El poder de la infamia

Detrás de los templos, las sotanas y los púlpitos se tejen los hilos más perversos del patriarcado, del machismo y la misoginia: la violencia sexual contra menores de edad; más aún, a pesar de que los derechos humanos están tipificados y las retóricas del “vivir bien” y valores cristianos, la sociedad, en su infamia, suele culpar a las víctimas por el atrevimiento de denunciar las actitudes que atentan contra la dignidad humana. ¿Cómo se puede culpar al cuerpo violado de la menor que alza su voz, cuando el verdadero crimen es el silencio cómplice que perpetúa la crueldad?

La violencia sexual traducida en la violación de los cuerpos de niñas, niños y adolescentes, es una práctica primitiva que, a pesar de siglos de civilización, no se ha erradicado. Ha permeado las bases mismas de la dominación, doblegando la voluntad humana como el rugido de la opresión y sigue vigente en todos los sistemas políticos, económicos y sociales. ¿Cuántos siglos más toleraremos que la dignidad de los más vulnerables sea pisoteada por elites que se creen intocables?

Vemos con estupor la doble moral del pastor peruano radicado en Santa Cruz, famoso tras contraer matrimonio con una hermosa influencer; el caso emerge como una pequeño ejemplo de lo que también pasa en las elites del mundo, un continuum histórico en que se sigue escribiendo una historia indigna. Las elites han instalado desde tiempo inmemorial redes protección de violadores, proxenetas, traficantes de personas e incluso ritos caníbales. 

Están involucradas las élites políticas y económicas del “primer mundo”, como lo demuestran los archivos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, como quienes representan a la industria del espectáculo global, al mundo académico, a las empresas de la revolución digital, a las grandes farmacéuticas y a la industria de la guerra. En un entramado de poder macabro, erigen imperios de infamia en los que los derechos humanos no existen ni importan. 

Más allá de sistemas políticos o religiosos, la violación a menores, el estupro y la violencia misógina fortalecen indignamente los delitos contra menores en Bolivia. ¿De qué sirven la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece en su artículo 34 que los Estados deben proteger a niños y adolescentes de toda forma de explotación y abuso sexual? ¿Y la Constitución Política del Estado y código penal, con sus sanciones para quien abusan sexualmente? Todo eso se convierte en papel mojado, en letra muerta que se lleva el viento. 

En este escenario, hay que destacar la lucha incansable de Brisa Angulo, quien exponiendo su propia seguridad siendo una adolescente abusada peleó por castigar a violadores, logrando tras más de una década una sentencia importante de la CIDH. Esta ordenó a Bolivia adecuar su normativa interna, incluyendo eliminar el delito de estupro, que establece penas bajas, además de tipificar de forma específica el incesto.

La lucha de Brisa y de cientos de mujeres del país hace que mantengamos la esperanza. Aunque la justicia siga vilipendiando a las más débiles, seguiremos luchando por una reforma integral de la justicia para garantizar la protección de menores y de las mujeres y la sanción efectiva de delitos contra ellas y ellos. Y luego habrá que avanzar no solo para castigar sino para que estos casos vayam reduciéndose en cantidad y, ojalá, desaparezcan. Mientras tanto, exigimos apoyo a las víctimas: es esencial brindarles protección, asegurando acceso a justicia, salud y ayuda psicológica. 

Seguiremos levantando la voz para que ningún pastor abuse de menores. Seguiremos alzándola para que ningún cura viole y que decenas de casos de pederastia sigan siendo sistemáticamente silenciados y encubiertos. 

En ese sentido, no podemos olvidar el macabro modus operandi del jesuita español Alfonso Pedrajas Moreno, quien abusó de al menos 85 niños y adolescentes en el colegio Juan XXIII de Cochabamba entre los años 70 y 80; su diario personal, descubierto después de su muerte, revela un patrón estremecedor de explotación y abuso de menores. Otro caso, el del cura Luis María Roma, quien abusó de decenas de niñas en las comunidades indígenas de Trinidad y Pampa, en Yungas, tampoco logró sanciones en vida al culpable.

Pero tampoco podemos olvidar los casos denunciados contra un expresidente, las agresiones dentro de gobierno municipales o las atribuidas a dirigentes sindicales, políticos o empresariales. Contra ellos elevamos nuestra voz.

Patricia Flores Palacios es magister en ciencias sociales y feminista queer.