Mientras usted abre sus regalos navideños y disfruta de la breve luna de miel con el flamante gobierno del presidente Rodrigo Paz, un tsunami silencioso se está formando bajo nuestros pies. En tres meses, Bolivia volverá a las urnas para elegir alcaldes y gobernadores. Pero seamos honestos, los candidatos que hoy sonríen no se están postulando para gobernar, se están postulando para administrar en gran parte del país la quiebra subnacional.
Lo que se avecina en marzo de 2026 será una fiesta democrática, pero después de la fiesta les tocará encontrar sus propias “cloacas”, solo que esta vez subnacionales. Aquí no hay espacio para la corrección política ni para el optimismo ingenuo. Estos son los retos, o mejor dicho, las trampas que deberán enfrentar las próximas autoridades subnacionales.
Empecemos rompiendo el mito más grande, en Bolivia no existen las autonomías; existe la descentralización de la pobreza. El MAS nos vendió, en 2009, una Constitución llena de poesía autonómica, pero se aseguró de mantener la llave de la caja fuerte en el nivel central. Hoy, el Gobierno central maneja más del 85% del presupuesto público, dejando a gobernaciones y alcaldías peleando por las migajas.
El gas se esfumó, la era del rentismo está de salida. La producción de hidrocarburos ha caído más del 70% en la última década y los ingresos por IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para 2025 y 2026 se han desplomado en cerca de un 25% para las ciudades capitales. El IDH es un cadáver insepulto, las gobernaciones como la de Tarija o Santa Cruz, que antes nadaban en regalías, hoy no la tienen fácil.
El presidente Rodrigo Paz prometió el 50/50 (repartir la torta presupuestaria mitad para el centro, mitad para las regiones). Suena hermoso, música para los oídos federalistas. Pero no es tan simple, hay un trecho minado por el déficit fiscal. El Estado que hereda el presidente Paz tiene un agujero fiscal crónico (cercano al 10% del PIB en los últimos años) y una deuda pública (interna y externa) que aunque a usted le cueste creer, ya sobrepasa el 90% del PIB. No obstante, la buena noticia es que la eliminación de las subvenciones permitirán al país adoptar una nueva composición de la redistribución de los ingresos que podrían llegar a las regiones.
Empero, pese a las medidas de corrección en el plano económico, las cosas no sucederán rápidamente. Las nuevas autoridades subnacionales serán los amortiguadores sociales del ajuste. Cuando la gente salga a protestar porque no hay desayuno escolar o porque los hospitales no tienen gasas, no irán a convulsionar el Palacio Quemado, irán a las alcaldías.
Por otra parte, y hablando sin tapujos, hace mucho tiempo nuestras alcaldías y gobernaciones dejaron de ser instituciones de servicio, para convertirse en agencias de empleo (además muchas de ellas en sospecha de corrupción e ineptitud). Durante 20 años, el clientelismo político convirtió a las entidades subnacionales en refugios para sus militantes. Los nuevos alcaldes que entren en 2026 se encontrarán con una planta de personal inflada, sindicatos hostiles y probablemente "items fantasmas" todavía enquistados en la estructura.
El desafío aquí es de cirugía mayor y sin anestesia: o reducen personal improductivo o supernumerario para incrementar su capacidad de inversión o pagan sueldos y no hacen ni una vereda en cinco años.
Y aquí viene la parte políticamente incorrecta que a nadie le gusta escuchar. El problema no son solo los políticos; también somos nosotros. El votante boliviano es un ser único, quiere servicios de Suiza pagando impuestos de Haití. Exigimos salud gratuita, educación de calidad y pavimento en todo lado, pero el 80% de la economía es informal y no tributa ni un centavo.
Las nuevas autoridades tendrán que enfrentar el reto impopular de recaudar. Si no hay gas, hay que mejorar el régimen impositivo a la propiedad, a los vehículos y a las actividades económicas. ¿Qué pasará cuando el nuevo alcalde intente actualizar el catastro o cobrar patentes?
En consecuencia, los nuevos gobernadores y alcaldes tienen dos caminos: el camino fácil, seguir endeudándose, llorar por el pacto fiscal sin proponer soluciones técnicas y culpar al gobierno de Rodrigo Paz de todas sus desgracias; o el camino del estadista, asumir que el modelo rentista caducó, achicar sus instituciones, digitalizar la gestión para combatir la corrupción y decirle la verdad a la gente. No hay plata, y si quieren obras, vamos a tener que pagarlas no solo unos cuantos, sino entre todos.
Franklin Pareja es cientista político.
