Ya pasó el proceso electoral y el pueblo boliviano debe sentirse satisfecho, porque desplazó del poder a uno de los regímenes gubernamentales más funestos de las últimas décadas, y lo hizo a través del procedimiento pacífico y democrático, depositando su voto en las urnas y decidiendo quiénes gobernarán el país en los siguientes cinco años. Permitiendo, además, que la ciudadanía pudiera optar entre diversas fórmulas, en una primera vuelta, y viabilizar, en la segunda vuelta, un desenlace definitivo para la configuración del nuevo gobierno.
Se superó el primer paso y lo que viene adelante es responsabilidad de todos. De unos desde las instancias de los cuatro órganos de poder y desde las diversas entidades públicas; otros desde nuestros espacios en la sociedad civil, desde donde debemos contribuir a este proceso de reconstrucción estatal y democrática, sin mezquindades ni afanes individuales, priorizando el interés del conjunto del país.
Hay tareas urgentes e ineludibles para los gobernantes electos están relacionadas expresamente con las medidas económicas que deben adoptarse para poner fin a la crisis, frenar la inflación –que está cerca al 25%– regularizar el abastecimiento de carburantes, reducir el déficit fiscal –que se aproxima al 10% del PIB–, viabilizar créditos, atraer inversiones, generar empleo y otras medidas, orientadas a satisfacer el legítimo derecho de nuestra gente a mejores condiciones de vida.
Pero estas medidas no pueden ni deben estar aisladas del proceso de reconstrucción democrática, en el que debemos involucrarnos todos, porque las estrategias para resolver el problema económico son interdependientes respecto a la importancia de restituir el Estado de Derecho y la consolidación del sistema democrático, así como la importancia de iniciar un serio proceso de reforma del sistema de administración de justicia y de adopción de mecanismos que permitan transparentar el uso y administración de los recursos financieros públicos.
Para cumplir este objetivo es necesario identificar los principales bolsones de mediocridad institucional y humana que nos impiden desarrollarnos como Estado, y que no tienen una causa exclusivamente económica, sino que también obedecen a un origen cultural.
La pregunta es si los gobernantes y congresistas que inician su gestión en noviembre están dispuestos a asumir ese reto. Debo suponer que sí. Más temprano que tarde el pueblo se los exigirá, porque quiere respuestas que marquen un hito en la historia del país.
En las dos etapas del último proceso electoral se advirtió que aún subsisten mediocridades que influyen de manera contundente en la forma de pensar y actuar de los protagonistas políticos.
Escuchamos expresiones aún de tinte racista que afectan la dignidad de los pueblos originarios, pero también, en las dos últimas dos décadas, al amparo del gobierno del MAS, se pretendió reiterativamente cuestionar la ciudadanía de personas solo por llevar apellidos de origen europeo. El racismo y la discriminación se sigue paseando en ambas direcciones, en contra de principios contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra la igualdad, independientemente del origen, raza, nacionalidad, religión o ideología de las personas.
Debemos recordar que, si tuviéramos un sistema judicial idóneo, integrado por apóstoles del derecho y no por magistrados y jueces genuflexos ante el poder político, la ciudadanía no tendría necesidad de movilizarse o bloquear vías para reivindicar derechos eventualmente conculcados, porque acudiría ante un Órgano Judicial independiente que se lo haría respetar.
Hoy eso es imposible, por el grado de subordinación política de la magistratura. Lamentablemente, en este rubro la historia es dolorosa, el mal viene incluso desde gobiernos anteriores al MAS. Mis colegas abogados, para acceder a cargos, tanto en el Órgano Judicial como en la Fiscalía, antes adquirían militancia en el MNR, ADN, el MIR. Posteriormente ingresaron al MAS, porque advirtieron que el único camino expedito para ser fiscal, juez o magistrado, era ese.
Ahí está la razón de la mediocridad del sistema de justicia. Eso es lo que, en adelante, debe cambiar, priorizando la independencia política de estas instituciones.
Similar criterio debe aplicarse en la elección del Contralor General, Defensor del Pueblo, Fiscal General, Procurador, presidente del Banco Central, vocales del Órgano Electoral, entre otras autoridades. La pregunta es recurrente: ¿están dispuestos los nuevos gobernantes a renunciar a la posibilidad fáctica de controlarlo todo desde el Órgano Ejecutivo, como lo hicieron otros gobiernos?
El tiempo lo dirá. Si lo hacen marcarán un hito en la historia política del país y el pueblo sabrá valorarlo. Desde la sociedad civil estaremos atentos a cuanto acontezca, resguardando los derechos e intereses de nuestro pueblo.
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