El Decreto Supremo (DS) 5503 funciona como un verdadero manual de navegación en aguas turbulentas, donde el objetivo principal no es cambiar de rumbo, sino evitar que el barco estatal se hunda frente a la crisis fiscal y el agotamiento del ciclo plurinacional-rentista. Desde una lectura gramsciana, el Decreto puede interpretarse como un dispositivo de consenso pasivo y expresión de hegemonía defensiva: mantiene la estabilidad sin generar adhesión activa y no construye un nuevo bloque histórico.
El Decreto no pretende trazar nuevas rutas ni inaugurar un proyecto político transformador; se limita a administrar el interregno mediante la tecnificación de la política, la despolitización del conflicto social y el reforzamiento de la dimensión administrativa del Estado. En otras palabras, trata de mantener el barco a flote sin remar demasiado, confiando más en reglamentos, algoritmos y procedimientos que en la participación o el entusiasmo de la tripulación social.
Crisis orgánica e interregno. Desde la perspectiva formulada por Antonio Gramsci, la crisis orgánica en Bolivia se hizo evidente cuando el MAS dejó de convencer y se limitó a administrar su propia fatiga: perdió su capacidad de dirigir moral e intelectualmente la sociedad y se consumió en desgarradoras pugnas domésticas.
El advenimiento de Rodrigo Paz a la presidencia encarnó el interregno político: ese intervalo incómodo en el que lo viejo se niega a despedirse con dignidad y lo nuevo todavía no se anima a presentarse en sociedad, mientras ambos –viejas certezas y promesas por estrenar– coexisten con una perseverancia digna de mejor causa.
El DS 5503 debe leerse exactamente en ese registro. No es hijo de una etapa expansiva ni portavoz de un proyecto refundacional, sino un manual de administración de la crisis estructural: caída del excedente, tensiones cambiarias, agotamiento del consenso redistributivo y notoria falta de alternativas políticas articuladas. El Decreto no aspira a resolver la crisis; se conforma con algo más modesto y, a la vez, más urgente: poner orden al desorden, aunque sea por decreto.
Tecnificación de la política y producción de consenso pasivo. El consenso, en la perspectiva gramsciana es, ante todo, el acuerdo social que logra que las relaciones de poder sean aceptadas, porque la población las percibe como razonables, inevitables o incluso necesarias.
A diferencia del consenso activo (adhesión consciente, movilización social y participación política) propio de los procesos revolucionarios, el consenso pasivo (aceptación resignada) se hace particularmente visible durante los interregnos, en estos momentos, el Estado desplaza la gestión política desde la persuasión activa hacia procedimientos técnicos, reglamentos y administración burocrática: la política se tecnifica, y los ciudadanos son llamados a obedecer protocolos antes que discutir proyectos.
El DS 5503 ejemplifica la tecnificación de la política de manera evidente: a) Las decisiones económicas complejas –como ajustes salariales o cambios en la política cambiaria– se presentan como “técnicamente inevitables”, ocultando las decisiones políticas detrás de un lenguaje de cálculo, algoritmos y procedimientos.
b) La política se reduce a trámites administrativos, por ejemplo, mediante mecanismos de Fast Track o silencios administrativos positivos, donde la aprobación automática sustituye la deliberación y la discusión pública.
c) La ausencia de participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a trabajadores, jubilados y consumidores refuerza la tecnificación, pues convierte la política en gestión de procesos y no en negociación de intereses.
Quizá, como consecuencia de la tecnificación de la política, la población termine aceptando resignadamente (consenso pasivo) las medidas más por inercia, rutina o miedo al desorden que por convicción. En este marco, la tecnificación política no solo asegura la estabilidad temporal del orden, sino que convierte la política en un campo de procedimientos y cálculos, donde la participación real se sustituye por la ilusión de inevitabilidad técnica, consolidando la hegemonía sin generar compromiso activo.
Desplazamiento del conflicto social. El DS 5503 demuestra cómo el conflicto social puede ser “reducido a trámite”, trasladándolo del terreno de la deliberación política al reino de la administración técnica. La gobernabilidad se logra más con protocolos y algoritmos que con debate o persuasión, y varios dispositivos del Decreto evidencian esta lógica:
Aprobación automática de proyectos por silencio administrativo. Si la autoridad no responde a tiempo, los proyectos se consideran aprobados. La política deja de ser un foro de discusión para convertirse en un proceso mecánico, donde la participación pública se vuelve un lujo innecesario.
Expansión obligatoria de pagos electrónicos y control financiero. Ciudadanos y empresas deben integrarse a un sistema digital de fiscalización, convirtiendo la política en cumplimiento de procedimientos más que en negociación de intereses. Una forma elegante de decir que el debate cívico ahora tiene contraseña y registro.
Concentración de facultades presupuestarias en el Ejecutivo. El poder central decide sobre asignaciones financieras, reduciendo la voz de órganos representativos y locales, y consolidando la jerarquía tecnocrática por encima de la participación democrática. En conjunto, estas medidas muestran un Estado que pretende gobernar a través de normas, procedimientos y algoritmos, donde los conflictos sociales –reclamos salariales, demandas de servicios o recursos– se traducen en problemas administrativos: incumplimientos, informalidad o ineficiencia. Así, la política deja de ser negociación y se convierte en un compendio de procesos, mientras la resistencia social se enfrenta no con represión directa, sino con reglamentos que convierten el descontento en un engorroso papeleo.
Estabilidad sin bloque histórico: hegemonía defensiva. Según Antonio Gramsci, para que una hegemonía sea plena y duradera se necesita construir un bloque histórico; es decir, una alianza social cohesionada alrededor de un proyecto ético-político compartido, capaz de generar consenso activo y compromiso de la población.
El DS 5503, sin embargo, carece de esta visión: no busca construir un proyecto común ni articular un horizonte colectivo de futuro. Sus disposiciones muestran un claro desbalance en la distribución de costos y beneficios:
a) Protege explícitamente a la banca y al capital transnacional, asegurando sus ganancias y estabilidad financiera. b) Impone costos directos a trabajadores y jubilados, a través de congelamiento salarial, ajuste de pensiones y aumento de precios de bienes y servicios básicos. c) No promueve ninguna narrativa de futuro colectivo; es decir, no ofrece un proyecto ético-político capaz de movilizar adhesión social.
Estas características configuran lo que Gramsci denominaría una hegemonía defensiva: el Estado logra mantener la estabilidad del orden existente, pero sin generar identificación ni consenso activo. En otras palabras, se asegura de que las cosas no se desordenen, pero no consigue que los ciudadanos sientan que ese orden les pertenece o les beneficia.
Este tipo de hegemonía es frágil y transitoria, depende más del control administrativo y técnico que de la legitimidad social. Su fortaleza radica en la capacidad de gestionar conflictos mediante normas y procedimientos, no en la construcción de un proyecto político integrador que genere lealtad y participación.
Así, el DS. 5503 debe entenderse menos como un ambicioso proyecto histórico y más como un manual de administración del interregno. Su misión no es transformar el país, sino poner en orden el caos existente, racionalizar lo irracional y estabilizar lo inestable. En otras palabras, funciona como un parche temporal que gana tiempo mientras el bloque histórico anterior se deshilacha, dejando que la verdadera reconfiguración de fuerzas –esa que podría dar lugar a una nueva hegemonía– ocurra “fuera del Decreto”, lejos de la pomposa firma oficial.
Eduardo Leaño es sociólogo.
