Se hizo una costumbre, más no puede ser un argumento ideológico, la práctica de delitos de diversa gravedad para justificar objetivos políticos o satisfacer aspiraciones obsesivas de caudillos que, pretendiendo preservar su estadía en el poder, promueven este tipo de inconductas de lesa humanidad.
La Alemania Nazi, autora del exterminio de más de 6 millones de judíos en los campos de concentración y hornos crematorios, constituye un ejemplo emblemático de la práctica de crímenes de lesa humanidad bajo objetivos políticos y de dominio hegemónico, utilizando estrategias diversas para engañar a su pueblo y la comunidad internacional, distorsionando la realidad de los hechos.
Uno de los estrategas siniestros que orientó para justificar estas fechorías fue Joseph Goebbels, el Ministro de Propaganda Nazzi, quien sentenciaba con la frase “miente-miente que algo quedará”.
Para porque este personaje, una mentira suficientemente grande, repetida una y otra vez, se convierte en verdad. Así respaldaban los asesinatos y masacres masivas practicados para encubrir su accionar ante el pueblo alemán.
Desde la otra orilla ideológica causó impacto e indignación en todo el mundo la instalación del Muro de Berlín en 1961 para evitar la fuga masiva de ciudadanos hacia la zona occidental, privándoles de su libertad. Un 17 de agoto de 1962, Peter Fechter, un joven albañil de 18 años, fue acribillado por los soldados del régimen comunista cuando pretendía traspasar el muro en busca de libertad. Agonizó por varias horas sin que nadie pudiera auxiliarlo.
Su muerte indignó al mundo entero y se constituyó en una amenaza contundente para otras personas que se animaran a dejar la Alemania comunista. Es decir, el régimen obligaba a someterse a ese sistema, que tuvo su fin en noviembre de 1989 con la caída del muro.
Después vinieron las dictaduras militares en América Latina de corte fascistoide. Las mismas, con el argumento de combatir el comunismo, practicaron el terrorismo de Estado con miles de desaparecidos, torturados y asesinados.
Priorizaron el objetivo político, sin ignorar el eufemismo utilizado por el ejército norteamericano que denominó “daños colaterales” a las víctimas inocentes de sus misiles lanzados en Medio Oriente.
Similar responsabilidad que las dictaduras de extrema derecha mencionadas, desde el otro lado, la tienen los regímenes autoritarios de Maduro, en Venezuela, Díaz Canel, en Cuba, y de Ortega en Nicaragua.
A fines de diciembre de 2015, el joven Otto Warmbier, estudiante destacado de la Universidad de Virginia, viajó con fines turísticos a Corea del Norte y en enero de 2016 fue detenido, acusado de intentar robar un cartel político del régimen. Fue enjuiciado y condenado a 15 años de trabajos forzados. Nunca mas se supo nada de él hasta que por presión internacional fue liberado en junio de 2017, exponiendo un grave estado de salud con daño cerebral.
Las autoridades coreanas adujeron probable intoxicación alimentaria, empero a su retorno a Estados Unidos, los médicos descartaron esta falacia. El joven falleció en junio de 2017.
Hay muchos testimonios que ponen en evidencia que cuando se trata de priorizar el objetivo político no importa la verdad ni la vida de las personas, menos la justicia y los derechos humanos.
En el momento en que la práctica política es asimilada como una guerra, ya no hay adversarios sino enemigos, y bajo esa lógica los contendores no tienen ningún escrúpulo para combatir al “enemigo” encarcelándolo, torturándolo, haciéndolo desaparecer o, si es posible, exterminarlo.
Al respecto Carl Von Clausewitz, teórico militar prusiano del siglo XIX, afirmaba que “la guerra es la continuidad de la política por otros medios”. Muchos dictadores actuaron y actúan bajo estos criminales procedimientos.
La historia de la política boliviana no está exenta de esta realidad. Los campos de concentración durante los primeros gobiernos del MNR, especialmente contra militantes falangistas; las dictaduras miliares de René Barrientos, Hugo Bánzer (en coordinación con otras dictaduras de la región bajo la línea del “Plan Condor”), el gobierno de Luís García Meza, son ejemplos emblemáticos de esta forma delictiva y abusiva de hacer política al amparo del poder.
La desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores, Gualberto Vega, tras el golpe de julio de 1980 y la masacre del 15 de enero de 1981 de los dirigentes del MIR, son heridas que no terminan de cicatrizar.
Los dictadores no los vieron como adversarios, sino como enemigos. Lo doloroso es que hasta ahora no se ha cambiado esa perversa forma de afrontar la controversia política en nuestro país
En los gobiernos del MAS, tanto de Evo Morles como del saliente Luís Arce, tenemos ejemplos emblemáticos de esta realidad. La masacre en el Hotel Las Américas con el falaz argumento de preservar la unidad de Bolivia, de mató a sangre fría a un grupo de extranjeros.
La masacre de Chaparina en 2011, contra los pueblos indígenas que defendían la integridad de su territorio; los asesinatos cometidos en el gobierno de Luís Arce bajo la nueva modalidad de “suicidio” por la importante y comprometedora información que tenían los “suicidados” evidencian, una vez mas, que la mentira y el delito encubierto desde el poder son su prioridad política, por tanto se debe garantizar su impunidad.
En el caso boliviano, vale la incluir en este acápite los hechos de corrupción que -para Evo y Arce- fueron una necesidad en el contexto del objetivo político.
En esta nueva coyuntura que nos aprestamos a vivir, cabe destacar la importancia de la labor vigilante de la sociedad civil para que el accionar de las autoridades nacionales, regionales y los órganos coercitivos del Estado (Policía, Fuerzas Armadas), magistratura judicial y el conjunto de servidores públicos, contribuyan efectivamente a la construcción de un verdadero Estado democrático, dejando atrás esas prácticas perniciosas que caracterizaron a anteriores gobernantes.
La política debe ser el accionar más altruista que caracterice al ser humano; esto a diferencia de quienes siguen pensando, de manera errónea, que se trata del oficio de los pragmáticos y no de los ángeles.
Sigo pensando que en el ejercicio de los diferentes cargos públicos deben estar los mejores elementos humanos y no los más autoritarios y corruptos.
Waldo Albarracín fue Defensor del Pueblo, presidente de la APDH y rector de la Universidad Mayor de San Andrés.
