Hay un sospechoso embate, desde diferentes flancos, contra la nueva administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e, indirectamente, contra las empresas privadas que operan en su órbita. Prácticamente todos los días aparece una nueva denuncia contra la paraestatal, ya sea porque hubo problemas en la verificación de la calidad de los combustibles o porque se firmaron contratos con supuestos sobreprecios.
Pero en casi todos los casos se trata de verdades a medias o de “investigaciones” que parecen llevar la huella de algunos intereses que giran en torno a los negocios que se pueden hacer con la empresa más grande del Estado.
Sorprende, por ejemplo, que desde un medio con dudosa credibilidad, que en el pasado inmediato entregó su línea editorial a una candidatura política, se haya lanzado una denuncia temeraria, en la que se comparan alegremente contratos de transporte de hidrocarburos suscritos con dos años de diferencia, cuando se sabe que este tipo de acuerdos se cierran con el precio del petróleo del día en que son suscritos, además de considerar otras variables –costos de transporte y financieros, entre otros– que también registran significativas variaciones en el tiempo.
¿Qué es lo que hay detrás de este tipo de denuncias? ¿Por qué generalmente se originan en un solo medio y luego encuentran eco casi inmediato en autoridades, como el vicepresidente del Estado, Edman Lara, que no pierde oportunidad de figurar como un supuesto paladín anticorrupción?
Si uno se pone a pensar, considerando antecedentes e historias varias, podría tratarse de movimientos sospechosos que se dan en el ámbito de la competencia empresarial por empujar al adversario para, eventualmente, ocupar su lugar a través de nuevos procesos de compra o licitación, en los que el desprestigio tenga un peso en las determinaciones que se asuman.
No se trata de defender a YPFB. Es más, nadie metería las manos al fuego por una empresa en la que se manejan y concretan contratos millonarios con cierta periodicidad, en diferentes áreas, y en los que intervienen funcionarios solo conocidos, probablemente, en el ámbito de los hidrocarburos. Pero hay que saber discriminar lo que viene envuelto en algún tipo de interés de lo que realmente obedece a la intención de esclarecer un hecho irregular.
En el caso del combustible contaminado ocurre algo similar. El mismo medio al que se menciona líneas arriba dio cabida a la denuncia de un diputado que mencionó un contrato de $us 8.000 millones suscrito entre YPFB y la argentina Camin Cargo. Luego, el propio conductor de este noticiero dijo que eran solo $us 8 millones y nunca aclaró, pese a que el contrato fue hecho público, que el monto al que ascendía el mismo era inferior al $us 1 millón. De $us 8.000 millones a $us 1 millón, como si nada.
En el mismo tema, según se sabe, el contrato que rige para la verificación fue firmado a principios del año pasado por el gobierno anterior y prorrogado en el actual solo para el mes de enero de 2026. Luego se abrió una nueva licitación, donde el ganador fue el mismo, pero ante la arremetida de las denuncias, YPFB decidió dejarlo sin efecto.
¿Qué pasó con la verificación de calidad? Se dice mucho, pero en realidad se sabe muy poco. Se dijo, primero, que la verificación falló en los tanques de almacenamiento, pero luego se supo que este proceso se realizó solo en cisternas y que YPFB solicitó nada más medio centenar de inspecciones el año pasado, una auténtica minucia si se considera el extraordinario volumen de combustibles importados.
Se dijo que la verificación se realizaba una vez que el combustible ingresaba al país –cosa que es cierta a medias–, pero después se supo, según una publicación reciente, que la verificación de la gasolina y el diésel antes de trasponer la frontera es determinante y que los resultados de la misma indican que la gasolina de un país (Chile) es mucho mejor que la de otros (Paraguay).
Esto no tendría relevancia si no fuera porque la mayor parte de los casos de contaminación o daño en vehículos denunciados viene del oriente boliviano –Santa Cruz y Beni, sobre todo–, donde se comercializa la gasolina paraguaya, cuya verificación en frontera estaría a cargo de otra empresa: Intertek.
Queda claro que no solo hay combustible “sucio”, sino versiones y filtraciones no muy limpias que quieren crear caos para pescar en el río revuelto de los combustibles. Obviamente, cuando se anula una adjudicación, se convoca a otra y ahí los competidores vuelven a verse las caras. ¿Será que aquí existe también la mano negra de una nueva empresa que quiera hacerse cargo de la verificación? Eso está por verse.
El problema de los dichos y los hechos tiene que ver con la falta de claridad en las respuestas o con reacciones que son resultado de un primer impulso y no de un razonamiento estratégico. Este es un tema en el que YPFB y el Gobierno deben trabajar mejor, para que no se diga mucho y se sepa muy poco.
Hernán Terrazas es periodista.
