Lo ocurrido en Venezuela no admite celebraciones fáciles ni consignas cómodas. Quien hoy intente vender la intervención de EEUU como un acto de liberación democrática incurre en la misma deshonestidad intelectual que durante años sostuvo al régimen que dice combatir. La democracia no llega en aviones militares ni se implanta desde un portaviones; cuando eso ocurre, lo que se inaugura no es libertad, sino tutela.
Dicho esto, tampoco es honesto fingir sorpresa. El régimen de Nicolás Maduro dejó claro desde hace años que no pensaba abandonar el poder por vías pacíficas. Lo dijeron sus dirigentes, lo ejecutaron sus fuerzas de seguridad, lo confirmó la existencia sistemática de presos políticos, ejecuciones extrajudiciales y una maquinaria de persecución que convirtió al Estado en un aparato de castigo. La dictadura venezolana cerró todas las salidas institucionales y convirtió la resistencia cívica en una apuesta casi suicida.
La tragedia comienza cuando esa realidad es utilizada como coartada para violar el derecho internacional y reinstalar una lógica que América Latina conoce demasiado bien: la idea de que, cuando un país es incapaz de resolver su tragedia interna, una potencia externa puede hacerlo por él. No para democratizarlo, sino para administrarlo. No para liberar a su sociedad, sino para estabilizarla en función de intereses ajenos.
El resultado es perverso. Maduro puede enfrentar procesos judiciales, pero el madurismo no ha sido derrotado. Al contrario, su núcleo duro permanece, reciclado, negociando cuotas de poder, gestionando la transición y garantizando “orden”. La paradoja es brutal: el régimen que destruyó la democracia venezolana ahora se convierte en su supuesto garante, bajo la supervisión de Washington.
Aquí es donde el discurso democrático se vacía por completo. Durante años se insistió en que las elecciones eran la salida, que julio de 2024 marcaría un punto de inflexión, que el liderazgo opositor –encarnado en María Corina Machado y respaldado electoralmente por Edmundo González– abriría una ruta clara hacia la reconstrucción institucional. Hoy esa promesa luce ingenua. La Venezuela que emerge no es una democracia en transición, sino un país administrado por los mismos, con otros padrinos.
EEUU nunca apostó realmente por ese escenario. Una transición liderada por la oposición implicaba costos que Washington no estaba dispuesto a asumir: presencia militar prolongada, control territorial, reconstrucción institucional profunda. Demasiado caro, demasiado incierto. Mucho más funcional era negociar con quienes ya controlaban el Estado. El pragmatismo, una vez más, derrotó al discurso de los valores.
Al final, lo que queda no es una victoria moral, sino una advertencia. Cuando la democracia se subordina al pragmatismo geopolítico pierde su fuerza transformadora y se convierte en retórica vacía. Venezuela no solo enfrenta el peso de su dictadura pasada, sino el de una nueva normalidad en la que la libertad es administrada y la justicia selectiva. Y eso debería incomodar a toda la región.
Sofía Cordero Ponce es politóloga y docente universitaria.
