La delincuencia privilegiada en Bolivia

Muchos tratadistas del derecho penal han escrito sobre el delincuente privilegiado, también denominado delincuente de cuello blanco. Este término se refiere a aquellas personas que, gracias al poder económico que ostentan o a su posición en esferas de poder estatal, cometen conductas delictivas que suelen quedar en la impunidad. Esto ocurre debido a la influencia que ejercen sobre policías, fiscales, jueces y magistrados, quienes, en una actitud genuflexa, subordinan sus criterios y resoluciones a la voluntad y decisiones de los protagonistas de dichos crímenes.

Si bien este fenómeno señala como principales responsables a autoridades que ostentan poder político, convengamos que, desde escenarios de la sociedad civil –específicamente a través de grupos de poder fáctico organizado– también se incurre en conductas que contravienen las disposiciones del Código Penal. La soberanía que estos grupos ostentan es tal, que, sin ejercer necesariamente funciones en el gobierno, la Policía, el Ministerio Público o en cargos de administración de justicia en distintas instancias jerárquicas, incurren en delitos de manera sistemática. Lo hacen con la certeza de que no serán perseguidos penalmente, pues existen condiciones objetivas que garantizan su impunidad.

Estos individuos, generalmente atrincherados en sus organizaciones sindicales, hacen ostentación pública de su poder, incluso en presencia de las cámaras, pavoneándose acerca de su fuerza e influencia. Ellos saben perfectamente que el gobierno controlador absoluto del conjunto de instituciones estatales, de los cuatro poderes del Estado, de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo y otras entidades, los protegerá, así sean parte de grupos coyunturalmente colisionados por otras razones, pero que en el escenario político nunca dejarán de ser sus aliados naturales con quienes disfrutaron por muchos años de los beneficios materiales y privilegios que otorga el poder.

En los últimos días, con preocupación y también con indignación, la ciudadanía observó a dirigentes cocaleros de la región del Chapare expresar criterios rabiosos, pero conscientes, manifestado que no permitirán que se realicen campañas electorales en territorios donde ellos ejercen una soberanía fáctica. Conminaron a salir del lugar a quienes postulen por otros partidos o agrupaciones.

Personas que forman parte de la cúpula de Evo Morales, en su alocución pública frente a cámaras, que se prestan oficiosamente a dar cobertura mediática a esa forma grosera de delinquir, pretenden convencernos a todos los bolivianos que si Bolivia en su conjunto no se subordina a los caprichos inconstitucionales de su jefe, que quiere ser candidato a como dé lugar, la pasaremos muy mal. Nos castigarán con violencia y no permitirán que haya elecciones, menos en la región supuestamente autónoma del Chapare, donde todo tiene que estar autorizado por ellos.

La libertad de locomoción, el derecho a expresar libremente las ideas, el derecho político a ser candidato, a ser elector, a realizar propaganda, por la organización y los candidatos que sean nuestra simpatía, hoy está prohibido de manera dictatorial por la cúpula dirigencial cocalera, frente a la mirada pasiva del Estado. Máxime si una autoridad policial de alto rango informa que se ordenó el repliegue de las fuerzas policiales para preservar la seguridad de sus miembros. O sea, en los hechos, el propio gobierno y sus órganos coercitivos reconocen que el Chapare es una republiqueta infranqueable y le conceden soberanía irregular a sus lideres.

Las inconductas de los susodichos dirigentes no tiene nada de popular, pero sí mucho de delictivo. Para demostrar que su actitud es repudiada por la ciudadanía en el país, tomo como fuente seria de información el sondeo de opinión realizado por Brújula Digital, cuyos resultados nos dice que más del 90%de los consultados pide procesar a quienes amenazan con expulsar a candidatos disidentes a Evo.

En Twitter aconteció similar resultado. El 93,1% de los encuestados opinó que los dirigentes evistas que impulsaron la expulsión deben enfrentar procesos legales.

Una tercera que respalda el criterio asumido en este artículo proviene de Facebook, cuya consulta establece que el 97,2% se pronunció por el enjuiciamiento de los autores de los atropellamientos.

El artículo 123 del Código Penal tipifica el delito de sedición. El artículo 124, condena penalmente el atribuirse los derechos del pueblo. El 126 sanciona la conspiración, el Artículo 130 condena la instigación pública a delinquir. El 131 establece la figura de apología pública del delito. Esto además del delito permanente que se comete en el Chapare, referido a la producción de droga y el narcotráfico.

Pese a que son evidentes los delitos cometidos por la cúpula sindical cocalera y su jefe máximo, Evo Morales, estamos seguros de que todas estas inconductas penales serán premiadas con la impunidad, por voluntad gubernamental. Forma parte de los acuerdos subterráneos, pero efectivos, para protegerse mutuamente y no dañar una subsecuente alianza electoral que, más temprano que tarde, se materializará entre las tres tendencias masistas, a efecto de no perder los privilegios del poder.

Esa es la realidad injusta e indignante, mientras tenemos a gente inocente en la cárcel, producto de la sañuda represión política. Los verdaderos delincuentes hacen gala de su impunidad, demostrando de esta forma una efectiva aplicación de la famosa “Ley del Embudo”:angosta para unos pero ancha para otros.

Confirmada la consigna popular de que la justicia es como las serpientes: sólo muerde a los descalzos. 

Waldo Albarracín fue Defensor del Pueblo y rector de la UMSA.