América Latina atraviesa un momento particular en su relación con Estados Unidos, marcado por el intento de la administración de Donald Trump de reorganizar el mapa político de la región a partir de afinidades ideológicas.
La convocatoria a la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, que reúne exclusivamente a gobiernos alineados con Washington, muestra con bastante claridad ese objetivo: construir un bloque político que comparta una misma visión sobre seguridad, migración y relaciones internacionales, especialmente frente al avance de China en la región.
Este contexto no es nuevo en la historia latinoamericana, pero sí presenta algunas particularidades. Por un lado, hay una coincidencia ideológica entre varios gobiernos de derecha o centroderecha, lo que facilita este tipo de articulación. Por otro, esa coincidencia se traduce en políticas concretas que replican enfoques promovidos desde Estados Unidos, en algunos casos sin mayor adaptación a las realidades locales. Esto plantea interrogantes sobre hasta qué punto los países están tomando decisiones en función de sus propios intereses o respondiendo a una lógica externa.
Chile es un ejemplo claro de esta tendencia. El gobierno de José Antonio Kast impulsa ahora una política migratoria centrada en el control físico del territorio, con la construcción de zanjas, el refuerzo de barreras y la militarización de la frontera norte.
Este enfoque se inspira directamente en las políticas promovidas por Trump, donde la migración se entiende principalmente como un problema de seguridad. Sin embargo, en el caso chileno, surgen varias tensiones. Por un lado, las cifras muestran que los ingresos irregulares ya venían disminuyendo. Por otro, estas medidas afectan dinámicas económicas y sociales consolidadas, como el intercambio cotidiano entre Arica y Tacna.
Es decir, se aplican soluciones de alto costo político y económico a un problema que ya mostraba cierta estabilización, lo que sugiere que el componente simbólico y político de la medida es más importante que su eficacia real.
Ecuador, bajo el gobierno de Daniel Noboa, refleja un tipo de alineamiento distinto, más vinculado a la seguridad y la política exterior. En los últimos meses, el país ha intensificado su cooperación con Estados Unidos, permitiendo operaciones conjuntas contra organizaciones criminales.
Esto ha sido presentado como una respuesta necesaria frente al avance del crimen organizado, pero también implica un cambio relevante en la forma en que el Estado ecuatoriano gestiona su soberanía en materia de seguridad. La participación directa de Estados Unidos en operaciones dentro del territorio nacional introduce una dinámica que no es común en la región y que plantea preguntas sobre sus implicaciones a mediano plazo.
A esto se suma la dimensión económica. La reciente escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia muestra cómo las tensiones políticas pueden trasladarse rápidamente al ámbito comercial, afectando exportaciones, empleo y cadenas productivas.
En paralelo, el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos presenta beneficios limitados y temporales para Ecuador, mientras compromete al país a realizar concesiones más amplias y permanentes en áreas sensibles. Esto refuerza la idea de una relación desigual, donde las condiciones no favorecen a Ecuador de la misma manera.
En conjunto, lo que se observa es un proceso en el que varios países de la región están ajustando sus políticas internas y externas en función de una agenda promovida desde Estados Unidos. Esto no significa que no existan intereses compartidos, especialmente en temas como seguridad o comercio, pero sí plantea la necesidad de evaluar con mayor cuidado los costos y beneficios de ese alineamiento.
La región enfrenta así un desafío importante: encontrar un equilibrio entre mantener relaciones estratégicas con Estados Unidos y preservar márgenes de autonomía para tomar decisiones acordes a sus propias realidades. Sin ese equilibrio, existe el riesgo de que América Latina termine actuando más como un “espacio de influencia” que como un conjunto de actores con capacidad de definir su propio rumbo.
Sofía Cordero Ponce es politóloga y docente universitaria.
