Ni Tuto ni Rodrigo tienen una estrategia antidrogas

En Bolivia tenemos un Estadonarco, es decir, una estatalidad involucrada en el fomento a la actividad ilícita (desde el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral). El Servicio de Registro Cívico (Sereci) es una entidad pública dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y curiosamente se conoce de narcotraficantes con certificados de nacimiento falsos, lo mismo de cédulas de identidad otorgadas por el Segip.

Jueces liberan a narcos con regularidad; el Legislativo elabora leyes de fomento a los cultivos ilícitos (Ley 906) y, finamente, tenemos un gobierno absolutamente inoperante en la lucha contra los productores y traficantes de drogas.

En Bolivia es pujante el narcotráfico que transforma la hoja excedentaria de coca en estupefacientes, en 17 provincias de cuatro departamentos, incluidas áreas protegidas, parques nacionales y territorios indígenas. El país tiene “fronteras porosas” sin ningún tipo de control aéreo, los 13 radares ya comprados por el gobierno nunca fueron instalados y no funcionan.

Por acción cómplice de las autoridades, el territorio patrio, desde hace muchos años atrás, se ha convertido en santuario de narcotraficantes extranjeros.

Si bien, el breve diagnostico expuesto refleja la gravedad de un problema de grandes magnitudes económicas, sociales, jurídicas e institucionales; ahora resulta que los dos candidatos a la Presidencia no presentan ningún plan de lucha antidrogas.

Tuto Quiroga sostiene una narrativa de “retorno de la DEA” y la apertura del país a la policía federal del Brasil para encubrir la ausencia de un programa antinarcóticos. Esta alocución vulnera la soberanía nacional, es distraccionista y no es realizable.

La presencia de la DEA en Bolivia se dio en el contexto de la “falsa guerra contra las drogas” propiciada por Estados Unidos, así como el Plan Colombia y la iniciativa de “coca cero”, en la década de los 90 del siglo anterior. Resulta que la DEA tenía el control absoluto de la fuerza antidrogas de Bolivia. No sólo tenía una tarea de asesoramiento o de brindar información de inteligencia, sino que durante esos años (1988-2008), la DEA pagaba un segundo salario o doble sueldo a todo el personal policial, militar y civil involucrado en las acciones contra los traficantes, garantizando el acceso prioritario a la información y fidelizando a los funcionarios a la entidad extranjera por encima de los mandos policiales antidrogas nacionales.

Según datos estadísticos, los cultivos de hoja de coca durante el “reinado de la DEA” fueron de los más altos (1995-1997), el año 1998 hubo una reducción significativa:

Año	Hectáreas cultivadas	Hectáreas erradicadas	Total hectáreas con hoja de coca
1995	54.098	5.498	48.600
1996	55.612	7.512	48.100
1997	52.826	7.026	45.800
1998	15.421	11.621	3.800
1999	38.799	16.999	21.800
2000	22.553	7.953	14.600
2001	29.335	9.435	19.900
2002	36.253	11.853	24.400
2003	33.687	10.087	23.600
2004	36.137	8.437	27.700
2005	31.473	6.073	25.400
2006	32.570	5.070	27.500
2007	35.169	6.269	28.900
2008	35.983	5.483	30.500
2009	37.241	6.341	30.900
2010	39.200	8.200	31.000
2011	37.709	10.509	27.200
2012	36.344	11.044	25.300
2013	34.407	11.407	23.000
2014	31.544	11.144	20.400
2015	31.220	11.020	20.200
2016	29.677	6.577	23.100
2017	31.737	7.237	24.500
2018	34.274	11.174	23.100
2019	34.705	9.205	25.500
2020	31.577	2.177	29.400
2021	39.958	9.458	30.500
2022	40.160	10.260	29.900
2023	41.302	10.302	31.000

Fuente: Elaboración propia con en base a datos de la DEA y el Sistema de Monitoreo Nacional apoyado por UNODC.

La cocaína boliviana se destina a Brasil, que es el segundo consumidor mundial de este producto. También se envía a Argentina, Chile y Paraguay. El mercado de Estados Unidos es demasiado lejano para la droga boliviana, pues la geografía hace que Colombia y Perú sean sus proveedores naturales. ¿Cuál el costo-beneficio para la DEA por operar en Bolivia si Estados Unidos no es afectado directamente por la droga hecha en Bolivia?

Merece especial atención la labor de Carabineros de Chile en el proceso de lucha contra el narcotráfico hormiga (burros o tragones) que va desde Cochabamba hasta ciudades del norte chileno. En el vecino país hay más de 1.400 bolivianos detenidos por narcotráfico. De necesitarse una colaboración eficaz, esta policía debería ser parte de la propuesta de Tuto Quiroga, que no la menciona para nada.

En el Caso de Rodrigo Paz, su propuesta señala que la “DEA está aquí, nunca se fue”, un tema sobre el cual debería dar una explicación a la opinión pública y a las autoridades policiales. Sin embargo, el “núcleo” de su propuesta es nada menos que “legalizar la marihuana con fines medicinales” para evitar la formación de un “segundo Chapare” sin control.

Lo único que ha generado el anuncio de Rodrigo Paz es una votación importante en las zonas de cultivos de marihuana denominada “México Chico” a favor de su candidatura. El presidenciable del PCD deberá explicar cómo la legalización de la marihuana se realizaría, en qué proporciones, para que fines, quienes procesarían la marihuana, qué mecanismos de control se desarrollarían, cuál el impacto económico de su propuesta, cómo dejarían de ser ilegales estos cultivos que forman parte de las listas internacionales de sustancias controladas. Cómo modificaría la Ley 1008 para desalojar el delito de tráfico de marihuana del sistema penal boliviano.

Por lo expuesto, queda claro que los candidatos son demagógicos en este tema y que no cuentan con estrategia alguna para encarar este problema, que es de dimensiones nacionales y de extrema urgencia su resolución.

Manuel Morales Alvarez es investigador.