Demos fin al estatismo o seguiremos atrasándonos

La crisis económica actual se ha originado, nuevamente, en el estatismo ¿qué hacer?

Como es sabido, la crisis actual se generó en la reducción de la producción de hidrocarburos, tanto de líquidos como de gaseosos, a partir de 2015, y en la necesidad de importar cada vez más líquidos refinados cuando las exportaciones de gas disminuían. Y ello ocurría porque no se había invertido en exploración a pesar de la gran disponibilidad de recursos generada por el aumento de los precios de venta de gas a Brasil: entre 2000 y 2012 se multiplicaron por 6 (Medinaceli M. 2014).

¿Hubiera caído la producción si no se expropiaba a las empresas privadas que habían invertido en exploración? - Seguramente no, porque el objetivo de toda empresa privada es no perder su inversión sino maximizar ganancias a fin de competir en los mercados de inversiones. Pero en Bolivia, después de expropiar a esas empresas se estableció el monopolio estatal de los hidrocarburos y se optó, nuevamente, por un modelo de desarrollo estatista, pretendidamente para industrializarnos. Y, nuevamente, el Estado demostró ser un pésimo empresario.

Nuevamente, porque en los 80 ya había ocurrido una crisis similar, también como resultado de una política estatista para lograr la industrialización. Fue la adoptada por la dictadura del Gral. Banzer (1971-1978), después de que en 1968 se expropiara a la empresa que había encontrado hidrocarburos. Y aquella política también se benefició con un alza de precios de nuestros principales productos de exportación: entre 1972 y 1979 el del estaño se multiplicó por 4 (y su producción llegó a un máximo histórico: 28,6 TM), y, entre 1971 y 1979, los de la plata y el wólfram aumentaron, respectivamente, 6,3 y 4,5 veces (Villalobos J. 1991). Y estos aumentos permitieron que aquel gobierno nos endeudara, ya no sólo con organizaciones internacionales sino también con acreedores privados, a tasas de interés más elevadas.

Pero esa política fracasó, desatando una inflación creciente -el impuesto más regresivo: cuanto más pobre más se paga- y obligándonos a abonar durante décadas la deuda malgastada, restando así recursos para la inversión. El resultado fue que entre 1970 y 1990 nuestro PIB por habitante en términos de poder adquisitivo sólo aumentó 1%, mientras el de Corea del Sur, que en 1970 era un 14% inferior al nuestro, en 1990 ya era 4 veces superior porque en el mismo período había crecido 366% (Maddison 2023) ¿Cuál era la diferencia? - Que ese país no contaba con recursos naturales y había fincado su desarrollo en que sus empresas privadas crearan tecnología, y tenía un Estado que combatía eficazmente la corrupción y era estrictamente meritocrático.

Y sin embargo el MAS, a pesar de que el estatismo había fracasado no solamente en Bolivia sino en muchos otros países, aprovechó el gas descubierto por las capitalizadoras y el nuevo boom de materias primas para expropiar a esas empresas e instaurar su “Nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo”, según el cual el Estado debía “ser todo: planificador, empresario, inversionista, banquero, regulador, productor de desarrollo” (Arce L. 2011). Y 20 años después estamos viviendo nuevamente los desastrosos resultados del estatismo, volviéndonos a atrasar.

El desafío del nuevo gobierno no es solamente hacer frente a la coyuntura sino enfocarnos a sustituir definitivamente al estatismo. Y ello es posible porque los tres partidos mayoritarios son opositores al Movimiento al Socialismo. ¿Cuáles deberían ser las reglas del juego fundamentales y definitivas que garanticen que no nos sigamos atrasando?

El respeto a la propiedad privada y pública, material e intelectual, y el cumplimiento de contratos. Garantizar la competencia económica, incluso para las organizaciones públicas proveedoras de bienes y servicios que pueden ser producidos privadamente. Terminar con el rentismo: que la renta de los recursos naturales beneficie a tod@s las bolivian@s, preferiblemente dedicándola a educación de máximo nivel.

Garantizar igualdad de oportunidades a personas y a comunidades territoriales de distinto ámbito. Reorganizar el Estado bajo el principio de subsidiariedad: que lo que se pueda hacer con mayor eficiencia en un nivel inferior no se haga en uno superior. Y hacerlo meritocrático en todos sus niveles.

Y, lo más importante, para que sea capaz de hacer cumplir estas reglas, combatir eficazmente, también en todos los niveles, la corrupción que, tanto para los candidatos, como para quienes aportan a sus campañas a cambio de obtener después contratos con sobreprecios, hacerlo sea mucho más riesgoso que beneficioso. Y que también lo sea para los funcionarios en general, electos y de carrera, recibir sobornos y para los privados pagarlos.

Iván Finot es economista especializado en desarrollo y descentralización.