El golpe del 17 de julio de 1980 contra la dignidad de un pueblo

El 17 de julio se convirtió en una fecha emblemática en el marco de la historia política de los bolivianos, fundamentalmente porque nos retrotrae al acontecimiento fatídico del golpe militar acaecido en esa fecha en el año 1980, cuando paramilitares al servicio de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, cerca del mediodía, como parte del operativo y plan golpista, asaltaron las instalaciones de la Central Obrera Boliviana.

Metralleta en mano tomaron presos a patriotas que se encontraban al interior de la sede de la referida organización sindical, para apresar a los integrantes del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), entidad presidida por la COB. Efectuaron disparos e hirieron de muerte al líder del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz y se llevaron al resto a las caballerizas del Estado Mayor para someterlos a inhumanas sesiones de tortura.

La consecuencia de ese operativo armado es la desaparición hasta hoy de tres patriotas: Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura, a quienes rindo mi homenaje.

Simultáneamente a este episodio, la cúpula militar invadía el Palacio Quemado para defenestrar del gobierno a Lidia Gueiler Tejada e imponer como presidente de facto al general Luís García Meza, con un ministro del terror, Luís Arce Gómez, artífice de la implementación del terrorismo de Estado en el país. De esta forma se protagonizó una de las etapas más siniestras en la historia política de Bolivia.

Transcurrieron 45 años desde entonces y el viacrucis sufrido por el pueblo boliviano por efecto de la dictadura de García Meza y Arce Gómez marcó huella profunda en el país, por la cantidad de gente asesinada, la práctica del genocidio, como en el caso de las víctimas de la calle Harrington, el 15 de enero de 1981, y la masacre de Caracoles contra trabajadores mineros.

Muchos crímenes de lesa humanidad que quedaron en la impunidad, no obstante, el Juicio de Responsabilidades instaurado contra los principales responsables años después y la respectiva sentencia condenatoria. No fue suficiente porque no todos los autores materiales e intelectuales de estos crímenes fueron enjuiciados. Sin embargo, queda el antecedente positivo de que el pueblo boliviano, dignamente representado por entidades valiosas por entonces, como la Central Obrera Boliviana (moralmente superior a la actual), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Desaparecidos, entre otros, como parte civil en dicho juicio, lograron que se dicte una sentencia condenatoria contra los militares y paramilitares que protagonizaron los hechos delictivos tipificados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad.

Dos años después expiró el régimen de facto y en octubre de 1982 retornó la democracia al país, gracias a la lucha incansable del pueblo boliviano que nunca se rindió. Dimos el salto cualitativo de la fuerza inmoral de las botas a la legitimidad de los votos. Empero, subsistió la responsabilidad de la sociedad política, que nunca estuvo a la altura de las aspiraciones del pueblo e hizo muy poco para promover un verdadero proceso de desarrollo democrático, sin que ello signifique desconocer puntuales pero insuficientes avances ante la legítima aspiración de un país que quiere vivir bajo un Estado de derecho.

La involución democrática se profundizó con la llegada al poder, el año 2006, irónicamente por la vía de las urnas, de uno de los presidentes más nefastos que tuvo Bolivia: me refiero a Evo Morales. Morales utilizó esta calificación con absoluta objetividad. Basado en las características particulares de un personaje incapaz de redactar dos párrafos por su propia inspiración, de vocación autoritaria, intolerante, corrupto sin límites, de discurso izquierdista, pero de procedimientos derechistas y fascistoides en su relación con los adversarios políticos, llegó al extremo de ser autor de crímenes de lesa humanidad que, obviamente, están impunes. De supuesta defensa de los marginados, Evo gozó de un nivel de vida y de consumo similar al de los ricos de la sociedad occidental.

El cuestionamiento a la dictadura militar de Luis García Meza por parte de la comunidad internacional fue unánime y contundente, especialmente por su vinculación al narcotráfico. Sin embargo, tanto el régimen de Evo como el actual de Luís Arce Catacora, que exponen marcadas similitudes con la cuestionada dictadura militar, encontraron espacios de permisibilidad en los foros internacionales. Sólo se mira de reojo la existencia de casi tres centenares de presos políticos, incluida una expresidenta constitucional. Se es permisivo con los crímenes de lesa humanidad cometidos, no se cuestiona la ausencia absoluta de independencia de poderes, ni se observa la peligrosa situación de indefensión ciudadana, a la que está sometido el pueblo boliviano, con jueces y fiscales genuflexos, subordinados al poder político y una ostensible relación con el narcotráfico.

Hay una deuda pendiente del Estado boliviano respecto a los crímenes cometidos en la dictadura de García Meza. Me refiero al incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que conmina a adoptar medidas efectivas para esclarecer la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal y dar con el paradero del referido ciudadano. Lamentablemente, tanto los gobiernos de Evo Morales como el de Luis Arce desobedecieron tan importante fallo emitido por dicho tribunal. Pero la democracia y la dignidad del pueblo boliviano están por encima de las miserias humanas que exponen los protagonistas políticos, y es bajo esa consigna que debemos seguir luchando.

Waldo Albarracín es abogado fue Defensor del Pueblo y rector de la UMSA.