Argentina a la deriva

La evolución económica, social y política de Argentina es preocupante. En la primera parte de este artículo muestro algunos datos económicos, en la segunda, reviso los enfoques aplicados para hacer frente a la crisis con una explicación del porqué parecen ser erróneos y sus consecuencias sociales.

Argentina sufre una inflación mensual persistente de dos dígitos, llegando el año pasado a 250%. El crecimiento de la economía es negativo. En 2023, la deuda pública superó los 400.000 millones de dólares (el 88,4% del PIB). Se estima en 300 mil millones de dólares el valor de los activos que los argentinos poseen en el extranjero. La tasa de desempleo llegó a 7% el año 2023 con tendencia a crecer aceleradamente. La pobreza afecta a más de la mitad de la población.

El problema que más preocupa es la inflación. Niveles tan elevados generalmente están asociados a problemas monetarios. En el enfoque tradicional, sobre todo del FMI, estos son el resultado del financiamiento del Banco Central al Gobierno para ayudarle a cubrir su déficit. La receta para combatir la inflación es la de disminuir el gasto público. Sorprendentemente, el déficit del Gobierno federal argentino es relativamente pequeño pues está por debajo del 4% del PIB y su financiamiento por parte del Banco Central cubre apenas un cuarto de este monto. Luego, la raíz de la inflación no habría que buscarla por esa vía (en Bolivia, el déficit fiscal es casi el doble de Argentina, pero su inflación es una centésima parte).

Los precios se mueven cuando hay un desfase entre oferta y demanda de bienes y servicios. La explicación monetaria de la inflación insiste en que la demanda crece como consecuencia de que las familias y las empresas aumentan sus activos monetarios (o masa monetaria) en condiciones en que la oferta no sube suficientemente, o incluso baja (en épocas de crisis). El crecimiento de la masa monetaria puede tener varios orígenes, no solo el financiamiento del Banco Central al sector público, sino también el ingreso de mucho dólares vía endeudamiento externo o por la vía de la creación de dinero secundario asociada a la política monetaria. De aquí resulta una hipótesis importante: es posible que la inflación esté asociada al millonario endeudamiento externo, que produce un efecto similar al de la enfermedad holandesa.

Si esa hipótesis es correcta o medianamente correcta, explicaría el fracaso de las políticas de ajuste aplicadas en el pasado y hace prever también el fracaso de la política de Milei.

La información de un déficit fiscal menor al 4% del PIB corresponde al Gobierno federal. No hay información transparente ni consistente sobre el déficit de las empresas y de los gobiernos regionales ni sobre la forma de su financiamiento. Luego, corresponde estudiar el comportamiento de las empresas (lo que lleva la mirada hacia el sector real) y al entramado de relaciones entre los gobierno regionales y el federal.

Actualmente, para equilibrar la economía, el Ejecutivo argentino quiere aplicar las siguientes medidas: gobernar por decreto en materia administrativa, económica, financiera y energética, asumiendo poderes legislativos; podrá privatizar empresas estatales y disolver casi todos los organismos públicos, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el que se conservan los perfiles genéticos de muchos familiares de desaparecidos en la dictadura y CONICET; solo podrán recibir una pensión jubilatoria quienes hayan aportado durante al menos 30 años a la seguridad social; subir los impuestos a los trabajadores con altos ingresos (2.000 dólares o más) y se los baja para los dueños de grandes capitales; se autoriza una generosa amnistía para evasores fiscales. El Gobierno ha recortado 150 millones de dólares al presupuesto de salud. El presupuesto para gastos de funcionamiento asignado a las universidades ha sufrido un recorte en términos reales del 80%. Las tarifas de los servicios de gas y de electricidad aumentaron entre 150 y 400%.

Este “paquete económico” ha inducido, hasta el presente, algunos efectos preocupantes.

En marzo, la construcción y la industria se desplomaron. El Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 42,2% con respecto al mismo mes de 2023. El índice de producción industrial (IPI) retrocedió 21,2% si se lo compara con marzo del año pasado.

La Universidad de Buenos Aires, con unos 350.000 alumnos, no tiene presupuesto para seguir funcionando.

Los despidos de empleados públicos (15.000 hasta ahora) más la contracción de la actividad económica, en especial por la paralización de la obra pública decretada por el presidente Javier Milei, ha provocado la destrucción de 60.000 puestos de trabajo. El sector privado ha perdido a miles de trabajadores.

La pobreza afectó en el primer trimestre de este año a 22,6 millones de personas. Los comedores populares subvencionados fueron cerrados.

Por otra parte, Milei ha enlodado, sin razones fundamentadas, las relaciones diplomáticas con México, Brasil, Venezuela, Colombia y Bolivia. Simultáneamente, se alinea con Estados Unidos e Israel.

Para finalizar, las preguntas del millón: ¿vale la pena tanto sacrificio en un contexto donde las perspectivas no son auspiciosas? ¿El estallido social impedirá la continuación de esta política?