El 50/50 es una propuesta del gobierno de Rodrigo Paz para la distribución de los recursos del Estado entre los gobiernos del país. Actualmente el gobierno central maneja el 87 % de todo el dinero del Estado, distribuyéndose únicamente el 13 % entre los 353 gobiernos autónomos y 12 universidades estatales (PGE, 2025). El Gobierno de Paz plantea bajar ese porcentaje al 50 % en favor esos gobiernos subnacionales.
Sin embargo, la Constitución ya establece la forma en que debe distribuirse los recursos entre los gobiernos; dice que esto debe ser proporcional: 1) con las necesidades territoriales de calidad de vida; 2) con la carga de competencias asignadas a las tres escalas de gobierno y; 3) con la capacidad recaudatoria de los gobiernos (arts. 316.7, 306.V, 313, 305 y 323.I).
Siendo así, el 50/50 es una propuesta arbitraria, dado que carece de un fundamento sustentado en la Constitución. Este mismo error ya fue cometido en 2017 por el entonces gobernador de Santa Cruz Rubén Costas. Parecería que se recogió esa propuesta para nuevamente plantearla en la campaña electoral de las presidenciales de 2025.
Dado que los políticos y gobernantes están obligados a sujetarse a lo que manda la Constitución, debiera adecuarse la propuesta del 50/50 a lo que dice esta norma suprema. De hacerlo, muy probablemente superaría el 50 % en favor de los gobiernos autónomos, dado que el gobierno central no tiene asignado más del 50 % de las competencias ni las necesidades de su tuición son mayores a los que compete a los gobiernos subnacionales.
El 50/50, por tanto, no se trata de una cesión del gobierno central en favor de los gobiernos subnacionales; no es una acción política altruista como al parecer pretende hacerlo ver. El gobierno central está obligado por la Constitución a superar la forma de distribución de los recursos por población, para hacerlo de forma proporcional con las necesidades, competencias y capacidad de recaudación.
El hecho de que mucha gente y muchos gobiernos subnacionales acepten la propuesta del 50/50 debe ser asumida únicamente como una muestra de su predisposición y apoyo al gobierno de Rodrigo Paz o como una muestra de voluntad política para avanzar en la compatibilización constitucional de la distribución de recursos. Y no como una legitimación del 50/50, ya que, al haberse la Constitución aprobado por voto universal, el mandato de la ciudadanía es la proporcionalidad antes mencionada.
Por otro lado, el gobierno central no es el padre protector o tutor de los gobiernos subnacionales. No puede actuar como si estos fueran hijos irresponsables que malgastarán los recursos que se les dé, por lo que debe condicionarse la entrega de mayores recursos. En todo caso, todos los gobiernos, incluyendo el gobierno central deben estar condicionados a ciertas reglas que garantice un uso responsable de los recursos, ya que el escaso compromiso no está en las instituciones de gobierno, sino en la gente que las administra, sea donde sea.
Por último, el mandato para el pacto fiscal (Ley 031, art. 129.II.1 y Disp. Trans. 17), implica un acuerdo nacional –no solo entre los gobiernos, sino también con la ciudadanía– sobre la política fiscal (CPE, arts. 321-325). Esto comprende tres componentes: 1) la política sobre la generación de recursos, 2) la política sobre la distribución de recursos entre los gobiernos para financiar la gestión pública y 3) la política sobre el uso responsable de esos recursos, de modo que se garantice su inversión en la mejora o conservación de la calidad de vida en el país, desde las cuatro escalas territoriales de gobierno.
En ese entendido, el 50/50 es parte de la política fiscal y, por tanto, parte del cumplimiento del mandato para el pacto fiscal, cuyo resultado debe ser establecido mediante una ley nacional (Ley 031, art. 114.VII) y no con un decreto. A quien corresponde el proceso de discusión del tema, por tanto, es sobre todo a la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas conjuntamente la Comisión Mixta de Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no así al Órgano Ejecutivo.
Carlos Bellott es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.
