La historia enseña que nunca una “restauración”, después de un cambio social significativo, pudo realizarse de manera completamente exitosa. La historia no tiene vuelta atrás podríamos decir. En lo que podríamos llamar el modelo “restauracionista”, luego de la Revolución Francesa, Luis XVIII no pudo deshacerse de los principales elementos del “cambio” y tuvieron que sobrevenir décadas de inestabilidad, para que pasando por la transición de Luis, se llegará a una suerte de conciliación en el régimen de Napoleón III.
En Bolivia, los militares que tomaron el poder en 1964, luego de los doce años de la revolución de abril, especialmente Barrientos Ortuño, fueron más inteligentes, o probablemente “instintivos”. No plantearon una vuelta al pasado, sino que más bien se apoderaron y convirtieron en su principal motor a una de las reivindicaciones centrales del movimientismo; la reforma agraria, que con el rotulo de “pacto militar campesino” garantizó la pervivencia de los regímenes militares durante tres lustros, y que casi con seguridad, si es que no se hubiera dado su muerte prematura, hubiera permitido la presidencia de Barrientos por varios periodos más. De ahí, que podamos decir con propiedad que el régimen militar del 64, fue una “sucesión”, más que una restauración.
Después de alrededor de dos décadas de gobierno del MAS, ¿Cuál es el cambio, o cuales son los cambios que podríamos anotar como “significativos” para la configuración del país? Básicamente lo que se ha denominado como la “inclusión social”. Habría que estar ciego para no reconocer que hasta principios de este siglo había gruesos sectores de la administración estatal y la economía que estaban vedados para los habitantes de este país, de lengua materna indígena. Los años del MAS permitieron que esos sectores tuvieran acceso al conjunto del aparato gubernamental y que “tomaran” algunos sectores de la economía total o parcialmente (minería cooperativista, comercio de tierras, entre otros).
Ese paso adelante en el “reconocimiento” de Bolivia, sin embargo, fue opacado, por las “pulsiones” políticas y económico- sociales que llevaron a la debacle masista. Las políticas, centradas en la obsesión de Evo Morales por perpetuarse en el poder, objetivo al que subordinaron todas sus acciones a partir del 21 F. Y económico - sociales en la subordinación completa del régimen a los sectores de esa nueva burguesía de piel morena (expresada en las “corporaciones”), lo que explica su divorcio de las nacionalidades indígenas de tierras bajas (las que “cuidan” tierra y territorio), su desprecio a las áreas protegidas, el divorcio entre el discurso del “vivir bien” y de la “madre tierra” y las políticas incendiarias, etcétera.
Una lección básica de la política, que podría aplicarse tanto a los protagonistas de la “democracia pactada” del anterior siglo, como al régimen del MAS, es que cuando una elite gubernamental, deja de tener por lo menos la intención de gobernar para el conjunto y responde solo a un segmento de la sociedad, esta condenada al fracaso.
De ahí que podríamos concluir en que uno de los principales desafíos del gobierno entrante, se encuentra en definir, más allá de lo simbólico, la relación que tendrá con los sectores sociales (no necesariamente las “corporaciones”), que lograron avances en las ultimas dos décadas. Como lograr estructurar un discurso y una práctica gubernamental que concilie y supere las fracturas con las que nos movemos los bolivianos.
En esa lógica cobra especial importancia la manera en que los sectores sociales y empresariales emergentes se integraran y “compatibilizaran” con el conjunto social. Queda claro que sería un error restringir los derechos ganados, pero también que es imprescindible que todos los sectores cumplan de manera uniforme con sus obligaciones, especialmente los empresariales.
Es difícil de entender que, en un país esencialmente minero, el sector cooperativista prácticamente no pague impuestos y no cumpla sus obligaciones laborales y ambientales (incumplimiento que esta afeMáxima seriamente nuestra viabilidad ambiental y productiva). Lo mismo puede aplicarse a otros sectores como el cocalero, o el de los comerciantes, etc. Una sociedad en la que no se aplique la máxima “a iguales derechos, iguales obligaciones”, dando el mismo énfasis tanto a los “derechos”, como las “obligaciones” sin diferenciar en su cumplimiento a ninguno de los sectores por su origen étnico y/o social, esta condenada a la fractura (sobran ejemplos en los Balcanes en Europa y en algunas zonas del África)
He ahí un desafío central de la coyuntura, más allá de las medidas económicas de emergencia que necesariamente deben tomarse, y sobre todo de la chicana del día a día, centrada en dimes y diretes de distinto tipo.
Rodrigo Ayala es gestor ambiental y cineasta
