Debemos respetar a los fallecidos en el avión y a sus consternados familiares. Dios les de consuelo.
Hago esta introducción con la necesidad de hablar de los miles de sujetos que vimos en nuestras pantallas tratando de sacar alguna tajada del accidente. Inmediatamente proliferaron los detractores, tanto como los defensores de los saqueadores utilizando el insulto de “indios/alteños ladrones”; tanto como su antípoda discursiva “los pobres han actuado por necesidad”.
¿Ayuda esta interpretación demoniaca y angelical del problema? Creo que nos somete a una repetición lastimera de nuestra historia hoy, mañana y siempre y no podemos avanzar.
Tengamos en cuenta que algunos sujetos se dedicaron a asaltar el accidentado avión Hércules apartando del camino a los cadáveres que dificultaban el recojo de billetes. ¿Crueldad? ¡Absoluta! Sin embargo, fue “matizada” por visiones enfocadas en la raza. Ahí está el asunto que merece comentarse.
¿Por qué insistimos en el racismo como explicación central de lo sucedido desligándonos, al menos sutilmente, de tan vergonzoso acto? El racismo ha permitido durante las últimas dos décadas, y permite aún, a no pocos gestores, profesores, influencers, políticos, nadar en un mar de excepcionalismo moral verdaderamente privilegiado: “no juzguen, ustedes han saqueado a los pueblos indígenas durante 500 años”.
En ese escenario, los acuerdos legales no pueden ni deben amoldarse a los “pueblos”, al menos hasta que la deuda se cierre. ¡¿Cómo?! Sí, hay una deuda histórica y mientras se les siga debiendo tienen el “derecho” de irse aprovechando de lo que salga al paso. Imagínense que la deuda sea de 1.000 bolivianos por los cinco siglos de dominio. Lo que se puede extraer de este accidente no rebasa los dos bolivianos. ¿O sea? Queda todavía una deuda histórica de 998 bolivianos. Mientras siga en pie esa deuda no podemos juzgarlos. ¡No debemos atrevernos a juzgarlos! ¡No seamos racistas!
¿Qué quiero decir con esta certeza? En la Zona Sur y en el primer anillo de Santa Cruz igual hubiésemos corrido a robar algunos fajos. Sin embargo, la reacción hubiese sido distinta, y ¡los saqueadores estarían rindiendo cuentas! El excepcionalismo moral sólo funciona con aquellos grupos sociales históricamente desventajados.
Hemos atestiguado sucesos semejantes a lo largo de la historia. Zimbabwe es un caso con el presidente Mugawe a la cabeza. Expropiaron tierras de familias blancas largamente asentadas en el país, masacrando a los “usurpadores”. ¿Qué dijo aquel presidente? “Es justo, fuimos víctimas”.
Lo propio sucedió con el genocidio serbio contra musulmanes bosnios, a finales de los 90. ¿Qué alegaron estos genocidas? “Fuimos víctimas del imperio otomano (musulmán) y era necesario reparar ese agravio”. También cabe destacar la tesis sobre lo que Finkelstein denomina la “industria del Holocausto” judío. Este autor ¡judío! muestra que la triquiñuela de generar rédito económico en el presente gracias a las heridas de la Segunda Guerra Mundial, es insensata. En boca de los gobernantes israelís no parece serlo. Lo que aducen es que el genocidio contra los judíos de aquel tiempo, les da derecho a defenderse “a como dé lugar” en la actualidad (me reservo la crítica sobre el brutal exceso de marzo de 2026 contra ciudadanos palestinos).
Predomina, pues, un peligroso sentimiento de superioridad moral en el presente por el mal que experimentaron en el pasado. Ese sentimiento justifica cualquier exceso. La excepción acaba convertida en regla y el victimismo, inmodificable y eterno, se contornea como la perfecta cubierta ideológica dominante, justificando estos desmanes y los que pudiesen aparecer.
El trauma usualmente es un estado psicológico que se busca superar. En el caso de estos grupos sociales, el trazo es inverso y el trauma se vuelve un activo patrimonial del que hay que lucrar. Por tanto, es un derecho, perfecto, aunque informalmente establecido: ¡el derecho a no sanar! Si sanas ¡ya no recibes!
Ya no es que seamos una economía extractiva dependiente de la plata, el gas o el litio. No, lo que somos es una población extractiva y “extraemos” réditos de nuestra propia humanidad bajo la aureola de haber sido agredidos y empobrecidos por el Otro.
Aquel barrio donde ocurrió el accidente es nuestro pozo gasífero, nuestra mina de plata, nuestro salar en pequeño. ¡Tenemos derecho a ser víctimas! ¿Nos extraña que una larga lista de gente sólo hable de racismo?
No, han vivido de un victimismo racializado las últimas dos décadas de nuestra historia. Miles de empleados de ONG oficinas públicas, cooperantes internacionales, políticos del MAS han usufructuado de ese tronco. Lo han usado para justificar su autoritarismo, desvergüenza e ineptitud: “somos víctimas”.
No es que el racismo no sea ya un problema, claro que lo es, pero su uso lucrativo debe cesar. Debemos enfrentar ese esencialismo del lamento y superarlo. ¿Cómo rebasamos, pues, esa cubierta ideológica de la “eterna deuda”?
Se debe mencionar a El Alto cuando corresponda y no ante un agravio local, personal e identificable. El Alto no tiene ninguna culpa, por supuesto que no, pero sí algunos saqueadores alteños, entre los que destacan aquellos que quieren un bono. El “bono al saqueo”. ¿Verdad? Sí. La Carta por los Derechos Humanos de 1948 debe incluir este derecho y los saqueadores-víctimas ya pueden irse felices a sus hogares.
Diego Ayo es cientista político.
