa, Lara no cuenta con el control de una mayoría parlamentaria capaz de respaldar sus posiciones. En consecuencia, sus críticas quedaron más en el plano discursivo que en el terreno de las decisiones políticas: tuvo tribuna para hablar, pero no votos para actuar.
En segundo lugar, el aislamiento político. Buena parte del gabinete, los legisladores oficialistas y otros aliados del gobierno evitaron alinearse con Lara, lo que terminó dejándolo sin una base política sólida dentro del propio oficialismo. En política, las críticas más estridentes pierden fuerza cuando se pronuncian desde un coro en el que, al final, solo queda una voz.
En tercer lugar, una estrategia marcadamente confrontativa y personalista. Su estilo —centrado en videos, acusaciones públicas y confrontaciones mediáticas— terminó erosionando su credibilidad institucional, proyectándolo más como un actor de la escena digital que como un líder capaz de articular una alternativa política organizada. Podría decirse que la ofensiva del vicepresidente tuvo más “me gusta” que apoyos políticos.
En cuarto lugar, respuesta moderada del presidente. Rodrigo Paz optó por no escalar el conflicto, restando relevancia a las declaraciones del vicepresidente. A veces, en política, la forma más eficaz de desactivar una ofensiva no es responderla, sino dejar que el silencio haga el trabajo que los argumentos no necesitan hacer.
Finalmente, la limitación institucional al accionar del vicepresidente. La promulgación del Decreto Supremo 5552 redujo la autonomía administrativa de la vicepresidencia al transferir varias de sus unidades, personal y recursos al Ministerio de la Presidencia, concentrando así el control en la figura presidencial y restringiendo el margen operativo de Lara. En la práctica, la vicepresidencia quedó con un radio de acción cada vez más estrecho.
En suma, a Lara no le faltaron denuncias para asediar al poder, sino que le faltó poder para sostener las denuncias.
Eduardo Leaño Román es sociólogo.
