La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 3 de enero, no es sólo un episodio más en la larga confrontación entre Washington y Caracas; es la puesta en escena de la Doctrina Monroe 2.0, reescrita por el “Corolario Trump”, que reivindica el derecho de Estados Unidos a “tomar Occidente” y a rediseñar por la fuerza el mapa político de América Latina bajo el viejo paradigma “América para los americanos”.
La “Operación resolución absoluta” combinó ataques aéreos masivos, bloqueo naval y un asalto helitransportado que terminó con la captura del mandatario venezolano, en Fuerte Tiuna, y su traslado a la base de Stewart, en Nueva York, bajo cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, tráfico de fentanilo y uso de armas químicas.
El New York Times y otros medios informan que al menos 40 personas murieron durante el operativo –miembros del círculo de seguridad presidencial, efectivos de la Guardia de Honor, presuntos integrantes del Cartel de los Soles y civiles en zonas aledañas– abriendo un debate sobre la intervención por encima de la soberanía de los pueblos y el respeto al derecho internacional de los derechos humanos.
Esta operación profundiza la crisis de una arquitectura mundial de protección de derechos humanos ya erosionada. El Consejo de Seguridad queda paralizado por vetos cruzados y la Asamblea General de la ONU reduce su acción a resoluciones morales, casi inocuas y sin mecanismos de cumplimiento; mientras las principales capitales miden el costo político de la condena, no la protección efectiva de las víctimas.
El mensaje que envía Trump al capturar a un jefe de Estado en territorio extranjero es que el principio de soberanía puede ceder ante la lógica de seguridad nacional de una superpotencia que se asume con derecho a intervenir en su “patio trasero” y prima la lógica imperial para desarticular el eje Rusia–China–Irán en América Latina, reordenar el mercado petrolero y expandir su influencia sobre el Triángulo del Litio, la explotación de tierras raras, entre otros recursos estratégicos.
La prensa mundial muestra una Venezuela fracturada entre el alivio por el fin de un régimen autoritario y el temor a una transición tutelada desde Washington. La liberación de presos políticos, las manifestaciones de júbilo en barrios antes controlados por el chavismo y las promesas de una “administración temporal” estadounidense conviven con la incertidumbre sobre quién gobernará, qué papel jugarán los militares y cómo se reacomodarán actores regionales (Brasil, México, Colombia) ante un precedente que legitima el uso de la fuerza extraterritorial en nombre de la “guerra contra las drogas”.
Las tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos se intensifican: Moscú denuncia un “secuestro” y la pérdida de un aliado clave; Pekín exige protección para sus inversiones energéticas y contratos; Washington insiste en que ha liberado a la región de un “narco‑régimen”, mientras refuerza la percepción de que América Latina vuelve a ser tratada como patio trasero de los imperios.
La Unión Europea, por su parte, emite comunicados que llaman a la contención, a una transición ordenada y al respeto del derecho internacional, critica el uso excesivo de la fuerza cuando el costo reputacional es bajo.
La ONU, en un rol casi decorativo, dilata su accionar y el sistema multilateral queda atrapado en un largo y cuestionable vía crucis burocrático –reuniones a puerta cerrada, borradores de resoluciones, vetos cruzados– que desembocará, semanas después, en comunicados moralmente solemnes pero políticamente inocuos, abiertamente ignorados por las potencias que deciden sobre la guerra y la paz. Mientras se mantienen inalterables acuerdos comerciales, venta de armas y cooperación en control migratorio con los mismos actores que vulneran derechos humanos.
Mientras se discute la legalidad del ataque a Caracas, el mundo sigue asistiendo en tiempo real al genocidio en Gaza, donde diversas fuentes cifran en más de 67.000 a 70.000 las personas palestinas muertas desde octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños.
En Sudán, la ONU y otras agencias reportan miles de civiles asesinados –sólo en la primera mitad de 2025 se verificaron al menos 3.384 muertos–, en un conflicto que ha forzado el desplazamiento de más de 13 millones de personas y donde se documentan ejecuciones, violencia sexual y ataques a infraestructura humanitaria.
En Ucrania, la Oficina de Derechos Humanos han verificado casi 13.000 civiles muertos y más de 30.000 heridos desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022. Cifras que probablemente se quedan cortas frente a la realidad de un país devastado y con unos 13 millones de personas en necesidad humanitaria.
La lista podría extenderse a Yemen, Tigray, Myanmar o el Sahel, donde guerras “periféricas” alimentan el negocio de las armas y garantizan la expoliación y el suministro de minerales críticos, hidrocarburos y mano de obra barata a las economías centrales.
La captura de Maduro no sólo reafirma la voluntad de Estados Unidos de ejercer un liderazgo hegemónico duro en su esfera de influencia; también muestra cómo Rusia y China utilizan, a su manera, la misma lógica imperial: Moscú invadiendo Ucrania para conservar su profundidad estratégica; Pekín expandiendo su influencia económica y militar en Asia, África y América Latina, asegurando acceso a litio, cobalto, tierras raras y rutas marítimas.
Mientras el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad emiten resoluciones después de largos procesos de negociación, que con frecuencia son ignoradas por las potencias imperiales, en una muestra de desprecio hacia el entramado multilateral construido tras 1945, el desafío es no quedar atrapados en esta lógica de imperios en tensión.
La experiencia venezolana –como antes las dictaduras del Cono Sur, las intervenciones en Centroamérica o las guerras de recursos en África– muestra que cuando la geopolítica se impone a los derechos humanos, ni la soberanía ni la democracia salen indemnes.
La operación de captura de Maduro, las decenas de miles de muertos en Gaza, los miles en Sudán y Ucrania han transformado la tragedia en un espectáculo “en vivo y en directo”, expresión máxima del devalúo del sistema de protección internacional de derechos humanos; mientras los patios traseros de los imperios siguen siendo espacios de experimentación militar, expoliación de recursos y sacrificio de vidas consideradas prescindibles.
La reconstrucción de un orden realmente multilateral que ponga límites efectivos a todas las potencias –sean Estados Unidos, Rusia, China o el poder que emerja mañana– y reconozca la agenda de los pueblos del sur global, aparece no como una opción idealista, sino como una urgente condición de supervivencia geopolítica.
Patricia Flores Palacios es Mgs en ciencias sociales y feminista queer.
