El gobierno ha empezado su gestión tomando decisiones rápidas y poco graduales en materia económica, especialmente en torno a los subsidios.
La primera señal fue el manejo del desabastecimiento de gasolina y diésel: un problema heredado, complejo y aún sin una solución clara, pero frente al cual el gobierno mostró la intención de desmontar estructuras corruptas y replantear el rol del Estado.
Ahora, el foco se ha desplazado al sector agrícola, con la eliminación de la subvención a la harina y, junto a ella, de las subvenciones que respaldaban la producción de aves y cerdos.
Esta decisión ha detonado el aumento inmediato del precio del pan, un golpe directo a la economía popular.
En toda América Latina, la eliminación de subsidios se ha convertido en parte del debate sobre cómo redefinir el modelo económico y liberar recursos para políticas prioritarias. Pero cada subsidio tiene dos dimensiones. Por un lado, es cierto que muchos han sido capturados por redes de corrupción, despilfarro y clientelismo, especialmente en empresas públicas y sistemas de comercialización manejados durante años bajo lógica partidaria. Emapa -creada por el MAS y hoy intervenida- es el ejemplo más evidente.
La corrupción sistemática hacía insostenible el esquema tal como funcionaba.Sin embargo, la otra dimensión es la que viven día a día las familias bolivianas. El pan de batalla es un alimento esencial para los sectores populares del occidente, y su encarecimiento ya se siente en los hogare.
Lo mismo ocurrirá si suben los precios del pollo o la carne de cerdo. Cuando se afecta la comida diaria, no solo se altera la economía doméstica: se vulnera un sentido profundo de dignidad.
Por eso, la defensa del pan puede volverse símbolo de resistencia frente a la inflación y al deterioro de la vida.
Hoy el gobierno se apoya en la justificación moral de haber enfrentado la corrupción, pero políticamente comete un error al eliminar subsidios que, sin desvíos, representaban una cifra manejable si se compara con su impacto social.
Muchos de quienes hoy protestan son precisamente sectores populares desencantados con el MAS que le dieron el voto al nuevo gobierno esperando un cambio, no una carga adicional.
En lugar de confrontación, Bolivia necesita diálogo. Y el gobierno tiene dos caminos respecto a Emapa: mantenerla, pero saneada, eficiente y transparente, oS eliminarla, siempre acompañando esa decisión con mecanismos de focalización que protejan a los más pobres.
Lo que no puede permitirse es un vacío que deje a millones a merced de mercados inestables y precios desbordados.
Las subvenciones no son, en sí mismas, el problema. Las universales y opacas generan corrupción; las focalizadas, bien administradas, son fundamentales en países con desigualdad profunda.
El pan de batalla no debe subir. El gobierno debe distinguir entre combatir mafias y castigar a la gente. Esa diferencia marcará su futuro politico.
