En Bolivia, la subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder persiste como un andamiaje patriarcal y religioso que nos juzga con la misma vara implacable: cualquier error en el ámbito público nos cuesta el linchamiento social y mediático.
Hoy, ante cifras de feminicidios y alarma política contra mujeres en cargos estatales, nuestras declaraciones o testimonios nos arrastran a hogueras mediáticas y calvarios públicos, como los vividos por candidatas en elecciones pasadas, en las presentes contiendas subnacionales o denunciantes de violencia que enfrentan la revictimización en redes o tribunales.
Casos como el de Andrea Barrientos, quien renunció a su cargo tras críticas de líderes políticos de Santa Cruz y Beni por sus declaraciones sobre la implementación del 50/50 –interpretadas como centralistas–, o el de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Durby Blanco, cuestionada por afirmar que decidió no tener hijos para evitar dedicar años al trabajo doméstico y cumplir sus sueños, vinculando así la maternidad con una limitación para los proyectos personales.
Desde esta perspectiva, sufrimos la expulsión del mundo público –ese supuesto paraíso patriarcal, machista y misógino– para caer en el mismo infierno al que fueron condenadas Lilith, las brujas quemadas en la hoguera o Eva por atreverse a probar la manzana prohibida de la sabiduría y desafiar los mandatos “divinos”.
Pero estos castigos sociales, culturales y mediáticos contra las mujeres son inocuos ante expresiones inapropiadas, misóginas e incluso neófitas de candidatos o autoridades. El acoso y la violencia sexual siguen naturalizados, así como las violaciones de superiores a subalternas en contextos públicos, la expoliación de recursos estatales, el ostentoso lujo con dineros públicos o ajustes de cuentas con prácticas extorsivas y contrarias a las normas.
Este telón de fondo no puede ignorar las conquistas de los derechos humanos logradas por las mujeres que –de manera sincrónica en todo el mundo desde el siglo XVIII– han encabezado luchas emancipatorias, no como concesiones generosas del patriarcado, sino como victorias irrenunciables.
Bolivia no ha estado exenta: aunque su sistema político ha sido y sigue estructurado sobre la naturalización de la desigualdad de género, el movimiento feminista –el más importante desde entonces, que aún genera repelús o espanto– ha marcado hitos globales. La primera ola luchó por la ciudadanía, logrando derechos civiles y políticos pese a una presencia marginal en el Estado, además de tenues derechos laborales, sin que se extinga la explotación de las mujeres que deben realizar doble o triples jornadas de trabajo dentro y fuera del hogar.
Las olas del siglo XX y XXI, con orientación política explícita, visibilizaron la desigualdad en sociedad y el acceso al poder, impulsando la lucha contra la exclusión de espacios estatales con nuevos cauces hacia la igualdad política.
Nuestra historia se enorgullece de mujeres que irradiaron fuerza para transitar mayores márgenes de igualdad, aunque insuficientes: seguimos subrepresentadas en espacios de representación política pese a la nueva Constitución –producto de intensas movilizaciones sororas articuladas entre mujeres urbanas y rurales– que impulsó cuotas de participación y la Ley de Paridad.
Sin embargo, enfrentamos cotidianamente embates misóginos ante avances legislativos tenues y el fetichismo del cumplimiento formal de normas por un sistema judicial ímprobo, corroído por corrupción y desesperanza, con infiernos procesales eternos como los que tuvo que atravesar doña Juana Quispe y su familia ,víctima de un feminicidio que silenció a una líder indígena radiante.
Por ello, mujeres y hombres comprometidos con horizontes comunes impulsamos acciones de exigibilidad para que el 50/50 y la paridad sean realidad en la representación política, económica y social, incluidas las tareas de cuidado. Ambos procreamos, ambos cuidamos la reproducción de la vida, desvelándonos por las wawas que lloran, porque ese trabajo invisible es el motor de la economía doméstica y, en sumatoria, el cimiento de la economía nacional.
¡Basta de vidas devaluadas en ámbitos políticos y de existencias privadas convertidas en ruleta rusa! Basta de liderar índices indignos de violencia: 19 feminicidios y 11 infanticidios en los primeros 40 días de 2026 –según datos de la Fiscalía General–, tres cada 10 días, según el Sepmud, y dos tentativas por cada asesinato , cada vez más planificados y brutales (Coordinadora de la Mujer).
La violencia patriarcal no es un mito del pasado, sino una denuncia cotidiana de agresiones machistas, agravada por fallas judiciales que perpetúan el ciclo misógino. Queremos que la presencia femenina en espacios públicos supere la paridad numérica: exige democratizar el sistema político, redistribuir el poder y garantizar autonomía plena con probidad ética.
¿El desequilibrio mediático y patriarcal limita las candidaturas femeninas en las Elecciones Subnacionales 2026? ¡Absolutamente! Aunque la paridad legislativa avanza –53,9 % en concejos municipales y 53 % en asambleas departamentales–, las mujeres solo representan el 18, 8% en postulaciones a alcaldías y el 12 % a gobernaciones, concentrando el Poder Ejecutivo en manos masculinas.
¡Sigamos rompiendo el techo de cristal! Bolivia necesita una política con mayor ética y compromiso inquebrantable con los derechos humanos.
Patricia Flores Palacios es Mgs en ciencias sociales y feminista queer.
