Bajo las órdenes del presidente de Chile, José Antonio Kast, las Fuerzas Armadas de ese país han comenzado a cavar zanjas en la frontera con Perú y Bolivia. Asimismo, se preparan para construir muros, torres de control, sistemas de vigilancia y centros de detención para migrantes ilegales.
Esta medida responde, evidentemente, al cumplimiento de una promesa de campaña y marca un cambio significativo en la política exterior chilena hacia sus vecinos. Con ello, se clausura el denominado Plan Alpaca, surgido de la geoestrategia definida por el exmandatario militar Augusto Pinochet.
Pese a que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, sostuvo conversaciones en varias oportunidades con Kast, no valoró adecuadamente el giro de la administración chilena respecto a Bolivia. Supuso –equivocadamente– que el nuevo gobernante de La Moneda respaldaría su propuesta de impulsar una agenda comercial, restablecer relaciones diplomáticas y permitir que Bolivia actúe como intermediario de servicios con Brasil.
Rodrigo Paz intentó implementar una política internacional hacia Chile basada más en expectativas que en realidades, sobrestimando el alcance de sus iniciativas. Sin embargo, los actores internacionales responden a intereses propios, y Bolivia no constituye un factor determinante en sus agendas.
Países como Perú, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay no dependen de Bolivia para su desarrollo; sin una necesidad concreta, resulta inviable plantear ofertas. Este es un principio básico de las relaciones internacionales.
¿Qué abordaron Kast y Paz en sus encuentros? No se conoce con precisión, pero lo evidente es que no se concretó ningún acuerdo.
Con relación a la construcción de muros en la frontera, las declaraciones de Kast resultan ofensivas para los bolivianos. Detrás de estas medidas subyace la idea de proteger su territorio de un supuesto “acoso externo”, donde bolivianos y peruanos serían asociados con una “migración delictiva” o con amenazas a la soberanía y la seguridad chilena. Desde instancias gubernamentales chilenas se ha señalado, además, que la frontera con Bolivia es fuente de tráfico de armas, drogas y migración ilegal.
En cuanto al tráfico de armas, es necesario hacer precisiones basadas en datos verificables. En marzo de 2023, agentes de Aduana y del Ejército de Chile realizaron operativos que derivaron en la incautación de nueve camiones –cuatro de ellos bolivianos–, además de 306 rifles de aire comprimido calibre 5,5, 60 pistolas del mismo calibre; 1.245 fardos de ropa usada, 50 toldos, 600 discos duros, 564 chaquetas de pluma, 16 computadoras y 15 teléfonos móviles. Así lo informó el director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno. El decomiso tuvo lugar en Colchane, en la frontera con Bolivia y el contrabando tenía como destino territorio boliviano.
Un año antes, en 2022, se detectó un cargamento de piezas de armas de guerra en el aeropuerto de Antofagasta procedente de Estados Unidos, cuyo destino final presuntamente era Bolivia. No obstante, no existen registros concluyentes de tráfico de armas desde Bolivia hacia Chile, por lo que tales acusaciones carecen de sustento suficiente.
En materia de drogas, es evidente que existe un flujo de cocaína y marihuana hacia Chile y, en sentido inverso, el ingreso a Bolivia de vehículos robados, mercadería ilegal y contrabando. Se trata, por tanto, de un fenómeno bidireccional que involucra responsabilidades compartidas entre ambos Estados y sus funcionarios.
Respecto a la migración venezolana, corresponde a las autoridades chilenas ejercer los controles pertinentes. En el caso de la migración irregular boliviana, esta se compone principalmente de trabajadores temporales que realizan labores agrícolas en Chile y retornan posteriormente a sus comunidades de origen.
Lamentablemente, ni el gobierno de Paz ni el canciller Fernando Aramayo han ofrecido una explicación clara sobre el fracaso del intento de restablecer relaciones diplomáticas con Chile, ni han aclarado las acusaciones relacionadas con el tráfico de armas o actividades migratorias delictivas.
Volviendo al impacto estratégico de las zanjas, muros y torres de control, estas medidas representan, en los hechos, la finalización del denominado Plan Alpaca. Augusto Pinochet, en su obra Geopolítica, definía a Bolivia como un “error geográfico” y sostenía que Chile, como “Estado vivo” (heartland), debía expandirse sobre su hinterland, aludiendo a Bolivia. En este marco, planteaba escenarios de fragmentación territorial, como la “polonización” o “balcanización”.
Los conceptos de heartland (tierra núcleo) y hinterland (zona de influencia o periferia) pertenecen al ámbito geopolítico: el primero alude a un núcleo estratégico, rico en recursos y de difícil acceso; el segundo, a las regiones periféricas que lo abastecen y conectan.
Durante el denominado “Abrazo de Charaña” entre los regímenes de Pinochet y Banzer, se discutió un eventual intercambio territorial. Mientras Banzer buscaba un corredor hacia el océano Pacífico, Pinochet proyectaba acceder a la región de los Lípez, con proyección hacia los salares y las aguas del lago Titicaca.
En ese contexto, el Plan Alpaca habría constituido una estrategia orientada a fomentar dinámicas separatistas en Bolivia, interpretación atribuida al doctor Aguilar Peñarrieta.
Desde una lectura alternativa, las políticas actuales de Kast podrían interpretarse como un repliegue estratégico de Chile dentro de sus propias fronteras: una priorización del control territorial antes que la expansión geopolítica. En ese sentido, Chile asumiría un rol de resguardo interno, alejándose de la lógica expansiva atribuida al ideario pinochetista.
Bajo esta perspectiva podría sostenerse que dichas políticas implican el cierre definitivo del Plan Alpaca, lo que, en términos teóricos, reduciría los riesgos geopolíticos para Bolivia y contribuiría a un escenario de mayor estabilidad.
Manuel Morales Alvarez es investigador social.
