En cualquier país del mundo se castiga con penas de prisión que una persona salga a la calle y de buenas a primeras dispare un arma al aire, pero en Bolivia se permite hasta ahora que los marchistas mineros hagan uso de la dinamita en plena vía pública para protestar por algo e intimidar a la población que no tiene nada que ver con el tema. No se trata de armas similares, claro, pero ambas pueden ser letales si se manipulan irresponsablemente.
Por increíble que parezca, algunos movimientos sociales reivindican el derecho a bloquear y hacer estallar dinamita donde y cuando les plazca, como parte de sus libertades democráticas y derechos. Aseguran que de no haber sido por los bloqueos no se hubiera recuperado la democracia hace más de cuarenta años y que incluso la derecha, en tiempos de las “pititas”, hizo lo mismo para sacar a Evo Morales del poder.
Resulta que ahora quien quiera limitar estas “libertades” y velar por el mayoritario interés común es un dictador o va camino de serlo y, entonces, ante la más mínima posibilidad de que se establezca un marco normativo o se aplique la ley para castigar estos abusos, salen los defensores, dirigentes sociales y algunos opinadores sobrevivientes del masismo, a reclamar para que, cada tanto, cualquier ciudad vuelva a ser rehén de la aristocracia sindical y sus dinamitazos.
Y, ojo, no se trata de restringir ninguna “libertad” y mucho menos el derecho a la “protesta”, que están consagrados en la Constitución. Lo que se busca simplemente es que la protesta no se convierta en atropello a los derechos y libertades del resto, que no se invoque una supuesta tradición “de lucha”, los “abusos y costumbres”, para defender delitos como el de atentar contra el libre tránsito o la seguridad y la salud de las personas.
Si todos se sintieran en el derecho a bloquear solo porque no están de acuerdo con algo, entonces sería el caos. En democracia el interés general prima sobre el particular, precisamente porque a lo que apunta es al bien común.
No es mala idea que este asunto pueda ser resuelto a través de un referéndum, que someta a consulta ciudadana el proyecto de ley antibloqueos que actualmente se tramita en la Asamblea, antes de que la ley aprobada sea promulgada por el Presidente del Estado. Así, el debate quedará definitivamente zanjado en una dirección u otra y ya no habrá nada que discutir.
Con el tema de la dinamita es otra cosa. Se trata de un explosivo y, por lo tanto, su uso está prohibido por ley, lo que faculta a las autoridades para que puedan detener a quienes violen la norma.
Y en esto se debe actuar sin complejos, para no llegar al extremo de que, en algún momento, quienes sienten vulnerados su derecho a la circulación por los bloqueos y en riesgo su vida por el uso de explosivos, también revindiquen su “libertad” de resolver el problema por su cuenta.
Convivir en democracia supone compartir ciertos valores, sobre todo el del diálogo y el consenso, que prioriza la solución de los conflictos y diferencias por la vía del acuerdo y no de la fuerza. Aunque durante 20 años la “escuela” democrática haya permanecido cerrada, no es tarde para volver a aprender.
Hernán Terrazas es periodista.
