¿Puede formularse alguna visión a largo plazo para el desarrollo de Bolivia, de manera seria, sin tomar en cuenta a las áreas protegidas como uno de sus pilares fundamentales? La respuesta es negativa, pero evidentemente cuesta que la afirmación se plasme en la realidad. Lo que han mostrado nuestros “formuladores” y “planificadores” en las últimas décadas, más allá de la retórica discursiva, es que siguen navegando en ese siglo XX temprano, en el que el estractivismo era la panacea para el crecimiento económico.
¿Por qué las áreas protegidas son tan importantes? En primer lugar porque en un país con una dinámica institucional tan compleja –distintos niveles de gobierno, con coordinación deficiente y por tanto una gestión territorial por lo menos precaria– las áreas protegidas son la base para una planificación territorial ordenada y sostenible. En ellas, bajo cuya tutela se encuentran zonas clave del territorio nacional, existen mejores condiciones para la planificación, al establecerse límites de uso en el territorio que pueden orientar mejores inversiones.
La mayor parte del territorio de estos espacios en nuestro país se rige por la categoría de ANMI, Área Natural de Manejo Integrado, que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, lo que constituye una base ideal para formular e implementar acciones de desarrollo sostenible verdaderamente efectivas.
Pero además en un país como el nuestro, con una dinámica de urbanización acelerada, las APs garantizan los servicios ecosistémicos vitales para la economía, como la provisión de agua para las ciudades, la agricultura y la industria. Un futuro sin áreas protegidas, es un futuro en el que nuestras condiciones de vida diaria se irán deteriorándose sin remedio.
Por otra parte, en ellas se encuentra el espacio propicio para desarrollar productos que nutran los nichos de un mercado mundial cada vez más exigente (productos orgánicos, cultivos de alto valor, etcétera); y también son un eslabón central para el desarrollo del turismo, el que, dado el desarrollo, y abaratamiento de los sistemas de transporte, es otro de los ejes potenciales por el que puede basarse nuestra subsistencia como país
Pero más allá de esos argumentos básicos no es posible ignorar la dinámica en la que actualmente se encuentra la humanidad. En el lejano siglo XIX, los humanos éramos pocos y los territorios inmensos. Ahí si podía tener sentido la consigna “tumbe monte y haga patria”. Hoy queda claro que la biodiversidad, cada vez más escasa, ira valorizándose a pasos acelerados, y renunciar a ella (tomando en cuenta, además, nuestras severas limitaciones en áreas como la revolución digital) significa renunciar a la única ventaja comparativa importante con la que podemos contar en esa nueva configuración mundial que va tomando cuerpo día a día.
En estas épocas de cambio y confusión climática, las AP constituyen un soporte fundamental para la adaptación al cambio climático, protegiendo bosques que capturan carbono y manteniendo la resiliencia de los ecosistemas frente a los eventos extremos que irán agudizándose ineludiblemente.
En los últimos años Bolivia, a pesar de la desatención y la poca importancia que se le ha dado, ha podido mantener en pie su sistema de áreas protegidas nacionales. Por otra parte, un fenómeno impensado ha sido el del crecimiento explosivo de áreas protegidas municipales (APMs).
¿Por qué los municipios, sin que medie una política oficial de fomento, se han lanzado a crear APMs en forma acelerada? Porque en un país carente de herramientas de gestión territorial, estos espacios se tornan en instrumentos efectivos para ordenar y valorizar sus territorios. Por otra parte, en muchos casos, constituyen una de las pocas líneas de defensa posibles frente a los depredadores (mineros, avasalladores) que destruyen los entornos naturales sin ninguna restricción estatal en la práctica.
Si sumamos la totalidad de los espacios de conservación de distinto tipo existentes en Bolivia podríamos llegar a la conclusión de que estos sobrepasan el 30% del territorio nacional. Sin embargo, se trata de una apreciación formal. En muchos casos las áreas protegidas nacionales cumplen su rol en forma limitada por la precariedad de sus condiciones logísticas. En el caso de las municipales, una gran parte, a pesar de las buenas intenciones de sus creadores, se quedan en el “papel”, sin efectivizarse en la práctica.
Por ello es que uno de los retos centrales en Bolivia, actualmente, es el generar instrumentos que logren mejorar la gestión de las AP existentes y motorizar la puesta en marcha de las que solo existen en la formalidad. Para ello es necesario un cambio de visión cualitativo en la gestión estatal.
El manejo de las áreas protegidas debe entenderse como un esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y las comunidades y pueblos que se encuentran en ellas. Deben salir del aislamiento en el que se encuentran y vincularse activamente con los actores del entorno. La sociedad, por otra parte, debe cobrar conciencia sobre su importancia para nuestra vida diaria, la cual debe reflejarse en instrumentos económicos y sociales que garanticen su sostenibilidad. Solo de esa manera, podremos tornar en realidad una existencia digna en el futuro.
Rodrigo Ayala es gestor ambiental y cineasta.
