La “otra” reforma estructural emergente de la crisis constituyente, vivida a principios de siglo, es la de la instauración del régimen autonómico. Al igual que la referida a la inclusión social, también es irreversible, a pesar de que, al igual que la primera, ha sufrido diversas distorsiones y yerros que en su implementación.
¿Por qué es irreversible? Simple y llanamente porque el contexto socioeconómico del país, asentado en el crecimiento que el aparato productivo ha tenido en los últimos 70 u 80, hace imposible que retorne un régimen centralista secante.
El “centralismo”, el “unitarismo” a ultranza, con el que nació y se desarrolló en gran parte de su historia Bolivia fue fruto de nuestra debilidad logística y, por tanto, institucional. En el país en el que no había caminos, donde las ciudades situadas fuera de los “ejes” en los que se fue constituyendo (Sucre-Potosí, La Paz, Oruro, etcéter) eran simplemente “frontera”; en el que la empresa privada se reducía a tres “barones” que tenían la sede de sus empresas en el extranjero, etcétera, no era posible otorgar ningún grado de autonomía a territorios desvinculados (y, por tanto, propensos a la secesión), y en los que la “clase dominante” todavía estaba sumida en los sistemas agrícolas de anteriores siglos.
Esa situación cambio, sin embargo (aunque con desesperante lentitud), a partir de la Revolución del 52. La decisión de “abrir” el país hacia el oriente (y subsidiariamente hacia el sur y el norte) se tradujo en el desarrollo de aparatos productivos regionales y en una vertebración que, sin ser perfecta, dista mucho, con ventaja, de la existente en el siglo pasado.
Por eso, la mayor paradoja que podemos observar en el proceso descentralizador y autonomista que han vivido los departamentos del oriente y el sur de Bolivia ha sido que, en la medida en que el Estado nacional ha aumentado su presencia en las regiones y la inversión en los mecanismos de integración (carreteras, comunicaciones) y los aparatos productivos locales, han mejorado las condiciones para que los departamentos profundicen sus respectivas autonomías (idea también mencionada por Zabaleta en alguno de sus textos).
La “descentralización”, primero, y luego la autonomía no hubieran sido posibles si el Estado del 52 no hubiera tomado la decisión de invertir de manera sistemática en el desarrollo de las regiones, especialmente de Santa Cruz (política que casi de manera invariable han mantenido todos los gobiernos hasta ahora).
La “autonomía” entonces, en ultima instancia, no es ni una “concesión”, ni una “conquista” (aunque la manera de implementarse se haya dado a través de esas pulsiones) sino, más bien, la “forma”, el ordenamiento institucional adecuado, mediante el cual el país ordena la distribución de sus recursos y obligaciones y, por tanto, coordina las acciones de sus distintos componentes territoriales.
Pero está claro también que hemos desarrollado autonomías distorsionadas y cercenadas en distintos aspectos. Evidentemente, no es autonomía aquella en la que el “departamento” tiene que pedirle permiso al Ministerio de Finanzas para hacer un cambio en su presupuesto. Es verdad, que tiene que existir un marco general, que se da a través del sistema de planificación estatal, pero es absurdo que el detalle tenga que ser “aprobado” por el nivel “superior”.
Por otra parte, está claro que las autonomías tienen un costo; es decir, que, evidentemente, son más caras que el sistema del “dedazo”, pero el problema es que en muchos casos se han convertido en sistemas de “generación de empleo”; es decir, de dar pegas y hacer licitaciones para reproducir los mecanismos de poder regional.
Ese no es un pecado solamente atribuible a los niveles de los gobiernos subregionales, sino que –como sabemos– se ha desarrollado en grandes dimensiones en el gobierno central.
La formula del 50%–50%, planteada por el actual gobierno (similar a propuesta análogas de otros candidatos de la exoposición) parte de un problema real: en este país de una estructura institucional compleja no es sostenible que el nivel central administre el 75% u 80% de los recursos.
El peligro, sin embargo, se encuentra en que el tema se trate solo en sus aspectos administrativos (te doy tantos recursos te haces cargo de tales competencias), sin entrar a su carácter político. Por ello es que la discusión presupuestaria debería estar acompañada de un debate a profundidad sobre las reformas necesarias al sistema autonómico.
Uno de los peores errores que cometió el gobierno de Jeanine Añez fue querer administrar el país en las mismas condiciones en las que lo hizo el MAS (y utilizar los mecanismos desarrollados por este para reproducir poder). Hoy la oportunidad que tiene el país es la de plantear una discusión a fondo. De otra manera, no será raro que, en el futuro cercano, se vuelvan a reproducir las mismas crisis que vivimos hoy y, lamentablemente, en peores condiciones.
Rodrigo Ayala Bluske es gestor ambiental y cineasta.
