El debate público boliviano, hace mucho tiempo el coro de voces apunta a una interpelación contra los funcionarios de la administración pública: bájense los salarios. Desde muchas corrientes de opinión, cuya vena en algunos casos es por interés o indignación, el blanco de los ataques es el mismo; es decir, la idea de que trabajan poco, no tienen méritos, ganan bien y encima muchos están bajo sospecha de corrupción, porque sus patrimonios no condicen con sus salarios por muy altos que sean.
Paradójicamente, nadie puede llegar a ser rico u obtener una fortuna siendo funcionario del Estado; no obstante, la mayor parte de las fortunas suelen ser de personas que han trabajado en el Estado o con el Estado.
Para las personas que sienten que han dejado la piel en el estudio y el esfuerzo es un oprobio infumable sentir el relego del sistema, que privilegia a los menos aptos para ocupar funciones jerárquicas o intermedias. En ese contexto, sin mucho esfuerzo, es más que evidente el sello particular de la administración pública boliviana, una “kakistocracia” (gobierno de los peores) en todo el sentido de la definición, que costará desmontar, si es que realmente existe voluntad política.
Por tanto, es más que justificado un deseo que toma fuerza. Reducir los salarios de los funcionarios públicos como mecanismo para mejorar la eficiencia del Estado y liberar recursos fiscales. Esta narrativa, que presenta el ajuste salarial como una solución técnica y neutral, ignora un cuerpo de experiencias acumuladas durante muchos años en Europa y América Latina.
Los datos son contundentes. Las reducciones salariales en el sector público no solo fracasan en mejorar la productividad, sino que sistemáticamente erosionan la capacidad institucional, deterioran la calidad de los servicios, expulsan talento y, en contextos de gobernanza frágil, pueden incluso incrementar la corrupción. Bolivia, que enfrenta desafíos estructurales de desarrollo institucional, haría bien en aprender de estos errores.
La lógica superficial de la reducción salarial es seductora, si el gasto en personal representa una proporción significativa del presupuesto público, reducirlo generaría ahorros inmediatos. Sin embargo, esta ecuación ignora los costos diferidos y ocultos que sistemáticamente erosionan cualquier ganancia fiscal de corto plazo.
Pero para hacerlo simple, háganse una pregunta sencilla, si a usted le reducen el 20 o 30% de su salario, ¿aceptará esta medida en el entendido de que es imperativo apretarnos los cinturones, o simplemente su productividad bajará notablemente?
Los países que intentaron ajustes puramente salariales sin reformas institucionales complementarias, experimentaron rebotes en el gasto de personal y deterioro persistente en su capacidad estatal. Tratar los salarios públicos como una simple línea presupuestaria recortable, en lugar de como un componente de la capacidad de gobernanza, genera costos fiscales y de servicio que luego no se contabilizan.
Otra de las consecuencias graves y visibles de las reducciones salariales es su impacto sobre la composición y calidad del capital humano. Los recortes salariales no afectan uniformemente a todos los funcionarios, sistemáticamente expulsan a los más calificados.
Lamentablemente, en nuestro país, se ha internalizado la idea de que ganar bien está mal visto, pero ganar una miseria es ser un gran revolucionario. En realidad los salarios bajos desincentivan el reclutamiento de profesionales de calidad, incorporan lumpen funcionarios, a los cuales les da igual percibir un salario bajo, igual su desempeño suele ser mediocre y corrupto. Por eso, en Bolivia, las prestaciones se servicios públicos son de muy mala calidad en la mayor parte de los casos.
Pero las cosas no terminan ahí, quizás el factor más inquietante sobre las reducciones salariales públicas es su relación con la corrupción y la integridad institucional. Contrario a la intuición de que los funcionarios bien pagados son más propensos a la corrupción, la realidad sugiere que los recortes salariales severos pueden incrementar la extracción de rentas, especialmente en contextos de gobernanza débil.
Para Bolivia, donde los indicadores de percepción de corrupción y la fortaleza institucional son bajos, esta evidencia debería ser una señal de alarma. Consecuentemente, implementar demagógicamente reducciones salariales sin salvaguardas institucionales robustas y sin fortalecer simultáneamente los mecanismos anticorrupción, podría resultar contraproducente, generando más extracción de rentas en lugar de mayor eficiencia.
La interpretación de política es inequívoca, las reducciones salariales pueden tener efectos perversos sobre la integridad institucional.La propuesta de reducir salarios de funcionarios públicos en Bolivia debe evaluarse no desde la intuición o la retórica populista, sino desde una sólida evidencia empírica. Las reducciones salariales en el sector público son una política de precarización que sistemáticamente daña la motivación, la calidad del servicio, la retención de talento y, en contextos de gobernanza débil, puede incrementar la corrupción.
Para Bolivia, que enfrenta desafíos estructurales de desarrollo institucional, profesionalización del servicio público y fortalecimiento de la gobernanza, adoptar una política que la evidencia internacional identifica como contraproducente sería un error histórico. En lugar de precarizar el empleo público, en Bolivia se debe trabajar en fortalecer los sistemas meritocráticos de selección, evaluación y promoción, protegiendo la profesionalización del servicio público.
Empero, esto requerirá implementar un diálogo social genuino para diseñar ajustes fiscales que preserven capacidades institucionales y permitan reforzar salvaguardas anticorrupción antes de considerar cualquier ajuste de compensación, para evitar efectos perversos sobre la integridad institucional.
La evidencia internacional ofrece a Bolivia enseñanzas valiosas. Las experiencias de Grecia, Portugal, Italia, México y otros países demuestran que la reducción salarial pública es una falsa solución que precariza en lugar de fortalecer, que debilita en lugar de mejorar, que expulsa talento en lugar de atraerlo.
Bolivia puede y debe elegir un camino diferente, uno basado en reformas estructurales serias, diálogo social genuino y fortalecimiento institucional. La tentación del ajuste salarial fácil debe resistirse,; el futuro de la capacidad estatal boliviana depende en gran medida de ello.
Franklin Pareja es cientista político.
