Disfruté el enorme privilegio de conocer a los mejores dirigentes sindicales de la historia de Bolivia: Simón Reyes, Víctor López, Oscar Salas, Irineo Pimentel, Genaro Flores, Domitila de Chungara, Alberto Jara, Corsino Pereyra, Filemón Escobar, Víctor Carrasco, René Chacón (entre otros), además de don Juan Lechín, por supuesto, con quien tuve mayor cercanía. No llegué a conocer a César Lora ni a Federico Escobar, porque murieron demasiado pronto, en 1965 y 1966.
Ninguno de los dirigentes mencionados se enriqueció en el ejercicio de sus funciones sindicales. Todos ellos vivieron modestamente a lo largo de sus vidas, incluso los que fueron electos diputados, como Oscar, Simón o Filippo. Don Juan Lechín, que fue vicepresidente, embajador y diputado, también murió sin fortuna. Los últimos años vivía en casas de amigos que lo acogieron.
En otros textos he contado cómo mi padre daba clases de economía y geografía a los dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, cuando, en 1967, lo metieron preso con todos ellos en el Panóptico de San Pedro, durante el régimen autoritario de René Barrientos. Conservo como testimonio y con inmenso cariño las fotos que tomé dentro del Panóptico con una pequeña cámara Minox que introduje subrepticiamente.
A Domitila de Chungara la filmé varias veces para diferentes proyectos documentales, además de recibirla en mi casa en París cuando ambos estábamos en el exilio durante la dictadura de Banzer. A Juan Lechín, Simón Reyes, Alberto Jara, Genaro Flores y otros dirigentes los grabé y fotografié en ocasiones diferentes y los consideraba amigos de confianza.
Como joven periodista de El Nacional y del semanario Aquí solía frecuentar la Federación de Mineros en el Prado de La Paz, el famoso arbolito donde “lechineaba” don Juan y las precarias oficinas de la COB que fueron asaltadas el 17 de julio de 1980, el día del sangriento golpe militar de Luis García Meza, cuando hirieron de muerte a Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega.
La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), eran organizaciones de gloriosa trayectoria, admiradas no solamente en Bolivia sino en toda América Latina por su unidad, su fuerza y su integridad insobornable. Los dirigentes mineros, más allá de ser comunistas, movimientistas, marxistas leninistas, trotskistas o prinistas, eran, por encima de todo, dirigentes sindicales que se debían a sus bases. Eso los hacía aún más respetables.
Pues bien, de esas gloriosas y ejemplares organizaciones sindicales ya no queda nada, ni las cenizas.
Corrupción y privilegios
Lo que hay ahora son privilegios adquiridos a lo largo de 20 años de gobiernos del MAS por dirigentes que fueron paulatinamente cooptados por el gobierno y corrompidos hasta la médula con prebendas que los convirtieron en seres ávidos de dinero y poder.
La estrategia de Evo Morales fue maquiavélica (aunque ni el príncipe florentino hubiera sido tan manipulador): quebró la columna dorsal de los mineros, la FSTMB, favoreciendo con prebendas a los cooperativistas (que, como todos sabemos, son propietarios de empresas privadas de explotación de oro y otros minerales), y les dio incluso licencia para matar (como hicieron en 2006 con 12 mineros en Posokoni, Huanuni, y en 2016 con el viceministro Rodolfo Illanes, del propio gobierno de Evo).
De manera similar, el gobierno de Evo Morales arrodilló a la COB favoreciendo el crecimiento de “movimientos sociales” amorfos (ponchos rojos, interculturales, etcéter), sin disciplina sindical ni trayectoria política, que sirvieron a los gobiernos del MAS con sumisión y obediencia a cambio de favores, cargos en los ministerios y grandes cantidades de dinero en sus cuentas personales (como sucedió con el Fondo de Desarrollo Indígena, que involucra criminalmente a más de 20 dirigentes de los mal llamados “movimientos sociales”).
Fue aún más factible dominar y al sector campesino de la CSUTCB a través de las mismas artimañas y enfrentando a indígenas con indígenas (el TIPNIS y El Porvenir son dos ejemplos entre muchos).
Nunca se había visto en toda la historia de Bolivia una gestión gubernamental tan perversa y articulada para destruir a las organizaciones sindicales de manera que nunca más puedan renacer. Ni las más violentas dictaduras militares lograron lo que el MAS consiguió: poner a sus pies a los trabajadores a través de sus dirigentes corruptos.
Si Evo Morales hizo eso con la COB, la FSTMB y la CSUTCB, no es difícil entender que haya hecho lo propio con sectores de transportistas, constructores, maestros, fabriles y otros, antes representados en la gran central sindical, que hoy es apenas un grupúsculo de dirigentes sin trayectoria, con cascos flamantes.
Ni Simón Reyes, ni Irineo Pimentel, ni Domitila de Chungara necesitaban pasearse por el Prado exhibiendo guardatojos flamantes, sin uso, para demostrar su pertenencia al sector que representaban. Ni tampoco hubieran prestado sus nobles cascos de mineros, a impostores como Evo Morales, Luis Arce Catacora o David Choquehuanca, para demostrarles su subordinación.
A medida que pasaban los años, en las dos décadas pasadas, a partir de 2006, había menos independencia sindical en las organizaciones matrices de los trabajadores y más corrupción en sus dirigentes. ¿Por qué soportaron sus bases, antes admirables por su pensamiento crítico y su agudeza política? Quizás porque el prebendalismo es como una serie de cascadas que van contaminando a su caída a los diferentes niveles de la estructura sindical, ahogando en lodo a los que están más abajo.
Según datos oficiales proporcionados por el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), entre 2011 y 2019, los sucesivos gobiernos de Evo Morales hicieron de forma directa adjudicaciones para la construcción de más de 120 sedes para organizaciones sociales serviles al MAS, por un costo total de Bs 272 millones. Muchas ni siquiera se construyeron.
Sedes sociales, hoteles, vehículos y dinero para proyectos que nunca se ejecutaron… Pero hay más todavía: durante las gestiones de Evo Morales, los movimientos sociales exigieron cargos en el aparato del Estado para poder actuar con mayor impunidad. Con cada cambio de ministro o de gabinete asomaban los “movimientos sociales” exigiendo sus cuotas de poder, al margen de cualquier consideración de experiencia o méritos. Cínicamente exigían ministerios, consulados o embajadas, y lo peor es que se los daban.
La “familia intercultural”, es decir, quienes representan a avasalladores incendiarios mal llamados “interculturales” exigía ministerios al igual que los cooperativistas mineros, que son otra expresión del avasallamiento y del despojo de los recursos naturales.
Los cooperativistas mineros, principales clientes políticos del MAS, superan el número de 100.000 y representan el 90% del empleo minero en Bolivia. Sin embargo, la cantidad de oro que sale clandestinamente del país no guarda relación con las regalías miserables que dejan al Estado. Este sector, que obtuvo tantos privilegios con Evo Morales y Arce Catacora, es uno de los principales depredadores del medioambiente, por la utilización de mercurio (prohibido en otros países, pero autorizado en Bolivia con la complicidad del gobierno).
Los cooperativistas mineros no contribuyen en nada al desarrollo de las regiones, por el contrario, son los responsables del envenenamiento de los ríos y de las poblaciones indígenas (algunas alcoholizadas y prostituidas), además de causantes de las inundaciones que hemos visto en tiempos recientes.
Sólo un porcentaje mínimo de las cooperativas opera “legalmente” (así, entre comillas) porque han obtenido de manera irregular concesiones (cuadrículas) de explotación. Baste recordar a la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), amante del presidente Luis Arce Catacora y madre del hijo de éste, nombrada en ese cargo sin ninguna experiencia previa ni concurso.
¿Cuántas empresas mineras “legales” operan en los ríos del norte y en las montañas nevadas y cuántas son abiertamente ilegales pero operan de la misma manera? Al parecer, más de dos mil. ¿Alguien protestó por la ausencia de “consulta previa”, como hacen ahora ante cualquier decreto del nuevo gobierno?
No éramos plenamente conscientes del grado de corrupción sindical hasta que comenzaron a caer como fichas los funcionarios corruptos del MAS, incluso durante los propios gobiernos de Evo Morales y de Arce Catacora. A tal punto es evidente, generalizada y visible la corrupción que muchos fueron fotografiados o filmados con las manos en la masa, es decir, recibiendo dinero en paquetes, pero otros (más escurridizos) tomaron precauciones, hasta que la triangulación de información sobre el tráfico de influencias los atrapó en su interior.
Así se inició el juicio de las “coimas millonarias” contra Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de la COB, acusado (y ahora preso) por recibir del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz (preso desde 2023 por corrupción), pagos irregulares de hasta Bs 40.000. El exministro Santos habría recibido cerca de Bs 19 millones en coimas de empresas constructoras para la adjudicación de contratos. Huarachi es uno de los símbolos del oportunismo más rastrero y servil. Además de todo lo que recibía, se hizo declarar con discapacidad para recibir de por vida una pensión de Bs 8.000. Otro insulto a los discapacitados que no defendió cuando fueron reprimidos por la UTOP en los alrededores de la plaza Murillo, mientras Evo huía a cualquier rincón del país, con cualquier excusa.
La COB ya no existe, su historia terminó hace muchos años, con Víctor López y Juan Lechín. Deberían ponerle otro nombre para no enlodar la memoria de los grandes líderes. Propongo: Camarilla de Oportunistas Baratos (COB).
Los masistas sabían que la compra de lealtades tenía consecuencias de largo plazo. La cooptación de dirigentes, la distribución de cargos públicos y otras prebendas, aniquiló los valores éticos y morales. Las organizaciones sindicales dominadas por el poder masista dejaron en el pasado los ideales que las habían motivado cuando fueron creadas. La ideología dejó de ser importante y todo se redujo al intercambio de favores y compensaciones materiales. Pura corrupción. Los vínculos de solidaridad gremial desaparecieron en favor del enriquecimiento individual.
Paros y marchas pagadas
Los paros y marchas ya no convocan (como otras veces en nuestra historia), el apoyo de la ciudadanía. Todo lo contrario, los ciudadanos de La Paz insultan a los impostores de la COB o de la FSTMB y les echan basura, más aún cuando han salido a la luz las planillas de pago de esos “trabajadores” que ganan más que el Presidente de la República, y más que diputados y senadores. Cuando se suman sus salarios y los bonos por estar indefinidamente “en comisión”, las cifras pueden alcanzar la friolera de Bs 60.000 o Bs 70.000, al mes. ¿No era que nadie en el sector público puede ganar más que el presidente?
Salir a las calles para rechazar la supresión de la subvención de gasolina y diésel (que en un 30% eran desviados como contrabando hacia Perú o Argentina) es un despropósito mayúsculo, porque las reservas de divisas ya se han evaporado y nuestra producción de hidrocarburos ha colapsado por inversiones mal orientadas durante dos décadas. No cabe duda de que la COB sólo pretende sobrevivir y causar caos que beneficie al MAS (hoy por hoy una masa inexistente y dispersa, sin personería jurídica, y sin representación de relevo).
Esa COB corrupta hasta la médula vuelve a las calles de La Paz, ya no para halagar a Evo Morales o a Arce Catacora, sino para oponerse al nuevo gobierno, pero ya no representa a la población trabajadora de Bolivia, ahora es una minoría irritante y desorientada.
Según el Censo de 2024, la población trabajadora en Bolivia es de seis millones, la mitad está dedicada a la agricultura y al comercio. Pero el dato importante es que el 86% trabaja en la informalidad, que aumentó del 64% al 86% entre 2006 y 2024. De los 6 millones, sólo 823.000 tienen empleo formal, es decir que el resto no paga impuestos, no cumple con la legislación laboral ni con las prestaciones sociales.
En el área rural, la informalidad llega al 93%, lo que significa que nueve de cada 10 trabajadores carecen de contrato, vacaciones o seguro de salud, ni pagan impuestos. La continua expansión de la informalidad perpetúa la desigualdad y priva al Estados de ingresos. ¿A quién representa la COB?
Las marchas, por otra parte, no son espontáneas, ni tampoco resultado de determinaciones tomadas en grandes ampliados donde están representados todos los sectores de trabajadores. Ahora son el resultado de rápidas decisiones cupulares que involucran gastos inmensos para acarrear gente que ni siquiera sabe por qué está allí.
Tres personas fueron aprehendidas en la última semana de 2025 por la Policía durante las movilizaciones de mineros en la sede de gobierno, luego de descubrirlas en posesión de grandes cantidades de dinero utilizado para financiar las protestas. Esas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que ya formuló la imputación formal por el delito de “enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”.
En ese contexto de conflictividad forzada, no deja de sorprender que en la misma línea de la disminuida COB que marcha, lanza dinamitas al pavimento y bloquea exigiendo la abrogación de los decretos del gobierno o, incluso, la renuncia del Presidente electo (“en 24 horas, en 48 horas”… que ya pasaron) se suman otras voces. Por ejemplo, el bipolar vicepresidente Edman Lara que se declara “opositor”, y algunas figuras intelectuales que fueron masistas en 2005 (y durante varios años), defendiendo ahora a brazo partido la Constitución Política del Estado (CPE).
Sí, defendiendo esa misma Constitución que fue impuesta por el masismo entre gallos y media noche, la que tenía cuatro versiones que fueron modificadas caprichosamente desde el palacio de gobierno, mediante llamadas de teléfono a Silvia Lazarte Flores, presidenta masista de la Constituyente. Esa misma Constitución “aprobada” en un cuartel militar de Sucre y después de numerosas trampas, ratificada por aclamación en Oruro, con la presencia de sólo 164 de los 255 constituyentes, sin la lectura obligatoria, en el plenario de la Asamblea Constituyente, de cada artículo para una aprobación nominal democrática.
Muchos que seguían fieles al MAS en 2009 prefieren olvidar esos “detalles”, pero yo recuerdo muy bien, así como recuerdo el endiosamiento de Evo Morales, por el que votaron en 2005.
Ahora defienden a esa CPE trucha y critican que se gobierne por decreto. ¿Acaso criticaron cada uno de los más de mil decretos a través de los cuales gobernó Evo Morales? ¿Censuraron a Evo Morales cuando violó repetidas veces su propia Constitución? Ahora se convierten con oportunismo en impacientes opositores–flash, veloces demócratas con ambiciones de poder, que no pueden darle ni 100 días al gobierno (beneficio de la duda) para que intente poner un poco de orden en el descalabro que dejaron los masistas durante 20 años de corrupción y despilfarro. Muy exigentes ahora, son corresponsables de haber apoyado a Evo Morales en su momento.
@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta.
