Extrema indignación

La sentencia contra el exministro José Luis Parada y el expresidente del BCB, Guillermo Aponte, ha producido una extrema indignación entre los profesionales economistas que conozco. No voy a comentar mayormente sobre los aspectos jurídicos, que no son mi especialidad, sino sobre las decisiones económicas tomadas en una coyuntura muy difícil.

Como sucede con frecuencia y es la tradición en nuestro país, las resoluciones judiciales ignoran el contexto y aplican la ley como letra muerta, sin mayor reflexión. Los jueces son talmudistas completos. Muy rara vez aplican lo favorable y restringen lo odioso, sabio y antiguo principio jurídico.

La serie coreana de Netflix El sinuoso camino del derecho tiene una frase que deja pensando: la lógica jurídica no es igual a la lógica común. Las exautoridades recién condenadas hicieron lo que cualquier funcionario sensato hubiera hecho. El país confrontaba, como el mundo entero, un shock exógeno de gran magnitud, el de la pandemia del Covid-19.

Casi todos los informes internacionales subrayan que uno de los factores de agravación de la crisis sanitaria y que prolongaba la crisis económica era que los países no estaban equipados para su prevención o tratamiento, y que los gastos de inversión en facilidades médicas para combatirla no se habían hecho oportunamente por falta de recursos.

En el país no había mucho espacio fiscal. Desde el 2015 se venía confrontando déficit en torno al 7,5% del PIB. Se necesitaba recursos y las autoridades hicieron lo que tenía que hacer en ese momento. Accedieron al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI con una operación de intercambio (swap), como reiteradamente lo han explicado expertos y no expertos y como lo reconoció el mismo ministro Montenegro.

El swap no es jurídicamente un crédito; es el intercambio de un activo que tenía Bolivia en el FMI por activos más líquidos, con la obligación de revertir la operación a vencimiento. En el swap se recibían Derechos Especiales de Giro (DEG), convertibles en dólares,  con el pago de una pequeña tasa de interés (1% anual).

El MAS, que pensaba que la crisis sanitaria le ayudaba electoralmente, se opuso al IFR, sacando el argumento de que se necesitaba una autorización congresal para ello. Fue una oposición política que no se compadecía de la penosa situación de nuestros conciudadanos, especialmente de los más pobres.

Se adujo que el FMI impondría pesadas condiciones (lo que no era el caso) y que el IFR sería oneroso porque estaba denominado en DEGs ignorando que se podía calzar las obligaciones en esa unidad de cuenta con los activos que tenía el BCB en esa misma unidad o en las monedas que lo componen, sin pérdida cambiaria alguna.

Es más, poco después de que el BCB devolviera el IFR, pagando 19,6 millones de $us por variaciones cambiarias, según su comunicado de prensa del 17/02/2021, los DEGs se fueron devaluando con relación al dólar, al punto que al vencimiento, el 2025, se hubiese tenido que pagar apenas $us 100 mil más por esas mismas variaciones.

El licenciado José Luis Parada goza de mucha reputación entre los economistas. Lo llaman el profesor Parada. Se destaca su experticia en temas fiscales. Las veces que hablé con él me dio siempre la impresión de una gran sagacidad. Fue un excelente Ministro de Economía y Finanzas Públicas, aunque por poco tiempo.

Al licenciado Guillermo Aponte lo conozco bien y tengo el máximo respeto por su honestidad y sus conocimientos. Presidió muy competentemente el mejor directorio del BCB de los últimos 20 años. En 2021 ,cuando presenté mi libro de política monetaria, los comentarios de Aponte (hechos por Zoom) fueron muy pertinentes. Aprovechó la ocasión para explicar a una audiencia internacional las medidas acertadas de política monetaria que había tomado el BCB en tiempos de pandemia.

Con la injusta sentencia judicial el país pierde capital humano, además de prestigio. Ahora la sentencia se suma a la devolución inoportuna del IFR al FMI, causando aún un mayor descrédito, además en un mal momento, cuando el país necesitará del FMI.

Juan Antonio Morales es PhD en economía y fue presidente del Banco Central de Bolivia.