Olvídense de la imagen de Pablo Escobar paseando en su hacienda con hipopótamos o de Joaquín "El Chapo" Guzmán escapando por un túnel de kilómetro y medio. Esos modelos de narcotráfico están extintos. El capo del narcotráfico del siglo XXI es radicalmente diferente, anónimo, tecnológico, descentralizado y letalmente eficiente.
Los cárteles modernos son corporaciones transnacionales ilegales. Tienen áreas especializadas. Producción, logística, finanzas, seguridad, relaciones públicas y, sobre todo, penetración potente en la política.
Cuentan con asesores jurídicos de primer nivel, analistas financieros capaces de mover cientos de millones de dólares a través de criptomonedas, sociedades offshore y testaferros en paraísos fiscales.
Los carteles no están en guerra contra los Estados; simplemente los compran. Si hay una historia que sintetiza el horror de la narcocorrupción en toda su magnitud es la de Genaro García Luna. Durante seis años, entre 2006 y 2012, este hombre fue el Secretario de Seguridad Pública de México bajo el presidente Felipe Calderón. Fue la cara respetable del México que combatía a los narcotraficantes.
Empero, el juez Brian Cogan sentenció que García Luna llevó una doble vida, compatibilizando su papel de entrañable padre de familia con otro como facilitador de una gran empresa criminal. El hombre que debió cazar al narco era, nada más ni nada menos, el capo de capos.
En Venezuela, el régimen chavista llevó la corrupción del narcotráfico a su máxima expresión, capturando el Estado en su totalidad. Se presume que el propio expresidente Nicolás Maduro era el jefe del cartel de Los Soles.
Pero las cosas no terminan ahí. Een diciembre de 2023, la fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, develó un escándalo al cual denominó "Metástasis", porque eso exactamente era, una patología criminal que se extendió por todo el cuerpo del Estado ecuatoriano. Jueces, fiscales, legisladores, directivos de la autoridad penitenciaria, miembros de las fuerzas de seguridad, todos comprometidos. Todos vendidos al narcotráfico a cambio de dinero, oro, apartamentos y lujos.
Argentina no es la excepción. En los últimos años, la Cámara Federal de Casación Penal documentó al menos cuatro casos de corrupción judicial vinculada al narcotráfico. El más escandaloso, el exjuez federal Carlos Soto Dávila, de Corrientes, condenado a seis años de prisión por recibir coimas de narcotraficantes.
Con el contexto señalado podemos entender mejor por qué Bolivia se convirtió en lo que se convirtió. Nuestro país es un narco-paraíso geográfico. Limita con cinco países: Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Sus fronteras tienen una extensión de más de 6.000 kilómetros, en su mayor parte porosas, montañosas, selváticas, sin control efectivo del Estado. El narcotráfico no es una maldición natural que cae aleatoriamente sobre los países; es una decisión racional de actores criminales que eligen sus territorios con la misma lógica fría con que una empresa multinacional elige dónde instalar una fábrica, buscando ventajas comparativas.
Bolivia ofrece un menú irresistible para el crimen organizado:
1. Geografía estratégica. Cinco fronteras, miles de kilómetros de selva y montaña sin control estatal efectivo, posición central en el triángulo productor de cocaína.
2. Debilidad institucional. La debilidad estatal y la falta de institucionalidad son elementos vertebrales para entender la expansión del narcotráfico. En Bolivia, la Felcn (la institución creada para combatirlos) tuvo cinco de sus directores caídos por vínculos con el narco en una sola década.
3. Economía informal y dolarización clandestina. El narcotráfico necesita economías informales grandes para insertar su dinero, Bolivia tiene una de las economías informales más grandes de América del Sur. Restaurantes, inmobiliarias, negocios de construcción, cambistas, toda una infraestructura lista para el lavado.
4. Crisis económica y pobreza, combinando hiperinflación, escasez de divisas y crisis de gobernanza. Reúne las condiciones para convertirse en un santuario inmejorable para las organizaciones del narcotráfico.
5. Impunidad judicial. El gobierno del presidente Rodrigo Paz, apenas instalado en 2025, anunció en marzo de 2026 investigaciones contra jueces que habían devuelto bienes incautados al narcotráfico, incluyendo un aeródromo. Las irregularidades en el Órgano Judicial boliviano no son accidentales, son el resultado de una penetración sistemática.
6. Protección política. Durante años, las federaciones cocaleras del Chapare (base electoral del expresidente Morales) bloquearon sistemáticamente el ingreso de las fuerzas antidrogas a su territorio.
No obstante, a pesar de todos nuestros flancos débiles, hace pocos días el narcotraficante uruguayo Sebastian Marset fue capturado, ocurrió exactamente dos meses después de que Bolivia reanudara la cooperación con la DEA, suspendida durante 17 años. El mensaje es claro e incómodo: cuando las instituciones funcionan, el narco cae.
Sin embargo, lo que debemos entender es que esta no es una guerra que se gane con capturas espectaculares; se gana reconstruyendo piedra a piedra las instituciones que el narcotráfico destruyó.
Se gana cuando un juez no tiene precio. Cuando un fiscal puede hacer su trabajo sin miedo a que lo maten acribillado. Cuando un director de la Felcn no caiga en la tentación de llamar a un capo para avisarle que viene la Policía. Se gana cuando el Estado vale más que el cartel.
Franklin Pareja es politólogo.
