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INASET | 07/04/2020

Interpelación a la “clase política”

1.  El subdesarrollo no es designio divino: es el resultado de políticas

En los últimos 70 años, en Bolivia, hemos experimentado con casi todo tipo de modelos económicos y regímenes de gobierno; sin embargo, de haber estado muy cerca a los promedios de América Latina en varios indicadores económicos y sociales entre 1950 y 60, hoy quedamos entre los 4 países más pobres de la región; ni con la mayor bonanza económica de nuestra historia –y, proporcionalmente, de América Latina (2005 a 2015), hemos podido salir de ese “selecto” grupo.

El habernos quedado rezagados respecto a la región, implica que algo hicimos diferente (o “nos hace” diferentes), lo hicimos mal, o no hicimos. Aunque sabemos que la dependencia extrema de nuestra economía en el extractivismo, es un rasgo que nos distingue en la región, lejos de reflexionar seriamente sobre este factor como la causa, en los últimos 50 años se culpa nuestro atraso a nuestra difícil geografía, al enclaustramiento territorial, o, por supuesto, al imperio.

Sin eximir a estos –y muchos otros factores, de posible culpa, lo evidente es que existen íntimas interrelaciones entre distribución del ingreso, demanda, consumo, producción, empleo, crecimiento, equidad, medio ambiente y, por último, desarrollo. Los grados y formas en los que las inter-relaciones son articuladas por las políticas determinan, en los resultados, la diferencia entre crecimiento y desarrollo; definen la naturaleza, la cantidad y la calidad del empleo; los criterios de bienestar, etc.

Por ello, el subdesarrollo, la precariedad del empleo o la exclusión social, no resultan de leyes económicas inexorables, sino de políticas concretas, “por acción u omisión”.

En el diseño de las políticas económicas, predomina el enfoque centrado en indicadores macroeconómicos: la meta es crecer y, en el fondo, el desarrollo y la reducción de la pobreza, no son rasgos necesarios del crecimiento; controlar la inflación importa más que crear empleo; la re-distribución (bonos) es políticamente preferible a la mejora real del poder adquisitivo de los salarios.

En general, la prioridad ha sido el crecimiento centrado en exportaciones de recursos naturales; para ello, la inversión (pública y privada) se concentra en sectores intensivos en capital, en infraestructura o servicios sin generar empleo permanente ni mejorar las remuneraciones para amplios sectores de la población. En los hechos, no hay apoyo a la estructura productiva interna, única capaz de agregar valor y crear empleo; justifican la mala distribución primaria porque “el capital es el factor escaso”; celebran el cuenta-propismo forzado (empleo precario y auto-explotación laboral), como expresión de “emprendedorismo” que es alentado con la “profundización financiera”; ahogan a los contribuyentes capaces de crear valor y empleo para cumplir “metas de recaudación”; persisten en el patrón extrativista “para re-distribuir excedentes” (¿el goteo neoliberal desde el Estado?); y hablan de la diversificación productiva, pero fortalecen el boliviano “para abaratar las importaciones”.

Lo concreto es que desde hace 70 años no superamos el estancamiento estructural respecto al resto de América Latina. Es un caso de “incompetencia política” más que de incapacidad económica. Pero llegamos a esta situación porque la sociedad no ha definido las metas de desarrollo con las que deberían comprometerse los políticos; en ausencia de objetivos específicos, no existen criterios para valorar la pertinencia, o no, de lo que los políticos ofrecen: “si no sabes dónde ir, cualquier camino es bueno”; o puesto de otra manera, como un problema es un obstáculo que impide alcanzar un objetivo, si no se tienen objetivos concretos, no es posible identificar ni definir los problemas que impiden alcanzarlo.

El COVID-19, con todo el dolor y los sacrificios que impone, tiene la virtud de desnudar nuestra precariedad, mostrando en toda su dureza el fracaso de las políticas de desarrollo y, muy especialmente por su cercanía, la farsa del desarrollismo consumista que nos ofrecía “igualar al bienestar de Suiza” con la Agenda 2025. En este sentido, tenemos la oportunidad de reflexionar, críticamente, sobre cuán bajo estamos respecto a dónde podríamos –y deberíamos, estar.

Si bien la emergencia de la crisis demanda respuestas inmediatas de los gobernantes, las secuelas sociales, políticas y, particularmente, económicas, estarán con nosotros por largo tiempo. Tenemos la alternativa de repetir las mismas recetas que aplicamos en diferentes momentos del pasado –y llegar a los mismos resultados o, finalmente, optar por un nuevo paradigma de desarrollo.

¿Tiene sentido seguir haciendo lo mismo? Un nuevo paradigma implica cambiar los modelos mentales bajo los que analizamos la realidad buscando identificar los caminos y los obstáculos que impiden alcanzar objetivos específicos de desarrollo. En el contexto actual, significa articular la gestión inmediata de la crisis de salud, con las estrategias de recuperación de la economía a mediano plazo, y con la construcción de las estructuras básicas para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.

Para hacerlo, se requiere una sociedad comprometida con los objetivos compartidos de desarrollo, y un liderazgo político capaz de guiar hacia las metas. “Gobernar obedeciendo al pueblo” cuando al pueblo se le venden espejismos porque no ha reflexionado sobre sus objetivos y metas, u ofrecer soluciones a todos los temas que piden los sectores sociales con el objetivo único de captar votos, son actos deshonestos y demagogos típicos del caudillismo. Necesitamos el liderazgo de equipos de gobierno comprometidos con una visión de desarrollo.

Estos son los desafíos: ¿tendrá la crisis, la virtud de despertar en la clase política el sentido de servicio y de responsabilidad social que los impulse a recuperar la credibilidad y la legitimidad ante la ciudadanía, para asumir el liderazgo?

2.  Hacer más de lo mismo, no es una opción

Suman las opiniones de personas y agrupaciones que piden un pacto nacional para enfrentar la crisis centrada en el COVID-19 en sus múltiples dimensiones: en salud, por la precariedad del sistema; en la economía, por la paralización del aparato productivo que anula los ingresos; en lo social, porque la ralentización de la economía aumenta el desempleo, la pobreza y alienta la conflictividad ante el dilema de “morir de hambre o por el virus”; y en la política, por el doble rol de Presidente y candidata de la Sra. Añez, la crítica fácil a las acciones de su gobierno “desde las graderías”, y hasta la abierta obstaculización de las medidas gubernamentales buscando su fracaso con objetivos estrictamente “electoreros”.

Es claro que el COVID-19 ha generado situaciones inéditas, y son necesarias medidas creativas para combatirlo. La debilidad institucional y nuestra indisciplina social limitan la posible eficacia de medidas gubernamentales, imponiendo la necesidad de improvisar; y la gestión de la crisis se complica aún más si lograr acuerdos parlamentarios para normar, está condicionada por una mayoría legislativa que privilegia sus intereses políticos.

En una sociedad madura, con estructuras confiables de rendición de cuentas, en casos de “crisis dinámicas” como la presente, implícita o explícitamente se otorgan al gobierno poderes especiales, amplios y suficientes, para que la administre tomando las medidas más pertinentes en todas las áreas críticas, salud, empleo, etc.

Pero con nuestra débil institucionalidad, lograr que la ALP otorgue esos poderes no estará únicamente condicionada por la renuncia de la Presidente a su candidatura, sino por infinidad de intereses que ignoran convenientemente que, en la realidad de la crisis en salud, hoy, “es preferible que en un par de meses critiquemos al gobierno porque exageró, a tener que asumir la responsabilidad de haber impedido que haga lo necesario”. Al contrario de lo que algunos políticos asumen, las emergencias no son oportunidades para procrastinar, ni para que “politiquillos todólogos” busquen balcones para figurar.

Reactivar la economía demandará también una creativa agenda de corto plazo con alta flexibilidad, tolerancia y un gobierno con poderes especiales para que, entre “miles de temas”, tome las acciones necesarias buscando preservar el empleo (formal e informal), promover la creación de nuevos puestos de trabajo, aumentar el valor agregado y la productividad para mejorar la distribución del ingreso y las remuneraciones.

Para ello, es condición necesaria re-establecer condiciones de confianza y de co-responsabilidad entre empleados y empleadores, empresas y Estado, y entre Estado y ciudadanía, para lo que será necesario experimentar en tres ámbitos particularmente prioritarios: recuperar el mercado interno, impuestos, y normativa laboral.

Recuperar o construir estas condiciones de mutua confianza es una oportunidad de la presente crisis que sería estúpido despreciar: la historia continúa después del COVID-19, y quedará la tarea de diversificar, para transformar, una economía que hasta ahora no ha sido capaz de derrotar la pobreza y el subdesarrollo, y que estará aún más debilitada.

Pero mirando a la gestión 20-25, en general los planes de gobierno ofrecen “economías verdes o naranjas” que se quedan en slogans y clichés porque, o siguen con las políticas “azules”, o no precisan la esencia del cambio –en el paradigma central y en las estructuras institucionales que lo harían posible, que nos llevaría a un proceso sostenido de desarrollo con equidad social y compromiso ambiental. Es decir, aunque mencionen la necesidad de superar el extractivismo rentista, caen peligrosamente cerca de ser “variaciones sobre el mismo tema”, como fueron las cadenas productivas, el exportar o morir, o la economía plural, que terminaron siempre en los mismos resultados: estamos con los tres países más pobres de América Latina.

Como consecuencia, ante la alternativa que la minoría que hoy representa el MAS (todavía encandilada por los brillitos del despilfarro) encumbre otra vez en el poder a su dirigencia dura que no honró su palabra, no actuó con ética, ni respetó la vida para perpetuarse en el poder, la ciudadanía está condenada a escoger entre las otras opciones, no por sus preferencias reales, sino como “males menores”, “voto útil” o “voto inteligente” en contra.

Por ello, todas las opciones políticas tienen como escenario más probable a “gobiernos débiles” con “oposiciones mayoritarias” pero no necesariamente fuertes, porque a todas les falta cohesión interna. Presagia pugnas y componendas en torno a coyunturas, sin capacidad de asumir las profundas reformas estructurales, lo que nos condena a seguir de observadores inertes de las “ch’ampa guerras” entre políticos, que ocultan los problemas reales y frenan todo intento de desarrollo sostenible.

Es decir, en cualquiera de esos escenarios, nos farrearemos por otros 5 años la oportunidad de iniciar los cambios que nos permitan enfrentar, con algún grado de autonomía, las más elementales tareas necesarias para el desarrollo productivo, humano y sostenible.

Si la “clase política”, o es incapaz de evitar tal resultado o se siente cómoda con él porque así perpetúa sus beneficios, solo nos queda que la sociedad civil vuelva a actuar para “poner pititas” que, esta vez, marquen inequívocamente el camino que esperamos sigan los políticos: que abandonen la comodidad de “controlar la billetera” que les ofrece el extractivismo, y se desafíen a pensar –y a actuar, para sacar al país de esa maldición que ha perpetuado la pobreza y la exclusión, …que el COVID-19 solo ha vuelto a desnudar.

Más de lo mismo, no es una opción responsable para los gobernantes, ni para nosotros con nuestros hijos y nietos.

Y si bien hay muchas sugerencias (y urgencias) para mitigar la crisis actual, el desafío está en aplicarlas de manera que sean el punto de partida de la ruta crítica que nos marque un nuevo paradigma de desarrollo. De otra manera, volveremos otra vez al pasado.

3.  La transición y la reconstrucción

Las múltiples manifestaciones de la crisis, afectan de maneras diversas a los sectores. Y si bien todos esperan atención y respuestas a sus problemas puntuales, debería ser más que evidente, para todos, que es imposible pasar la crisis del COVID-19 sin afectados. Pero, así como la sociedad debe estar preparada para asimilar impactos, el Estado también debe tener criterios básicos que orienten la toma de decisiones para la asignación de recursos escasos o limitados.

Hay muchas propuestas razonables para mitigar la crisis; pero hemos aplicado casi todas en el pasado sin que hubieran marcado un nítido cambio de rumbo en desarrollo. Por ejemplo, si bien ampliar el acceso de las empresas al financiamiento puede ser necesario, hacerlo sin medidas de protección al mercado interno sólo acentuará el declive del aparato productivo nacional; y, la “flexibilización laboral” entendida como la reducción de costos laborales o la libre contratación, acentúa las desigualdades en la distribución del ingreso. En general, aplicar ideas keynesianas para promover la demanda cuando más del 60% del consumo es importado, ayuda más a nuestros socios comerciales que a nosotros.

Mirando al bosque y no a las ramas, debemos partir reconociendo que todas las acciones –necesarias y posibles, destinadas a promover el desarrollo a largo plazo en todos los ámbitos prioritarios, parten por consolidar una economía con capacidad de generar los recursos necesarios, autónoma y sosteniblemente. El cimiento sobre el que se construye tal economía, es el mencionado contexto de mutua confianza y de co-responsabilidad entre empleados y empleadores, empresas y Estado, y entre Estado y ciudadanía. Para ello, son necesarios objetivos compartidos de desarrollo entre los que, la diversificación productiva, la equitativa distribución del ingreso y la responsabilidad eco-ambiental, son rasgos determinantes.

Lograrlo, implica promover el cambio acelerado del paradigma extractivo-rentista. Dadas las características vigentes, propiciar el cambio demandará el desarrollo de una agenda de corto plazo con acciones –posibles en el actual contexto económico e institucional, para mitigar los impactos de la crisis en el empleo y los ingresos, y acordar lineamientos para institucionalizar mecanismos de diálogo social que permitan identificar objetivos y metas consensuadas de desarrollo a mediano y largo plazo.

Estas tareas exceden con mucho lo que puede hacer una gestión de gobierno, por lo que deben ser Políticas de Estado a partir del próximo gobierno que resulte de las urnas.

Para iniciar la salida del extrativismo, la meta mínima al 2025 sería haber establecido las condiciones institucionales necesarias para iniciar el 3er siglo de la República con una clara visión social compartida sobre el desarrollo sostenible. Para ello, el gobierno 2020-2025 tendría tareas inescapables que cumplir. De inicio, cimentar una institucionalidad “pro-producción y empleo” que sea confiable; cerrar toda posibilidad de repetir las violaciones a la separación de poderes; sentar las bases e iniciar la reformar del sistema de justicia y del sistema electoral (transparencia total y conformación de poderes electos guiados por la función, no por la política); y establecer los marcos de eficiencia, de productividad y de transparencia que rijan en la administración pública.

La credibilidad de la nueva institucionalidad es la condición necesaria, tanto para eliminar costos de transacción (causa de la baja competitividad), como para devolver funcionalidad a los semáforos. A su vez, sus principios orientarían las reformas constitucionales sobre la economía, el desarrollo local y las competencias autonómicas para sustituir, con visiones claras de desarrollo, la ideologización discursiva de la CPE-2009.

Para que esas metas de mediano plazo sean posibles, el escenario deseable a corto plazo incluiría la conformación de una candidatura única que elimine toda posibilidad que los grupos “duros” del MAS accedan al gobierno, o controlen la Asamblea Legislativa. No se trata de “marginar a los masistas”, sino de poner un alto a los que se amparan en las garantías democráticas para imponer su ideario totalitario, prebendal y corrupto.

Lograr tal cometido supone tareas monumentales para el gobierno de transición, que deberá viabilizar acciones consensuadas en los dos niveles: el manejo de la crisis, y la reconstrucción de la institucionalidad como condición para sanear la economía y generar las condiciones para su diversificación.

En el primer ámbito, más allá de afectos o desafectos, la Presidente Añez debería considerar declinar su candidatura para eliminar argumentos políticos, recuperar la credibilidad que le permita demandar poderes especiales ante la crisis, y convocar un “Concejo Político de Concertación” que tenga, como tareas, definir una agenda que guíe al próximo período y busque la candidatura de consenso que conforme un gobierno con base en las personas mejor calificadas para cumplir la agenda de reformas. Es decir, ya no se trataría de escoger “al candidato”, sino al mejor equipo para cumplir metas precisas.

Esta primera decisión permitirá al Gobierno de Transición concentrar su gestión en la crisis de salud, en mantener la pacificación, y en llevar adelante medidas extraordinarias en el ámbito de la economía, el empleo y la distribución del ingreso a fin de paliar los efectos inmediatos de la crisis en los más vulnerables. El medio instrumental para la pacificación, será establecer el proceso de reflexión social que “internalice” en los ciudadanos los hitos de la “ruta crítica” que nos permitirá encarar verdaderas reformas estructurales.

Dadas estas condiciones, que configurarían el escenario deseable para un real gobierno de “reconstrucción nacional” en 2020-25, en el marco institucional vigente, el equipo de gobierno adoptaría las medidas complementarias pertinentes para dinamizar la economía, des-represando la capacidad creativa y productiva que los bolivianos muestran fuera del país. Significa romper los preceptos y dogmas dominantes en la teoría y la práctica económica, para repensar la economía ya no desde los indicadores macro (PIB, déficit fiscal o tasa de interés), sino desde la creación de valor (“verde, naranja y morado”), la productividad, el empleo digno, y la equitativa distribución del ingreso.

Habiendo des-represado la creatividad y la capacidad productiva como primer paso, la siguiente tarea consistirá en identificar y aplicar las reformas en los ámbitos institucional, económico, autonómico y político. En los cuatro ámbitos, se requieren cambios en la CPE, para lo que podrían ser necesarios referendos consultivos; si éste fuera el caso, incluso un período de gobierno podría ser insuficiente para traducir los resultados de las consultas en normas e instrumentos legales a ser debatidos, aprobados y sancionados como Políticas de Estado en las instancias correspondientes.