Los vocales electorales en ejercicio designados por el anterior presidente (uno nacional y nueve departamentales), al igual que los nombrados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), concluyen sus funciones el 18 de diciembre. Eso porque, indistintamente de la fecha en que hayan sido designados, según la Ley del Órgano Electoral (OEP), las funciones de los vocales finalizan con el vencimiento del período (CPE, art. 206.II; Ley 018, art. 20.1). Por lo mismo, corresponde la designación presidencial de vocales para el nuevo periodo (2025 - 2031).
Sin embargo, el presidente del Estado no puede designar a cualquier persona, arbitrariamente, como vocal electoral. Debe cumplir lo que dice la Constitución: “La elección de los miembros del OEP requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad y méritos a través de concurso público” (art. 206.IV). Esto no rige únicamente para los vocales designados por la ALP, sino para todos, incluyendo a los designados por el presidente. No cumplir con esto, por tanto, llevaría a incurrir en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes (Código Penal, art. 153), pues existiría una contradicción directa con la norma suprema.
Para cumplir la obligatoriedad constitucional y no realizar otro proceso de convocatoria y selección, dado que ya no hay tiempo para eso, la mejor opción es que el presidente Rodrigo Paz escoja a una persona de entre todas las evaluadas y seleccionadas por la ALP, y la designe como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como ya algunas legisladoras han propuesto.
Lo propio debe hacerse con los nueve vocales de los tribunales electorales departamentales (TED): el presidente podría escoger de entre las personas seleccionadas por las respectivas asambleas departamentales. Si ninguna convence, podría incluso optar por nombrar de entre las seleccionadas para el TSE que provengan del departamento para el que se debe designar.
Uno de los cambios que debe evidenciar el presidente Paz en su gobierno es su compromiso con la institucionalidad democrática, lo cual implica, sobre todo, mostrar su sometimiento a la Constitución. Los anteriores presidentes no sólo no actuaron así en muchas ocasiones y cometieron abuso de poder con sus decisiones arbitrarias, como en el caso de la designación de vocales electorales, sino que perpetraron delitos.
Pareciera que incluso lo hicieron estando conscientes de eso, sabiendo que no serían juzgados al ser el juicio de responsabilidades la única vía para aquello, porque contaban, como ahora, con una mayoría parlamentaria en su favor que imposibilitaría ese proceso. Este tipo de comportamientos no debe repetirse. Al menos no, si se desea mostrar un cambio.
Carlos Bellott Constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.
