A medida que pasan los días, y a poco más de 100, mis expectativas e ilusiones del inicio de un vigoroso Estado autonómico se están diluyendo. En el corazón del Estado boliviano yace una contradicción lacerante, un régimen de autonomías (CPE 2009) que existe más en el papel que en la práctica.
Mientras el gobierno nacional acapara el 84 % de los recursos públicos (dejando un exiguo 16 % para 340 municipios, 9 gobernaciones y 14 universidades), el país arrastra un centralismo crónico que sofoca cualquier atisbo de descentralización genuina.
Esta anomalía no es mera casualidad administrativa, sino el fruto de causas estructurales profundas.
El centralismo boliviano se nutre de una herencia histórica que prioriza el control territorial sobre la eficiencia y la equidad. Desde la Constitución de 1826, el Estado se configuró como un aparato unitario, elitista e ineficiente, donde las élites occidentales (hoy sus sucedáneos políticos) administran los recursos públicos como botín patrimonial, no como un bien común.
La "nueva" Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, lejos de romper este lastre lo perpetuó. Reconoce autonomías indígenas, departamentales y municipales, pero las ahoga en un mar de regulaciones centralizadas que exigen aprobación del gobierno nacional para cualquier ejecución significativa (centralismo puro y duro).
Es inaceptable ver cómo, desde hace 15 años, peregrinan gobernadores, alcaldes o rectores a la sede de gobierno en ciudad La Paz para pedir la venia (autorización), y así poder ejecutar sus programas de obras insertos en sus POA, siempre y cuando demuestren su afinidad, lealtad y sobretodo sumisión al grado del humillante “llunkerio” ; caso contrario, se van con las manos vacías. En esas condiciones, ¿es concebible pensar que existe un régimen de autonomías o más bien un hipercentralismo exacerbado?
Pero no debe sorprendernos, esto es el resultado de una carencia patética de vocación autonómica, pilar fundamental de esta perversión (en este caso, no solo es el MAS, al cual se le achaca todos los males). Trabajé con casi todas las asociaciones de municipios de Bolivia (más de 200 municipios congregados), impartí talleres de planificación, conocí personas muy amables y valiosas; no obstante, carentes casi en su totalidad de vocación autonómica.
A la mayor parte de las autoridades locales no les preocupa y tampoco les interesa la autonomía, con tal de que el dinero sea trasferido a tiempo para pagar sueldos están más que satisfechos, con solo ejecutar unas cuantas obras y quizás “morder” algo les es más que suficiente, pero el desarrollo integral suena a un esfuerzo indeseable.
Y, claro, la autonomía no es solo recibir dinero, también implica trabajar y generar recursos, pero esa parte ya no les resulta atractiva, porque implica trabajar, y trabajar muy duro. Los municipios de las capitales de departamentos son otra cosa, forman parte del 5 % de los gobiernos municipales fiscalmente viables (Jubileo 2023); esas plazas, son muy cotizadas porque administran muchos recursos económicos y tienen mucho poder, pero ya ven ustedes, al final del día, son cloacas de podredumbre sumidas en corrupción, impunidad y cinismo (con muy pocas y honrosas excepciones)
La cruda realidad es que gobernaciones y municipios dependientes en más del 95 % de transferencias fijas (coparticipación tributaria del 20 % para municipios y 5 % para universidades, más IDH volátil para departamentos), carecen de potestades reales para fijar tasas o bases impositivas.
Esta dependencia fomenta un paternalismo estatal que convierte a los gobiernos locales en meros distribuidores de dádivas centrales, propensos al clientelismo, el 73% de proyectos como "Bolivia Cambia, Evo Cumple" se concentraron en feudos masistas, ilustrando cómo los recursos se usan para lealtades políticas en vez de un potente desarrollo.
El resultado, es una subejecución presupuestaria crónica, reflejo de una burocracia asfixiante y total ausencia de incentivos locales.
Paradójicamente, la CPE de 2009 instituyó el régimen de autonomías, pero su implementación legislativa (Ley 031 Marco de Autonomías) la liquidó con mecanismos de control central, vetos presupuestarios, fiscalización asimétrica del Ministerio de Economía y planes sectoriales obligatorios que diluyeron las competencias subnacionales. Por si fuera poco, se creo un Ministerio de Autonomías, el solo hecho de que se haya creado esa instancia, fue un acto siniestro de hipercentralismo.
Frente a este panorama, Sudamérica ofrece ejemplos que constituyen la antítesis de nuestro drama centralista. Brasil, federal por esencia, transfiere el 47 % del gasto público (22,5% a estados, 24,5 % a municipios), fomentando autonomía fiscal y ejecución eficiente que ha impulsado su PIB per cápita.
Chile, aunque unitario, otorga a municipios cerca del 50 % de ingresos propios (patentes, bienes raíces), con transferencias como FCM (44 % municipal) y FNDR que premian la gestión local, resultando en un gasto subnacional del 20-25 % más productivo que el boliviano.
Argentina, pese a sus vaivenes, destina entre el 50-60% a provincias vía coparticipación (57 % Ley 23.548), equilibrando las tensiones federales con mayor resiliencia económica. Bolivia, con su 14-16 % subnacional y recaudación propia ínfima (6 %), emerge como el modelo más centralista e ineficiente de la región, donde la concentración genera duplicidades, corrupción y menor desarrollo comparado.
En medio de este inefable escenario, la promesa electoral del presidente Rodrigo Paz (un reparto 50/50 de competencias y fondos entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales) irrumpe como una utopía maravillosa.
En teoría, un "federalismo operativo" con fondos concurrentes e intermunicipales que podría erradicar los clientelismos, pero su viabilidad es dudosa y su rapidez, ilusoria. La realidad es diferente, requiere desmontar una arquitectura jurídica centralista y perversa compuesta de decretos y leyes, reformar la Ley 031 y generar legitimidad post-elecciones subnacionales del 22 de marzo, en un contexto de crisis macroeconómica (reservas exiguas, inflación latente) que limita las transferencias sin recortes sociales impopulares.
En suma, el centralismo boliviano no es sino un vestigio autoritario disfrazado, está en el ADN de la clase política. Su rechazo al régimen de
autonomías es evidente porque implica desconcentrar el poder, y eso es algo que aún nadie se animó a prescindir, lo mismo que el sistema judicial, todos hablan de la reforma, pero cuando llega el momento, prefieren mantener esa espada tan filosa y draconiana porque implica mucho poder.
Desde una mirada electoral, más autonomía para las regiones suena extraordinario, el solo pensar en una Bolivia autonómica, aunque la vocación sea casi inexistente, igual brilla con luz propia; empero, solo una descentralización audaz (inspirada en Brasil o Chile) podría desatar el potencial regional, pero exige voluntad política más allá de promesas. De lo contrario, la paradoja autonómica persistirá, condenando a Bolivia a la ineficiencia perpetua, enfangada en el hipercentralismo e hiperpresidencialismo.
Franklin Pareja es politólogo.
