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Más allá del simulacro | 06/02/2026

Miedo, persecución y una ciudadanía que despierta en EEUU

Sofía Cordero Ponce
Sofía Cordero Ponce
La persecución de migrantes en EEUU bajo la administración de Donald Trump ha llegado a niveles que muchos observadores califican como una crisis humanitaria y política. La ampliación masiva de detenciones, la expansión del sistema de deportación y la criminalización de la migración forman hoy una política estructural que afecta a cientos de miles de personas –incluyendo familias y niños– y ha producido protestas ciudadanas en múltiples ciudades del país. 

Desde el inicio de su segundo mandato, la administración Trump ha fortalecido agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, impulsando redadas y deportaciones aceleradas, incluso de personas sin antecedentes penales, para forzar la rendición de sus casos migratorios o su expulsión bajo presión de detención indefinida. 

Este enfoque genera no solo un clima de miedo entre comunidades migrantes, sino una profunda violación de derechos fundamentales: detenciones sin acceso adecuado a procesos judiciales, condiciones inhumanas en centros de detención y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y civiles. 

Las consecuencias humanas son palpables: miles de migrantes temen enviar a sus hijos a la escuela por miedo a redadas, muchas familias evitan hospitales aun con urgencias médicas, y la presencia de operativos federales en ciudades enteras ha suscitado protestas masivas y paros generales en defensa de las libertades civiles. 

Estas protestas –que han unido a sectores muy diversos dentro  de EEUU en rechazo a las tácticas de inmigración– muestran que la persecución migratoria ya no es un problema que solo afecte a "otros": es un síntoma de una lógica estatal basada en el miedo, la exclusión y la excepcionalidad permanente.

Este contexto dramático obliga a mirar más allá de la política interior de EEUU y a reconocer que estas dinámicas están conectadas con un patrón histórico de hegemonía estadounidense en el continente.

El concepto clásico de la Doctrina Monroe (1823), formulada como un rechazo a la injerencia europea en América pero también como una declaración de dominio hemisférico estadounidense, no está muerto: sencillamente ha evolucionado. Hoy se habla coloquialmente de una "Doctrina Donroe", una política que combina afirmaciones de supremacía nacional, control migratorio estricto y una percepción de la región como “zona de interés” estadounidense que no admite cuestionamientos.

Esa lógica no se limita a la migración. La administración Trump ha mostrado ambiciones de influencia geopolítica que recorren desde amenazas implícitas hacia Canadá y su soberanía hasta presiones sobre gobiernos latinoamericanos –incluido el intento de condicionar políticas internas de países como Colombia bajo Gustavo Petro– y la intervención directa en Venezuela. Aunque estas dinámicas tienen matices diversos, todas comparten un hilo común: la reafirmación de la autoridad estadounidense mediante la coerción, el uso de la fuerza y la exclusión, en lugar de la diplomacia y la cooperación.

En este marco, la ausencia de posturas críticas y firmes de los gobiernos latinoamericanos ante la persecución de migrantes no es un accidente ni un gesto prudente de no injerencia. Es una forma de complicidad silenciosa con políticas que afectan directamente a millones de ciudadanos de la región. 

El silencio de gobiernos de todas las ideologías frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la criminalización de la migración equivale a una renuncia ético-política: se delega en la potencia hegemónica la gestión de una problemática que es intrínsecamente hemisférica.América Latina no puede seguir callando. La tradición histórica de resistencia y solidaridad en el continente, marcada por flujos migratorios forzados, exilios y desplazamientos, exige que los gobiernos asuman posturas claras. 

El mundo, y en particular nuestra región, debe poner alarmas y atención a este renacimiento de políticas hegemónicas que evocan viejas doctrinas, pero con mecanismos contemporáneos de control, exclusión y persecución.

Sofía Cordero Ponce es politóloga y docente universitaria.


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