Estado de derecho: Mantengamos viva la discusión

El martes 9 de enero el presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 111 con el que se declaró al Ecuador en conflicto armado interno, reconociendo como terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada y disponiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para neutralizarlos. Pocas horas después, el miércoles 10 de enero, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución de respaldo a la decisión. Es la primera vez que en ese espacio se logra unidad y acuerdo en algún tema.

Transcurridos 40 días, el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía se enorgullecen de haber realizado cerca de 100.000 operativos y detenido a más de 7.000 personas, de los cuales 300 han sido vinculadas a las organizaciones terroristas identificadas. Si el ritmo de operativos continúa, al final del estado de excepción, que tiene una vigencia de 60 días, se habrá detenido a cerca de 10.000 personas. ¿Quiénes son los detenidos que no son vinculados al crimen organizado? ¿Cómo se procesan sus casos en lo judicial? surge una lista larga de preguntas que aún no encuentran respuesta.

Tras dos meses de gestión, el presidente Noboa cuenta con una valoración positiva del 80%. El joven tímido que habló poco durante la campaña electoral y se distanció del enfrentamiento entre correístas y anticorreístas, sorprendiendo en segunda vuelta con un triunfo no previsto, se ha convertido en el líder fuerte, capaz de aplicar la “mano dura” y enfrentar al crimen organizado: “me tienen y me tendrán defendiendo la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría” dijo en un evento en Manabí el 15 de febrero.

Hasta el 9 de enero, el debate público giraba en torno a las diferentes opciones y estrategias más convenientes para luchar contra el crimen organizado y depurar el Estado de la narcopolítica que lo invade y cuya radiografía se expone con precisión en el caso Metástasis presentado por la fiscal general Diana Salazar. En reuniones de familia o amigos, sobremesas o charlas de café, y hasta breves encuentros esporádicos, hablábamos del tema, y por supuesto, también en espacios previstos para la discusión como la academia, los medios de comunicación y las redes. Algunos soñaban con que Daniel Noboa se convirtiera en un Bukele a la “ecuatoriana”, otros veían en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de “Abrazos y no balazos” una mejor opción, y había quienes hablaban de la importancia de las reformas estructurales de largo plazo o de la legalización de las drogas como una tarea pendiente en la comunidad internacional. Pero algo ocurrió, y de manera súbita, murió la discusión. Hoy tenemos “mano dura”, sólo podemos confiar en las Fuerzas Armadas y la Policía y únicamente el presidente puede llevarnos a la paz, triunfando sobre el crimen organizado.

En El Salvador acaba de ser reelegido Nayib Bukele con el 82% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente reelecto de manera consecutiva ya que la Constitución lo prohíbe. Sin embargo, su popularidad le permitió interpretar la carta magna con el apoyo de una institucionalidad hecha a su medida: “Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo qué vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible, seguiremos demostrando al mundo el ejemplo de El Salvador”, fueron las palabras que pronunció cuando ganó la elección. Durante la última campaña electoral no se habló sobre el modelo vigente ni se plantearon alternativas que puedan acompañar con medidas de más largo aliento y de nivel estructural, a la “mano dura”.

En Ecuador, nos resistimos a vivir el horror, la violencia y la muerte provocadas por el crimen organizado, y ansiamos recuperar el Estado y liberarlo de la narcopolítica. ¿Es posible vivir en paz y en democracia al mismo tiempo? La respuesta en Ecuador la iremos descubriendo con el tiempo siempre y cuando mantengamos viva la discusión.